PROPAZ
Movimiento Merideño
en Pro de la Paz
"...Haremos la PAZ, que es la victoria más completa que podemos obtener contra los enemigos."
Simón Bolívar
Entre los años 2002 y 2008 oficiales
colombianos de los más altos rangos estuvieron involucrados en los
asesinatos de más de 3.500 civiles con el objetivo de hacer pasar los
muertos por bajas en las filas de las FARC, según el informe que acaba
de publicar Human Rights Watch (HRW) resumiendo el caso de los llamados
'falsos positivos'.
Hay “amplias evidencias” que sugieren
que coroneles y generales del Ejército colombiano “sabían o deberían
haber sabido” de los ‘falsos positivos’ e incluso “podrían haberlos
ordenado”, reporta la organización.
“Los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las
ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han
ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los
actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”,
denuncia José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights
Watch.
En Colombia, se llama ‘falsos positivos’
a los civiles que fueron engañados por militares con promesas falsas de
trabajo y movilizados a áreas recónditas del país donde les ejecutaban
en masa para contabilizarlos luego como bajas de la guerrilla en
combate. Desde que hace siete años estalló el escándalo de las
ejecuciones extrajudiciales, las condenas ya dictadas han recaído en su mayoría sobre soldados y oficiales de bajo rango.
Según subraya la entidad, los fiscales
colombianos han logrado identificar a, al menos, 180 batallones y otras
unidades tácticas que habrían podido realizar las ejecuciones, pero
tienen dificultades para avanzar en las investigaciones. No solo no
pueden acceder a información militar, sino que numerosos casos siguen
siendo manejados por la Justicia Penal Militar, por
lo que “prácticamente se garantiza la impunidad” de los culpables,
comenta Vivanco.
Según él, varios oficiales que han
declarado contra sus superiores sufren represalias. “El Gobierno
colombiano debería ordenar a las autoridades militares que cooperen con
las investigaciones, asignar suficientes fiscales a los casos y
garantizar protección a los testigos y sus familias”, concluye HRW, que
pide también a Washington, que está colaborando militarmente con
Colombia, que exija explicaciones a su aliado.
El informe de Human Rights Watch “está
vinculado de una manera indirecta” con las negociaciones de paz con las
FARC, sugirió ante RT el periodista Alfredo Molano. “Este informe
inclusive facilitaría una posición más flexible por parte de la
guerrilla con relación a la justicia”, comentó.
Caracas, junio 25 - La activista, defensora de los derechos humanos y
exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, ofreció una rueda de prensa junto
al Comité Internacional de la Reivindicación de la Cultura
Afromericana, el actor Danny Glover, y la diputada ecuatoriana Alexandra
Ocles, para celebrar el homenaje brindado este miércoles al prócer
independentista de Venezuela, Pedro Camejo.
Piedad Córdoba, hizo referencia a la reivindicación del prócer de la
independencia Venezolana, Pedro Camejo, como un hecho que que “hoy abre
una página histórica” y que “ha permitido que los afrodescendientes
elevemos nuestra dignidad”, afirmó.
“Para los latinoamericanos es supremamente importante asistir a un hecho
que va a dar cuenta de lo que ha sido el aporte de la afrodesendencia a
las luchas latinoamericanas”, que salda la “deuda histórica con hombres
y mujeres afrodescedenites”, dijo Córdoba.
Informó que después del 6 de diciembre, una comisión preparatoria
denominada “El acuerdo de Caracas”, se reunirá para llevar a cabo una
asamblea continental, durante los tres primeros meses del 2016, para
visibilizar un plan de acción en torno a la “Agenda de Otavalo”.
Enfantizó en la intención de crear una gran comisión de
afrodescendientes de las Américas, que se reúna en la mesa de La Habana,
y participe en el diálogo de paz con las Farc-EP: “para exigir el cese
bilateral de fuegos y el logro de acuerdos que lleven a la paz en
Colombia. La paz en Colombia es la paz en la región”, acotó.
De varios disparos en la cabeza fue
asesinado el jefe de escoltas y asistente personal del diputado Freddy
Bernal, lamentable hecho que ocurrió en horas de la noche de este
miércoles en Caracas.
Según la versión preliminar del fatal
evento, Maiker José Vásquez Caraballo de 39 años de edad, conducía un
vehículo, acompañado de su esposa, cuando fue interceptado a la altura
del puente de La Yaguara por cinco sujetos no identificados.
Estas personas portaban chalecos
antibalas y armas de fuego de alta potencia, obligaron a Vásquez
Caraballo a descender del carro momento en el cual le propinan varios
disparos en la cabeza provocándole la muerte en el lugar.
De acuerdo a lo que publica el sitio web
Globovisión.com los chalecos antibalas de los homicidas tenían las
siglas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC)
Al lugar del hecho se trasladaron
comisiones del CICPC, Sebin, Policaracas, PNB y el propio Freddy Bernal
acompañado del subdirector del cuerpo detectivesco, Comisario Douglas
Rico.
En horas de la mañana de este jueves el
diputado Bernal lamentó los hechos y escribió a través de su cuenta
personal @FreddyBernal, que "Supervisaré directamente las
investigaciones... Buscaremos a los culpables hasta debajo de las
piedras".
También se lee: "Maicker Vázquez hijo d la vida, agradezco tu lealtad incondicional y amistad siempre demostrada, Dios te guíe".
No es para él un honor, sino el sinónimo de una condena.
El
sargento Carlos Eduardo Mora ha sido el primero -y hasta hoy el único-
miembro de las fuerzas armadas de Colombia que obtuvo a su favor una
medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Él está seguro de que en algún momento lo van a matar (ver video que acompaña a esta nota).
Es
un temor compartido por la CIDH, que en octubre de 2013 le solicitó al
gobierno de Colombia que ofreciera protección para "preservar la vida y
la integridad personal" de Mora y su núcleo familiar.
"Mucha gente lo tomó como la confirmación de que yo era un traidor", le dijo el militar a BBC Mundo.
¿Qué hizo Mora?
A
fines de 2008 se presentó ante la Justicia para dar cuenta de lo que
sabía acerca de las ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país
como "falsos positivos" y todavía sigue colaborando con procesos
abiertos a soldados y oficiales.
Para mostrar "resultados"
En
esta práctica, soldados y oficiales, presionados por sus superiores
para mostrar resultados "positivos" en la lucha contra la guerrilla y la
delincuencia, llevaban por la fuerza o citaban en lugares remotos, con
promesas falsas -como ofertas de empleo-, a sus víctimas.
Luego las asesinaban y las hacían aparecer como combatientes enemigos, colocándoles armas o vistiéndolas con ropas militares.
Cuando la existencia de los casos de falsos
positivos se difundió en 2008, hubo protestas en varias partes del país.
Además de ser usados para
demostrar "resultados", estos falsos positivos les daban a los militares
que los ejecutaban ciertos beneficios, como vacaciones.
Hasta el
momento hay más de 800 miembros del Ejército condenados por ejecuciones
extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008, los años en los que se
concentra el mayor número de casos conocidos de falsos positivos.
Aunque
hay algunos excomandantes de batallones y otras unidades presos por
estos actos, en su mayoría los condenados son soldados de rangos
inferiores.
16 generales investigados
Mora,
al igual que otros testigos, está ayudando a la Fiscalía a excavar
hacia arriba esa sólida montaña que es la estructura militar colombiana,
a la que la Justicia puede acceder desde la base, pero cuyas partes más
altas se le hacen más difíciles de alcanzar.
De esa aparente
impenetrabilidad da cuenta un informe presentado este miércoles por la
organización internacional Human Rights Watch (HRW), en el que expone
por qué considera que hubo responsabilidad por parte de generales y
coroneles en los casos de falsos positivos y cuáles parecen ser los
impedimentos para que sean llevados ante la Justicia.
El reporte
señala que en Colombia hay investigaciones abiertas contra 16 generales
del Ejército activos y retirados, pero ninguno ha sido acusado
formalmente.
“Los falsos positivos representan uno de los
episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio
occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que
altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos
atroces”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división
de las Américas de Human Rights Watch.
HRW asegura que comandantes de
las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de
ejecuciones al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos.
"Human
Rights Watch examinó transcripciones o grabaciones de testimonios
prestados a la Fiscalía", dice el informe, "en los cuales se acusa de
manera directa a varios militares que eran entonces comandantes de
división, al entonces jefe del Comando Conjunto del Caribe, General (r)
González Peña, y al entonces comandante del Ejército Nacional, el
General (r) Mario Montoya, de haber tenido conocimiento de falsos
positivos, o de haberlos planificado o intentado facilitar su comisión,
mientras ocuparon estos cargos".
Eso los haría, según la organización, penalmente imputables.
La responsabilidad puede llegar aún más lejos.
En
un reporte interino sobre Colombia, de 2012, la Corte Penal
Internacional (CPI) asegura que "existen bases razonables para creer que
(los falsos positivos) fueron cometidos en virtud de una política
adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas dentro de las fuerzas
armadas".
De acuerdo con la CPI podría incluso considerarse una
política de estado, ya que las mismas, de acuerdo con el organismo, no
necesariamente deben ser concebidas al más alto nivel de la maquinaria
estatal.
Brigada Móvil 15
HRW analizó 11 brigadas, algunos de cuyos comandantes luego ascendieron en la cadena de mando militar.
"Sus
posiciones jerárquicas en el momento de los delitos incluían las de
comandantes de batallones, brigadas y divisiones, así como un comandante
del Ejército Nacional", indica el reporte.
Una de las unidades
analizadas por HRW era la Brigada Móvil 15, que operaba en el
departamento de Norte de Santander, bajo la 2ª división del Ejército, a
la que el sargento Carlos Eduardo Mora llegó desde su fundación, en
2006.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está
investigando 38 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas
entre 2006 y 2008 por esa brigada, según HRW.
Mora ha sido clave en las investigaciones que se realizaron y realizan sobre lo ocurrido allí.
En 2007, el entonces cabo formaba parte del área de inteligencia de esa unidad.
Le
contó a BBC Mundo que al empezar a notar actividades sospechosas
intentó, sin éxito, levantar la voz de alarma con algunos de sus
superiores.
Fue amenazado y terminó siendo trasladado a Bogotá.
Antes
de partir, asegura que los coroneles le dijeron: "Si llega a contar lo
que pasó y lo que vivió acá en Ocaña y lo que usted sabe, le matamos a
su familia".
Soacha
Ya en la capital, una noticia lo llevó a volver a intentar contar lo que sabía.
En octubre de 2008 se hallaron en Ocaña, Norte de Santander, 17 cuerpos vestidos con ropas militares.
Eran
muchachos de bajos recursos que vivían en la municipalidad de Soacha,
vecina de Bogotá, a los que les habían ofrecido empleos cerca de la
frontera con Venezuela.
Las víctimas de falsos positivos pertenecían generalmente a sectores de bajos recursos.
Al llegar allí, miembros de la Brigada Móvil 15 los mataron.
Ante
esos hechos, el gobierno pasó a retiro a tres generales del Ejército y a
los coroneles Rubén Darío Castro, entonces comandante de la brigada,
Jesús Rincón Amado, jefe de operaciones de la brigada, y Santiago
Herrera Fajardo, quien estaba en ese momento trabajando con el general
Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército Nacional.
En total el gobierno retiró del servicio a 27 miembros del ejército.
El general Montoya renunció.
Condenas e investigaciones
A
finales de 2008, el sargento Mora llegó hasta la oficina del entonces
director de inteligencia del Ejército, el general Ricardo Hernando Díaz
Torres.
Según Mora, tras contarle lo que sabía, Díaz Torres se
comunicó con el comandante de las fuerzas militares y luego llamaron al
ministro de Defensa, que en ese entonces era el actual presidente Juan
Manuel Santos.
Le dieron la orden de ir a radicar la denuncia al día siguiente a la Fiscalía ya la Procuraduría, dice el sargento.
La
evidencia que brindó hasta ahora permitió a los fiscales conseguir las
condenas de un teniente coronel y varios otros oficiales y soldados.
La Brigada Móvil 15, en la que se desempeñaba Mora, fue cerrada a comienzos de 2009.
De
los oficiales que operaban en esa unidad, Santiago Herrera Fajardo está
procesado; y Jesús Rincón Amado fue condenado en marzo de 2014 a 35
años de cárcel por el homicidio en abril de 2007 de un un motociclista,
quien fue presentado como baja en combate.
Este martes, la
Fiscalía anunció que citó a declarar al excomandante del Ejército
Nacional, Mario Montoya Uribe, junto a otros tres generales, en el marco
de investigaciones por falsos positivos.
Montoya Uribe había
estado al mando de la Brigada 4 entre fines de 2001 y fines de 2003,
período en el que según HRW, "al menos 44 presuntas ejecuciones
extrajudiciales (fueron) perpetradas por soldados (de esa unidad)".
Según
la información que HRW obtuvo de la Fiscalía de Colombia, se están
también investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales las
brigadas dirigidas por el general retirado Óscar González Peña, y los
generales en activo Juan Pablo Rodríguez Barragán (hoy es comandante
general de las fuerzas militares) y Jaime Lasprilla Villamizar (actual
comandante del Ejército).
Respaldo del presidente Santos
Sobre
el señalamiento a Rodríguez Barragán y Lasprilla Villamizar, el
presidente Juan Manuel Santos dijo este miércoles en un acto ante las
Fuerzas Armadas que estos le "mostraron las respuestas de la Fiscalía y
la Procuraduría (...) no hay una sola investigación en contra de estos
altos oficiales".
"Que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución", dijo Santos.
"Entonces que no vengan a señalarlos y a causarles un daño enorme sin ninguna justificación, sin ninguna documentación", agregó.
BBC
Mundo tuvo acceso a documentos de la Fiscalía que aseguran que esos dos
generales no tienen condenas, antecedentes, ni órdenes de captura, pero
no dicen nada respecto a la inexistencia de investigaciones (eso no
quita que haya otros documentos que así lo demuestren, pero BBC Mundo no
los conoce).
Santos también dijo: "Si hay ejemplos, como hay en
cualquier institución, que hayan cometido errores, son las propias
fuerzas las más interesadas en que se haga justicia".
"Que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución".
Amenazas
Desde el momento en que empezó a colaborar con la Justicia, Mora dice que comenzó a recibir nuevas amenazas e intimidaciones.
Según
HRW, las amenazas y ataques a testigos constituyen uno de varios
obstáculos a los que se enfrentan las investigaciones de falsos
positivos.
El director de Derechos Humanos del ministerio de
Defensa, teniente coronel Carlos Javier Soler Parra, le dijo a BBC Mundo
que en respuesta a esta situación hace dos años se estableció un
esquema de protección para militares que actúan como testigos en estos
casos.
"Estamos respondiendo por su vida y estamos dando todas las garantías de protección para que puedan seguir aportando al tema".
____________________
Otros testigos afectados
Los
tres primeros casos aparecen en el reporte de HRW, el último fue
referido a BBC Mundo por el sargento Mora y ha sido registrado por
medios colombianos. Nixon de Jesús Cárcamo El
27 de octubre de 2014 Nixon de Jesús Cárcamo apareció muerto en el
centro de detención del Ejército de la 11ª Brigada de Montería,
departamento de Córdoba, donde estaba detenido por cargos de falsos
positivos y por los que daba testimonio sobre el supuesto rol de
oficiales y soldados en ejecuciones extrajudiciales. Once
días antes de su muerte le había dicho a los fiscales que temía por su
vida, que había rumores en el centro de detención de que peligraba su
vida por cooperarar con la justicia. Dijo que si algo le pasaba hacía
responsables a quienes estaba acusando. Esposa de testigo violada "Hay
evidencias serias" de que en 2013, hombre no identificaron violaron a
la mujer de un soldado, en represalia por el testimonio del soldado en
contra de un coronel del ejército, dice HRW. Ella contó que durante la
violación los asaltantes la llamaban la esposa del "sapo". Ataque en Soacha El
12 de agosto de 2012, en Soacha, mataron a tiros a Jhon Fredy Garcés,
un testigo que había dado testimonio a los fiscales sobre un caso de
falso positivo en una unidad militar en la que sirvió como guía civil. Alexander Rodríguez A
finales de 2007 Alexander Rodríguez, también, como Mora, de la Brigada
Móvil 15 de Norte de Santander, denunció lo que creía eran falsos
positivos. "Lo echaron como un perro", dijo Mora. Luego fue detenido, acusado de un supuesto delito de extorsión. ____________________
Otro es la falta de cooperación por parte de los organismos castrenses.
En
una nota escrita, el Ejército le dijo a BBC Mundo que ha "dispuesto
unos equipos de trabajo que tienen como objetivo brindar el apoyo en
cada uno de los requerimientos que (la Fiscalía General de la Nación y
la Procuraduría General de la Nación realicen sobre) información
relacionada con el personal militar vinculado a las investigaciones y
con ello agilizar las mismas".
"Somos los primeros interesados en
que se aclaren los hechos y se asuman las responsabilidades individuales
por los mismos", agrega el texto.
Sin embargo, HRW señala que
"los fiscales a cargo de casos de falsos positivos indican que, con
frecuencia, miembros del Ejército interponen obstáculos al acceso a
archivos que son cruciales para sus investigaciones".
Por otra
parte, la organización cuestiona el hecho de que haya casos de
ejecuciones extrajudiciales bajo la jurisdicción de la Justicia Militar
Penal, que "tradicionalmente (...) ha garantizado la impunidad para
estos delitos, y hasta hoy carece de independencia y credibilidad".
El sargento Mora ya no ejerce las tareas de inteligencia para las que fue formado.
Y el organismo cree que dentro
mismo de la Fiscalía se han dado problemas de organización y
distribución del trabajo que han ralentizado las investigaciones.
Aun
con esas limitaciones, la Fiscalía continúa investigando al menos 3.700
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la órbita de más de 180
batallones y otras unidades tácticas, según HRW.
El director de
Derechos Humanos del ministerio de Defensa, teniente coronel Carlos
Javier Soler Parra, le dijo a BBC Mundo que se ha sentenciado a algunos
militares de forma injusta.
Dijo que a su entender hay al menos
cuatro casos de suboficiales o soldados -no de oficiales- condenados
indebidamente por falsos positivos.
Unidad administrativa
El sargento Mora continúa colaborando con la Fiscalía en procesos de falsos positivos.
Ya no ejerce las tareas de inteligencia para las que fue formado.
Se encuentra ahora trabajando en una unidad administrativa en Bogotá.
Y aguarda con certeza y un cierto estoicismo no falto de temor el momento en que sus enemigos finalmente den con él.
_____________ Nota:
La versión original de este artículo no incluía las declaraciones de
Juan Manuel Santos, que fueron incorporadas tan pronto como se dieron a
conocer.
Alfredo Romero y su ONG Foro Penal, usaron la muerte de la periodista Adriana Urquiola como bandera en contra del Gobierno Bolivariano, mientras asesoraban legalmente al imputado por su asesinato, Yonni Bolívar.
En los tuits de la cuenta oficial de
Foro Penal, se lanzó una campaña mensual, donde los días 23 de cada mes
se recordaba la fecha del asesinato de Adriana Urquiola, con un banner
que contenía la foto en vida de la periodista más una frase de Alfredo
Romero, exigiendo “justicia y respeto a los Derechos Humanos”:
Cabe destacar que todos estos tuits fueron republicados por Alfredo Romero y Alonso Medina Roa, directores de Foro Penal.
Este es un acto desfachatez demagógica,
ya que un miembro reconocido de su ONG, Leopoldo D’Alta, era quien
asesoraba legalmente a Yonni Bolívar, el asesino de Adriana Urquiola.
Por EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS / Presos Políticos, Prisioneros Políticos y de Guerra - Penitenciaria de Popayán Cauca// Nota Introductoria por OjosparalaPazColombia
Hay
en Colombia más de 9.500 presos y presas políticas, sufren tortura y
negación de asistencia médica como manera de empujarlos a la muerte,
malviven en condiciones de hacinamiento inhumanas.
El
Estado colombiano encarcela a sindicalistas, documentalistas,
estudiantes, artistas, campesinos, maestros, luchadores sociales, bajo
montajes judiciales; esto con la finalidad de reprimir la lucha social y
política.
Es
imposible hablar de paz, si el propio Estado no da las condiciones de
participación política sin sufrir encarcelamiento político, desaparición
forzada o exilio forzado. La
agresión permanente del Estado en Colombia se traduce en exterminio
político: en esas condiciones solo se puede hablar de 'la paz de los
cementerios'; cuando la verdadera paz es otra: es la paz con Justicia
Social y sin Terrorismo de Estado.
Los
prisioneros políticos y de guerra confinados en la Penitenciaría de Alta
Seguridad de Popayán, denunciamos ante la opinión pública nacional e
internacional la constante persecución política que venimos recibiendo
por parte de la administración del penal a cargo del carcelero Mario
Fernando Narváez y los comandantes de la guardia penitenciaria teniente
Piedrahita y teniente Castro quienes de manera cínica arremeten a diario
utilizando la práctica de montajes disciplinarios o falsos positivos
disciplinarios con el fin de justificar el uso desproporcionado de sus
funciones y las agresiones contra los patios de prisioneros políticos y
de guerra, persiguiendo nuestros voceros y líderes, prohibiendo el
funcionamiento del Comité de Derechos Humanos para ocultar la
sistemática violación a los derechos de los presos y la tortura en todas
sus formas que los funcionarios del INPEC aplican en esta prisión.
Nos
preocupa principalmente la vida e integridad de nuestro camarada JULIÁN
JOAQUÍN REALPE prisionero político y de guerra de las FARC-EP quien fue
acusado de portar un celular por la guardia y la administración sin
tener pruebas que comprometan a nuestro camarada, ya que jamás le han
decomisado un elemento de esa categoría. A nuestro camarada lo sacaron
arbitrariamente del patio donde permanecía al lado de sus compañeros
(patio 8), y en total violación al debido proceso disciplinario
pretendieron obligarlo a ingresar a un patio de paramilitares que
cogobiernan con la guardia y la administración del INPEC. Valerosamente
el camarada pese a los golpes y empujones de sus carceleros se negó a
ingresar al patio de paramilitares salvando su vida.
En vista
de que no pudieron doblegar a nuestro camarada lo trasladaron a un
calabozo donde permanece sin agua potable, sin hora de sol y lo que es
peor sin tener en su contra una sanción disciplinaria o investigación.
Sólo por reclamar el funcionamiento del Comité de Derechos Humanos de
los presos. Después de varias semanas confinado en aquel oprobioso
lugar, con el más alto nivel de moral y resistencia nuestro camarada se
declaró en huelga de hambre indefinida, su petición es que sus verdugos
lo regresen al patio donde ha convivido con sus compañeros. Hoy
nuestro camarada completó 13 días con la boca cocida y huelga de hambre.
La respuesta de estos criminales del INPEC ha sido mantener el
aislamiento de nuestro camarada manteniendo oculta la persecución
política y sistemática violación a sus derechos fundamentales,
demostrando su odio de clase y métodos tendientes a eliminar al opositor
político y defensores de Derechos Humanos.
Hacemos
un llamado urgente a todos los colectivos de prisioneros políticos de
Colombia, a los sectores sociales, a las ONG defensoras de derechos
humanos y especialmente al Frente Amplio Por La Paz y a la comunidad
internacional, para que se le exija al Gobierno de Juan Manuel Santos
el respeto a los derechos humanos de los prisioneros políticos y de
guerra y específicamente se garantice el respeto a la vida e integridad
de nuestro camarada JULIÁN JOAQUÍN REALPE.
Solicitamos
que una comisión del Frente Amplio Por La Paz y el Comité Internacional
De La Cruz Roja ingresen a esta Penitenciaría y verifiquen el estado
de salud de nuestro camarada JULIÁN JOAQUIN REALPE y esta denuncia como
una clara violación al Derecho Internacional Humanitario -DIH-. Y se
inicie una investigación a fin de establecer los funcionarios del Estado
colombiano involucrados en la sistemática violación a los derechos
humanos de los prisioneros políticos y de guerra.
Presos Políticos, Prisioneros Políticos y de Guerra - Penitenciaria de Popayán Cauca.
Read
more at
http://ojosparalapaz-colombia.blogspot.com/2015/06/estado-colombiano-tortura-arremetida-contra-preso-politico-en-huelga-de-hambre.html#ep8Dj1AUatOPHPtH.99
SEMANA
revela las graves denuncias que hizo un suboficial del Ejército sobre
falsos positivos en Norte de Santander y que le costaron su carrera
militar.
El sargento
Alexander Rodríguez hizo graves denuncias sobre supuestas ejecuciones
cometidas en la Brigada Móvil XV. Poco después recibió la notificación
de que era retirado del Ejército de manera discrecional
Lo que cuenta el sargento Alexander Rodríguez -si la
justicia llega a comprobarlo- es la historia de un mundo que funciona
al revés. En diciembre pasado denunció ante la Procuraduría, y ante las
propias Fuerzas Militares, que en su paso por la Brigada Móvil XV que
opera en Ocaña (Norte de Santander) fue testigo de cómo se encubrían
homicidios de civiles para presentarlos como bajas en combate. Y apenas
tres días después, paradójicamente, el denunciante resultó castigado:
una junta de generales encabezada por el comandante del Ejército, Mario
Montoya, decidió retirarlo del servicio activo; mientras que el coronel
Santiago Herrera, que comandaba la Brigada donde ocurrieron los hechos
denunciados por el sargento, fue trasladado a Bogotá para asumir como
oficial ayudante del propio Montoya.
La historia que Rodríguez le
contó a las autoridades -y a SEMANA- es escabrosa. Asegura que: "a
principios de noviembre estaba el sargento Ordóñez recogiendo 20.000
pesos por soldado, que eran para cancelar la pistola que le habían
colocado a la persona que habían dado de baja (…) Ordóñez les decía: 'si
quieren entregar la plata bien, si no, lo dejamos así, pero vean que
son cinco días de permiso...'".
El sargento también relató que a
mediados de octubre hubo dos supuestas ejecuciones, en una de las cuales
la víctima sobrevivió y escapó. La versión de Rodríguez coincide con la
denuncia que han hecho ONG como Minga, que aseguran que el 13 de
octubre un campesino llamado Adinael Arias Cárdenas fue abordado por
soldados del Ejército, y que al día siguiente apareció reportado como un
guerrillero dado de baja en combate. También hay similitudes con la
historia de Willamir Rodríguez Figueroa, un campesino de 22 años,
analfabeta, quien cuenta que el 6 de octubre salió de su vereda, cuando
unos soldados lo detuvieron con el argumento de que por no tener los
papeles en regla, sería reclutado. Después de hacerlo caminar por varias
horas y casi a la medianoche, cuenta que "me esposaron a un palo de
cacao y me amarraron con una pita...". "Al rato sentí fue un disparo…
caí en el pastal boca abajo y yo me hice el muerto...". "Después
llegaron los soldados y me colocaron una pistola al lado de la cabeza".
Willamir
logró escaparse, según su relato, y correr hasta que encontró refugio
en la casa de un campesino que le ayudó a llegar al hospital de El
Tarra. Allí fue detenido por las autoridades. Después de permanecer dos
meses en el hospital, está en la cárcel, acusado de rebelión, y en su
contra han declarado dos testigos aportados por el Ejército.
Las
denuncias del suboficial fueron tomadas tan en serio por la Procuraduría
Regional de Ocaña, que esta entidad solicitó que se le trasladara de
guarnición para garantizar su vida. El Ejército alega que los
señalamientos del sargento Rodríguez son una retaliación porque con sus
superiores "él tenía muchas fallas en disciplina desde dos años atrás"
-dice el general José Joaquín Cortés, comandante de la Segunda
División-. "Había quejas contra el sargento por deudas y por faltar al
lugar de trabajo". Para el general Cortés, esto podría ser una
retaliación del sargento porque dado su historial, difícilmente lograría
un ascenso. No obstante, si el comportamiento de Rodríguez era
inadecuado desde hace tantos meses ¿por qué se le retiró de la
institución sólo cuando hizo estas graves denuncias
Rodríguez
no es el único que ha denunciado estas irregularidades en Norte de
Santander. Las ONG de derechos humanos han registrado 19 casos de
posibles ejecuciones cometidas por esta Brigada en 2007. La Procuraduría
finalizó el año con casi 40 quejas por estos hechos. Las que se suman a
las ya conocidas denuncias por ejecuciones en las Brigadas de Antioquia
y Meta, que se han convertido en preocupación tanto para las Naciones
Unidas como para el gobierno de Estados Unidos, que apoya a estas
unidades militares.
Esta denuncia llega justo cuando el
ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lanzó oficialmente la Política
Integral de Derechos Humanos, un esfuerzo que, entre otros puntos,
contempla la regulación de la fuerza en la guerra, a través de la
legitimidad y la eficacia.
Durante mucho tiempo, en el
inconsciente militar reposó la idea de que el respeto de esos derechos
era una desventaja para ganar la guerra. Hoy la intención del Ministerio
de Defensa es que, por ejemplo, los uniformados lleven consigo un
pequeño manual de lo que no se debe y lo que se puede hacer. Desde ya,
cada una de las divisiones del Ejército cuenta con un inspector delegado
que vigila que todo el reglamento se cumpla; la Armada tendrá otros dos
y próximamente se creará un centro de entrenamiento en Tolemaida para
fortalecer la comprensión del tema.
Será la justicia la que dirá
si las delicadas denuncias del sargento Rodríguez corresponden a lo
ocurrido. Entre tanto, el Ministerio de Defensa cree que con la
estrategia implementada la Fuerza Pública entenderá mejor que la
legitimidad del Estado se consigue a través del respeto de los derechos
humanos y no de lograr más muertos en la lista enemiga, por encima de lo
que sea.
El número de víctimas del conflicto armado registradas llegó a 6.043.473. Una cifra aterradora.
Mujeres
familiares de mineros asesinados en Istmina, Chocó, en 2005.
Cuando SEMANA publicó este especial sobre víctimas, en junio de 2013,
había 5,5 millones de víctimas registradas. Siete meses después hay
medio millón más.
Al empezar este año, la Unidad de Víctimas registró a
la número 6 millones desde 1984. Pocos conflictos armados en el mundo
exhiben una cifra semejante. La cual, por aterradora que sea, apenas da
una pálida idea de los centenares de miles de destinos individuales,
familiares y de comunidades completas que han sido pasto de la moledora
de la guerra en estos 30 años.
En los dos años transcurridos
desde la sanción de la Ley 1448 o de Víctimas, el Estado ha incluido en
el registro nacional a más de 6 millones de víctimas. En su inmensa
mayoría, se trata de víctimas de desplazamiento forzoso, las cuales
suman casi 5,4 millones desde 1984 (con esto, la cifra oficial se
acerca, por fin, a la que han manejado ONG especializadas como Codhes).
Pero
están también miles de personas que sufrieron toda suerte de otros
crímenes de guerra: más de 130.000 amenazados, cerca de 75.000 que
perdieron algún bien, más de 90.000 desaparecidos y sus familiares, más
de 21.000 secuestrados, casi 55.000 víctimas de algún tipo de acto de
terrorismo, cerca de 95.000 homicidios y más de 540.000 personas
afectadas por el asesinato de un ser querido, 10.500 víctimas de minas
antipersonas, 6.500 casos de tortura, casi 7.000 de reclutamiento
forzado de niños y 4.000 casos de violencia sexual componen la
radiografía del padecimiento que ha compilado la Unidad de Víctimas.
Un
elemento preocupante es que, pese a que el proceso de reconocimiento y
reparación de las víctimas está en pleno curso (se han indemnizado más
de 350.000) y pese también a la negociación en La Habana para poner fin
al conflicto armado, el número de víctimas ha crecido mucho durante este
gobierno.
En 2012 más de 221.000 personas sufrieron algún hecho
de victimización y lo mismo ocurrió con otras 122.000 el año pasado. En
total, más de medio millón de colombianos han sido víctimas del
conflicto desde que se aprobó la Ley de Víctimas, en junio de 2011.
Evidencia de que la guerra sigue haciendo estragos en no pocas zonas del
país. Y, como lo constató la Corte Constitucional el año pasado, de que
los grupos sucesores de los paramilitares, o bandas criminales, pese a
no ser reconocidos como actores del conflicto, generan desplazamiento y
son fuente de homicidios, desapariciones, masacres y otras atrocidades.
Antioquia
es el departamento con más víctimas, con cerca de 1,2 millones. Le
siguen Bolívar, con casi medio millón; Magdalena con 380.000; Nariño,
con más de 320.000; Chocó, Cesar y Valle, que tienen cerca de 300.000, y
luego están Caquetá, Cauca y Córdoba, que pasan de las 260.000 cada
uno. Y todas las regiones del país tienen miles de víctimas.
Ese es el resultado de medio siglo de conflicto armado.
El país es el segundo en el mundo con la mayor población de desplazados internos: seis millones de personas.
Los expertos denuncian la falta de voluntad política del Gobierno colombiano para incorporar a los desplazados a la vida civil.
Foto: Archivo SEMANA
Las 360.300 personas desplazadas forzosamente en
Colombia en 2014 y las más de 200.000 que podrían ser expulsadas de
República Dominicana hacia Haití, sin contar con esa nacionalidad, son
unos de los fenómenos que preocupan al Acnur en Latinoamérica a
propósito del Día Internacional del refugiado.
Esos casos fueron destacados por el ente, en el marco de la jornada
mundial que se celebra este sábado, en su informe anual sobre los
desplazamientos forzados en el mundo, titulado "Mundo en guerra" y
entregado este jueves por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), António Guterres.
En el documento, el organismo también resaltó que el número de personas
que huyen de la violencia de bandas u otras formas de persecución en
Centroamérica se incrementó.
Sin embargo, uno de los llamamientos principales se centró en la
situación de miles de personas sin nacionalidad en República Dominicana,
que se unen a los millares de extranjeros, en su mayoría haitianos, que
no están cubiertos por la nueva estrategia de regularización
migratoria.
En esa línea, la agencia de Naciones unidas urgió hoy al Gobierno
dominicano a no deportar a los ciudadanos no regularizados de la
República Dominicana.
"Instamos al Gobierno de la República Dominicana a que se asegure de que
las personas cuya nacionalidad fue cuestionada por la decisión de la
Corte Constitucional de 2013 no sean deportadas", indicó en rueda de
prensa Adrian Edwards, portavoz de Acnur.
En respuesta, el ministro de Interior y Policía dominicano, José Ramón
Fadul, advirtió a la entidad que no permitirá injerencias en el tema
migratorio, aunque resaltó que no habrá deportaciones "masivas" y todas
se apegarán al derecho internacional.
También genera duda la situación en Colombia, un país que alcanza más de
50 años de conflicto armado interno y cuyo Gobierno negocia la paz con
las FARC desde hace más de dos años en La Habana (Cuba).
El informe indica que el número de los refugiados colombianos se redujo
en 36.300 personas, situándose en 360.300 en 2014, aunque principalmente
se ha debido a una revisión en el número de refugiados reportados por
Venezuela.
Colombia se sitúa, sin embargo, en el segundo lugar de los países con la
mayor población de desplazados internos con 6 millones de personas en
esa situación, superada por Siria con 7,6 millones, según la Unidad de
Víctimas, que lleva el registro de damnificados por la violencia en el
marco del conflicto armado.
Al respecto, el representante en Colombia de Acnur, Martin Gottwald,
denunció la falta de voluntad política del Gobierno colombiano y de una
estrategia integral para incorporar a los desplazados por el conflicto
armado interno.
Con motivo del informe, el representante aclaró que si bien "en los
últimos años las cifras de desplazamiento interno han bajado
sistemáticamente", aún siguen siendo muy altas.
Sin embargo, el fenómeno del desplazamiento también se vive en otros
países de América Latina, aunque de manera diferente, pues sirven como
receptores de las personas que huyen por diferentes motivos, pero que
enfrentan otro tipo de desafíos por su llegada.
Por ejemplo, en México, uno de los destinos tradicionales de miles de
refugiados según datos oficiales, los salvadoreños y hondureños son los
principales ciudadanos que llegan a esa nación norteamericana huyendo de
la violencia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de ese
país.
Según los datos más recientes proporcionados por la Comisión Mexicana de
ayuda a refugiados (Comar), de enero a septiembre de 2014 fueron 1.525
personas las que solicitaron ser reconocidas como refugiados en el país,
pero únicamente un 37 % lo consiguió.
Por su parte, la mayoría de las solicitudes de refugio que recibe Costa
Rica anualmente corresponde a casos de inseguridad ciudadana y se ha
notado en 2014 un incremento de venezolanos y centroamericanos que
aspiran a ese estatus, del que gozan 5.531 personas actualmente, informó
la viceministra costarricense de Gobernación, Carmen Muñoz.
Asimismo, entre 2011 y julio de 2014, Nicaragua recibió 355 solicitudes
de refugio, de las cuales 297 habían recibido aprobación y las restantes
58 no habían sido resueltas, aunque las cifras actualizadas no han sido
dadas conocer por el Gobierno.
En Panamá, en tanto, hay en la actualidad 2.271 personas con condición
de refugiadas, de las cuales el 85 % procede de Colombia, informó Acnur
en el país centroamericano.
"Debido a la posición geográfica de Panamá, constituye un lugar de paso
para miles de personas, muchas de las cuales necesitan protección
internacional", dijo en una rueda prensa con motivo del Día Mundial del
Refugiado el representante regional de Acnur para Centroamérica, Cuba y
México, Fernando Protti.
Acerca de Ecuador, otro país receptor de personas desplazadas, Carlos
Martínez, coordinador Zonal 9 del Ministerio ecuatoriano de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, aseguró que es "el país que mayor
cantidad de refugiados tiene en Latinoamérica".
Añadió que Ecuador ha recibido en los últimos diez años, aproximadamente
185.000 solicitudes de refugio y ha reconocido alrededor de 60.000
refugiados, de los cuales el 95 % es de nacionalidad colombiana y el 5 %
de distintos países de todo el mundo.
Por su parte, en Uruguay la política de refugio adquirió una fuerte
cobertura informativa durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015) con
la acogida de 43 ciudadanos sirios que huían de la guerra de su país,
así como la llegada de seis exreclusos que habían estado 13 años presos
sin cargos en el penal que EE. UU. tiene en Guantánamo (Cuba).
Brasilia, junio 20 - La presidenta Dilma Rousseff consideró que la
intención de un grupo de senadores brasileños de visitar a responsables
de actos violentos ocurridos en Venezuela en 2014 constituyó una afrenta
a la soberanía venezolana.
Medios de prensa de Brasil como el sitio digital Folha Politica señalan
que, según la mandataria, la comitiva liderada por el senador Aécio
Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña, puso una trampa al
Gobierno de Rousseff y protagonizaron una vergüenza para el gigante
suramericano.
La jefa de Estado consideró como una intromisión en los asuntos internos
de Venezuela la intención de los senadores de reunirse con personas que
permanecen encarceladas por realizar llamados a la violencia durante
protestas opositoras contra el Gobierno de Nicolás Maduro, las cuales
provocaron 43 muertes en las llamadas guarimbas.
Según indicó Neves en su cuenta de Twitter, durante su estancia en
Caracas estuvieron rodeados por manifestantes y fueron agredidos. Sin
embargo, una nota emitida por la propia Cancillería brasileña indicó que
el Gobierno venezolano cumplió con la garantía de custodia policial
para la delegación durante su estadía en el país.
A su vez, el diario Estadão reseñó que, en opinión del Ejecutivo
brasileño, si un grupo de venezolanos decidiera ir a Brasil a verificar
las condiciones existentes en ese país y visitaran las prisiones, tanto
el Congreso como el Gobierno Federal rechazarían la idea y pondrían
obstáculos.
La mandataria consideró que la intención de los senadores de visitar a
los prisioneros en Caracas sirvió más a los propósitos de la oposición
brasileña que a los de la venezolana.
PT también se pronunció. En un comunicado firmado por el presidente del
Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, y el secretario del
partido de Relaciones Internacionales, Mónica Valente, afirman que la
visita de la delegación de senadores brasileños generó un incidente
"políticamente explotado" en un intento fallido de socavar las
relaciones entre el Ministerio de Exteriores de Brasil y su par de
Venezuela.
“El PT reitera su defensa de los principios de respeto a la soberanía y
la no intervención en los asuntos internos de otros países y reafirma su
apoyo a la búsqueda de una solución política y democrática a los
problemas que Venezuela enfrenta actualmente, como ha propuesto por
unanimidad la Unasur”, reza el comunicado.
De acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Banco Mundial,
Venezuela se encuentra entre los primeros 20 países que más proporcionan
asilo a refugiados en todo el mundo.
Según la publicación del organismo
internacional, del año 2010 a 2014 el número de refugiados en el país
aumentó de 201.574 a 204.340.
El primer país en la lista es Jordania, que solo en 2014 le proporcionó asilo a 2 millones 712 mil 888.
De acuerdo con la Convención de Ginebra
sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que
“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección
de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera
su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera
regresar a él”.
La
situación de este departamento trascendió al resto del mundo. El diario
británico hizo un detallado reportaje sobre “una de las regiones más
pobres y olvidadas de Colombia”.
Que los
niños mueran por la falta de alimento y de sed se ha vuelto parte de un
registro, una situación a la que las autoridades le hacen el quite.
Foto: José Guarnizo / SEMANA
Como una de las regiones “más pobres y olvidadas de Colombia” define el reconocido diario The Guardian al departamento de La Guajira.
Un equipo de reporteros recorrió los polvorientos caminos de las
rancherías y encontraron que la situación es devastadora. Una región en
la que los niños mueren de hambre y sed bajo elevadas temperaturas que
no tienen compasión. Una situación que ya ha sido registrada por medios
nacionales, pero que ahora cobra trascendencia para medios del mundo. (Lea: ¡La Guajira S.O.S!).
Los reporteros se percataron de una situación que las autoridades del
país aún no resuelven. Los wayuú, una comunidad indígena que constituye
casi que la mitad de la población de este departamento, no tienen agua,
ya que el principal afluente, el río Ranchería, se ha secado por cuenta
de la intensa sequía y la sobreexplotación.
Calmar la sed en La Guajira es una lucha constante. Comer es el milagro
de cada día. El rotativo conoció a David, un pequeño de tres años que
aún no sabe caminar ni hablar por la desnutrición, solo pesa 6,7 kilos y
usa pañales de un bebé de cinco meses. “Está mejorando”, dijo su abuela
Alcira Epieyú y agregó que “hasta hace unos meses usaba pañales para un
recién nacido”.
Que los niños mueran por la falta de alimento y de sed se ha vuelto
parte de un registro, una situación a la que las autoridades le hacen el
quite. En el artículo quedó resaltada la incoherencia entre lo que
plantea el Gobierno y lo que allí sucede.
El diario británico recogió las cifras oficiales, reveladas hace unos
meses por el propio presidente Juan Manuel Santos, que daban cuenta de
que solo 26 niños murieron de desnutrición en 2013 en La Guajira, 48 en
2014 y 11 en el primer semestre de 2015. Cifras que son rechazadas por
los líderes de la comunidad, puesto que aseguran que estas no son la
verdadera radiografía de lo que sucede en las entrañas del departamento.
Javier Rojas, líder de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu Shipia, le aseguró a The Guardian
que desde el pasado mes de febrero se ha registrado la muerte de por lo
menos 25 niños, y calcula que al menos 400 han fallecido en los últimos
tres años por las mismas causas. "Tengo informes semanales de la muerte
de al menos tres niños", dijo.
Lo más absurdo de la situación es que, en su mayoría, los niños wayuú mueren por causas que son evitables. The Guardian
además consultó al procurador Alejandro Ordóñez, quien no dudó en
señalar que La Guajira se hunde no por la sequía, sino por la corrupción
de sus dirigentes que se han “robado” los dineros de las regalías.
El reportaje revela que los líderes wayúu acudirán ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obligar al Estado
colombiano a que les garantice su acceso al agua. Más aún cuando allí
está la principal mina de carbón del país, Cerrejón, cuya explotación
está en manos de las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y
Xstrata Coal, y donde se gastan en promedio 2.700 metros cúbicos de agua
al día.
En el reportaje también se consultó al portavoz de estas compañías,
Carlos Franco, quien aseguró que el problema de la región no es el uso
que ellos hacen del agua, sino que “el dinero para los acueductos ha
sido robado una y otra vez”.
La Guajira es uno de los departamentos más desiguales, según el DANE.
También de los más olvidados. Últimamente ha acaparado titulares por la
captura de su exgobernador, 'Kiko' Gómez, por la corrupción de sus
dirigentes, y por la muerte de sus niños.
Ahora estos titulares trascienden las fronteras, y en el mundo ya se
empieza a hablar de La Guajira por ser “una de las regiones más pobres y
olvidadas de Colombia”.
La presidenta Dilma Rousseff consideró
que la intención de un grupo de senadores brasileños de visitar a
responsables de actos violentos ocurridos en Venezuela en 2014
constituyó una afrenta a la soberanía venezolana.
Medios de prensa de Brasil como el sitio
digital Folha Politica señalan que, según la mandataria, la comitiva
liderada por el senador Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia
Brasileña, puso una trampa al Gobierno de Rousseff y protagonizaron una
vergüenza para el gigante suramericano.
La jefa de Estado consideró como una
intromisión en los asuntos internos de Venezuela la intención de los
senadores de reunirse con personas que permanecen encarceladas por
realizar llamados a la violencia durante protestas opositoras contra el
Gobierno de Nicolás Maduro, las cuales provocaron 43 muertes en las
llamadas guarimbas.
Según indicó Neves en su cuenta de
Twitter, durante su estancia en Caracas estuvieron rodeados por
manifestantes y fueron agredidos. Sin embargo, una nota emitida por la
propia Cancillería brasileña indicó que el Gobierno venezolano cumplió
con la garantía de custodia policial para la delegación durante su
estadía en el país.
A su vez, el diario Estadão reseñó que,
en opinión del Ejecutivo brasileño, si un grupo de venezolanos decidiera
ir a Brasil a verificar las condiciones existentes en ese país y
visitaran las prisiones, tanto el Congreso como el Gobierno Federal
rechazarían la idea y pondrían obstáculos.
La mandataria consideró que la intención
de los senadores de visitar a los prisioneros en Caracas sirvió más a
los propósitos de la oposición brasileña que a los de la venezolana.
PT también se pronunció. En un
comunicado firmado por el presidente del Partido de los Trabajadores
(PT), Rui Falcão, y el secretario del partido de Relaciones
Internacionales, Mónica Valente, afirman que la visita de la delegación
de senadores brasileños generó un incidente "políticamente explotado" en
un intento fallido de socavar las relaciones entre el Ministerio de
Exteriores de Brasil y su par de Venezuela.
“El PT reitera su defensa de los
principios de respeto a la soberanía y la no intervención en los asuntos
internos de otros países y reafirma su apoyo a la búsqueda de una
solución política y democrática a los problemas que Venezuela enfrenta
actualmente, como ha propuesto por unanimidad la Unasur”, reza el
comunicado.
Este viernes, Antonieta Mendoza de
López, madre del opositor, Leopoldo López, quien se encuentra recluido
en la cárcel de Ramo Verde, en los Teques, calificó la reunión que
sostuvo con la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz como
satisfactoria al recibir algunas respuestas positivas por parte de la
fiscal.
La madre de López contó: “nosotros
fuimos a pedir la liberación, la fiscal intercederá para que los médicos
de confianza puedan examinar a Leopoldo y la fiscal nos aseguró que
intercederá en ese sentido".
Estas declaraciones fueron
proporcionadas durante una entrevista a Unión Radio, en el programa “En
sintonía”. Asimismo, Mendoza de López señaló: “mi hijo cumple hoy 26
días de huelga de hambre responsable, al solicitar un petitorio
democrático y constitucional y tiene todo el derecho en exigir las
fechas para las parlamentarias junto con una observación internacional
calificada y la liberación de todos los presos políticos”.
Sin embargo, es importante destacar que a
Leopoldo López se le acusa por los delitos de instigación pública,
daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de
determinador y asociación para delinquir, esto por su participación en
la guarimbas y hechos de violencia desatados en febrero y marzo de ese
año tras su irresponsable llamado a “La Salida”.
El plan golpista “La Salida” no solo
generó manifestaciones violentas de calle que dejaron daños en la
infraestructura y transporte público sino más de 40 muertes, cientos de
heridos y afectados.
Durante el juicio que se le sigue a
López, testigos lo han identificado como el impulsor de los ataques al
Ministerio Público por su incendiario discurso.
Finalmente, Mendoza de López expresó la
preocupación por la salud de su hijo y expresó su deseo de que levante
la huelga de hambre que mantiene desde el pasado 24 de mayo: “ya hay
logros, hay resultados, yo como madre estoy preocupada y quisiera que
Leopoldo suspenda la huelga, lo quiero sano y vivo, sus hijos lo
necesitan”, fueron sus palabras.
Esta misma tarde, la Fiscal General dictó instrucciones para practicar los exámenes médicos a Leopoldo López, lea más aquí.
La Casa Blanca está decidida a bloquear el surgimiento
de las dos potencias nucleares clave, Rusia y China, ninguna de las
cuales aceptará la hegemonía de EE.UU., opina el politólogo y economista
norteamericano Paul Craig Roberts, quien considera que "Washington
cometió un error que podría ser fatal para la humanidad".
"EE.UU. siempre ha tenido una buena opinión
de sí mismo, pero con la caída de la Unión Soviética la autosatisfacción
alcanzó nuevas cumbres. Nos convertimos en el pueblo excepcional, el
pueblo indispensable, el país elegido por la historia para ejercer la
hegemonía sobre el mundo", escribe el politólogo en un artículo
publicado en su sitio web. Agrega
que "esta doctrina neoconservadora libera al Gobierno de EE.UU. de las
limitaciones del derecho internacional y permite a Washington usar la
coerción contra Estados soberanos con el fin de rehacer el mundo".
Debido a esta política, Pekín actualmente se está confrontando con la estrategia estadounidense conocida como 'Pivot to Asia'
(giro a Asia), y con "la construcción de nuevas bases navales y aéreas
de EE.UU. para asegurar el control de Washington en el mar de China
Meridional, que ahora se define como una de las áreas de interés
nacional para los estadounidenses", señala el autor. Sepa más: "El giro a Asia de EE.UU. hizo a China doblar las apuestas en su contra"
Por otro lado, el intento de contener a Rusia es el origen de "la
crisis que Washington ha creado en Ucrania y de aprovecharla para hacer
propaganda antirrusa", explica Roberts.
Rusia y China finalmente se han dado cuenta de que tienen que elegir entre el vasallaje o la guerra
En su opinión, "la agresión y la propaganda descarada" de EE.UU. no han hecho más que convencer a Rusia y China de que "Washington tiene intenciones de guerra, y haberse dado cuenta de ello ha empujado a los dos países hacia una alianza estratégica".
Ni Rusia, ni China aceptarán el llamado "estatus de vasallaje aceptado
por el Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de Europa, así como
Canadá, Japón y Australia", afirma el analista político, que añade que
"el precio de la paz mundial es que todo el mundo acepte la hegemonía de
Washington".
"En el frente de la política exterior, la arrogancia de la autoimagen
de Estados Unidos como el país 'excepcional e indispensable' y con los
derechos hegemónicos sobre otros países significa que el mundo se prepara para la guerra", escribe Roberts.
A su juicio, "a menos que el dólar, y con él el poder de EE.UU., se
derrumbe o que Europa encuentre el coraje para romper con Washington y
llevar a cabo una política exterior independiente diciendo adiós a la OTAN, una guerra nuclear es nuestro probable futuro".
El precio de la paz mundial es que el mundo acepte la hegemonía de Washington
En su columna, Roberts también aborda la cuestión de las
celebraciones en Moscú del Día de la Victoria sobre el nazismo, que los
políticos occidentales boicotearon, mientras que "los chinos estaban
allí en su lugar", con el presidente sentado junto a Vladímir Putin durante el desfile militar en la Plaza Roja, lo cual, según el politólogo, marcó un "punto de inflexión histórico".
Aunque la comparación de las bajas soviéticas con las de EE.UU., Reino Unido, y Francia juntas "deja totalmente claro que fue Rusia quien derrotó a Hitler",
en su discurso con motivo del 70.º aniversario de la rendición de la
Alemania nazi el presidente estadounidense solo mencionó a las fuerzas
de EE.UU. En cambio, el presidente Putin "expresó su agradecimiento a
los pueblos de Gran Bretaña, Francia y EE.UU. por su contribución a la
victoria", recuerda el exasesor económico del Gobierno de Ronald Reagan. Lea también: "Washington trata de borrar el recuerdo de la victoria soviética sobre Alemania"
Desde hace muchos años el mandatario ruso declara públicamente que
"Occidente no escucha a Rusia", escribe el autor del artículo.
"Washington y sus Estados vasallos en Europa, Canadá, Australia y Japón
no escuchan cuando Rusia dice 'no nos presionen tanto, no somos el enemigo, queremos ser su socio'", lamenta Roberts.
Por culpa de la política de Washington, "Rusia y China finalmente se han dado cuenta de que tienen que elegir entre el vasallaje y la guerra", opina el politólogo, advirtiendo que "Washington ha cometido un error que podría ser fatal para la humanidad".
Para Manuela Pérez, la madre de Adriana
Urquiola, la intérprete de señas asesinada el 23 de marzo de 2014, en
medio de una "guarimba" en Los Teques, el homicida, capturado en
Colombia, es "un hombre sin alma" con capacidad para seducir y engañar a
las personas.
Esa es su definición del hombre que
durante 445 días, que Manuela contó rigurosamente, logró mantenerse en
fuga, en medio de una polémica que le atribuía a cierto poder o
conexiones su capacidad de evasión.
—¿Cuando se percata que Yonny Bolívar es alguien con cierto poder para evitar su captura?
—Con el paso de los meses, no fue
sino hasta febrero que se logró la inclusión en internet de la solicitud
de Interpol. En diciembre tuve noticias de que estaba por Margarita, en
una fiesta en el hotel Venetur, y ví que no pasó nada. La información
que tuve es que estaba cuidado por guardaespaldas. Se que tiene un gran
poder económico y ese poder económico es capaz de comprar muchas
conciencias., aunque afortunadamente no a todas.
—¿Y habría algún tipo de protección política?
—Yo no sería capaz de decir eso, no me consta.
—¿Pero sintió que pudo ser asi? —Yo
me reuní con el Ministerio Público, con el CICPC, Interpol y el propio
ministro del Interior, y la verdad que no llegue a sentir eso, por el
contrario fueron muy solidarios. Cada actuación que pedí fue escuchada.
Si hubo alguna protección son las autoridades quienes deben
investigarla. Sí hubo cosas en el expediente que considero no fueron
bien manejadas, como es el caso del fiscal Jimmy Hernández, de la
fiscalía primera del estado Miranda. Yo siento que él no fue diligente,
que me dijo cosas que no eran ciertas, y por eso fue que pedí que se
cambiara el expediente.
—¿La culpa fue de la guarimba?
—El dijo que la culpa era de la
guarimba, porque si la guarimba no hubiera estado en ese lugar Adriana
habría podido pasar sin inconvenientes, pero yo insisto definitivamente
que si bien la guarimba propició la situación, ese hombre tendría que
haber estado en prisión hasta el año 2030, ese hombre no tendría porque
tener armas y el respectivo porte y tampoco credenciales policiales. Las
poseía y las usaba no para “chapear” y pasar una alcabala, sino para
llamar y pedir apoyo policial. Él llamó y pidió una comisión que lo
llevó al sitio el día que ocurrió el hecho.
—¿De cuerpo policial tenía credenciales?
—De la Policía Nacional Bolivariana...
—¿Hasta ahora no se ha determinado sí es falsa?
—Dicen que es falsa, pero yo no
tengo ninguna información formal. Pero si él llama y viene una comisión a
atenderlo quiere decir que tiene autoridad. A mi nadie me ha dado una
respuesta y por eso pido que se investigue.
—¿El pidió apoyo de la PNB cuando y para qué?
—El día del homicidio, cuando él comete el homicidio va a su casa y luego regresa al sitio con la Policía Nacional Bolivariana.
—¿Se ha investigado la autenticidad del porte de arma?
—Esa investigación yo la solicité ante la Fiscalía, y no tengo una repuesta aún.
—¿Por que él estaba libre?
—No aparece ninguna boleta de excarcelación. He investigado, he preguntado y esa es otra de mis interrogantes.
—¿Quien es Yonny Bolivar según Manuela Pérez?
—Es un hombre sin alma... Se que
tiene poder económico, y maneja un “tema” contra la mujer que sería
bueno que lo investigara un psiquiatra. Él fue denunciado por su pareja,
la mamá de su hijo, Leonela Coello, porque él la maltrató, la agredió
por una situación de celos, en el estacionamiento de su casa. Él es
ahora denunciado por Eva Golinger por tratar de violarla y asesinarla.
He sabido de casos de periodistas a las que él llamaba para ofrecerles
entrevistas como pran y luego las drogaba con burrundanga para proceder a
violarlas. Aparentemente es un psicópata y tiene una habilidad para
seducir y engañar a las personas.
—¿Cual es el origen de su poder económico?
—Entre otras cosas se habla de
lavado de dinero. Quien ha estado muy encima del caso es el diputado
Ricardo Sánchez, quien ha hablado de la existencia de una plataforma
económica o financiera que le permitía mantenerse en franca fuga. Pero
si yo hablo de este tema es porque eso le permitió permanecer libre por
14 meses y viviendo en medio del lujo, circulaba en camionetas
blindadas, con hombres armados y con actitud temeraria.
—¿Ese poder económico y su capacidad de influencia y de corrupción fue lo que permitió esa fuga tan prolongada?
Este jueves 18 de junio, la abogada y escritora
estadounidense Eva Golinger ofreció declaraciones sobre su implicación
con Yonny Bolívar, asesino confeso de Adriana Urquiola, deportado esta
mañana a Caracas para enfrentar cargos ante la justicia.
Durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, transmitido
en Circuitos Éxitos, la abogada declaró que Bolívar “era un experto en
ursurpar identidades” y logró acumular poder “a través del engaño”.
“El es un experto en la manipulación, no un protegido del Estado. El
ursupa identidades, estoy segura porque me dijeron en ese momento que
tenia chantajeado a mucha gente porque asumía identidades dentro del
Estado y de esa forma logró acumular una fortuna y violaba mujeres en
la cárcel”.
Golinger explicó que desconoce si las protestas del año 2014 fueron
un factor predominante para determinarse como responsables en el
asesinato de Adriana Urquiola, pero no duda de la culpabilidad de
Bolívar en el hecho: “No hay una respuesta para eso, si es es él (Yonny
Bolívar) el que asesinó a Adriana, obvimente es el responsable. Había
un escenario que yo desconozco todos los detalles, yo no puedo dar una
opinón cuando no tenga evidencia; si fue intencional o no, con
motivo..pero sí había una circunstancia que tal vez llegó a esa
situación, pero el no hubiera estado libre, al menos estuviera preso
todavía. Me hago las mismas preguntas”, declaró.
La abogada esclareció que anteriormente había realizado una denuncia
en contra de Bolívar, pero decidió no hacerlo público: “Yo lo denuncié
pero la gente piensa que como es uno es figura pública debe hacerlo
público, pero es mi vida privada. Yo lo denuncié ante las autoridades.
en este caso,no funcionó el sistema pero tengo fe que funcione el
sistema jurídico, de la profesion que ejerzo. En mi caso fue la DISIP a
los que dejé todo a sus manos para que me informaran sobre el suceso…
Para mí el tema estaba resulto en aquel momento. Cuando vuelve a
suceder, me dio entra miedo porque el personja hacía lo mismo, manejaba
una red que no sabia que exístia. Cuando lo detienen, me acuerdo lo
que había pasado y denuncié para que tomaran en cuenta lo que sucedió”,
informó
Reconoce que hay fallas dentro del sistema de justicia venezolano :
“Ningún sistema es perfecto. En Venezuela hay grandes fallas que hay que
corregir , y en este caso lo ilustra de una forma fuerte porque se
trata de una persona que manipuló al sistema, manipuló a personas del
poder, porque como me sucedió a mí, me imagino lo que hizo a otras
personas para obtener credenciales, comprar jueces, quién sabe.”, opinó.
Sobre el encuentro diplomático entre Estados Unidos y Venezuela,
Golinger reflexionó sobre el sistema político y económico de ambos
países y determinó que no se considera “antiestadounidense” sino
“antiimperialista” y criticó las medidas políticas del gobierno
estadounidense ante la situación venezolana.
Tras conocerse la noticia de la detención de Bolívar el pasado 11 de
junio, la escritora publicó un tuit donde pedía “pena máxima” para el
acusado y reveló un supuesto intento de violación y asesinato.
“Qué bueno por fin lo capturaron. Este asesino atentó dos veces
contra mi vida. Merece la pena máxima”, escribió Golinger. Además, le
pidió directamente a la fiscal de la república, Luisa Ortega, la pena
máxima para Bolívar”.
Golinger denunció que Bolívar intentó contactarla para violarla y
asesinarla, pero el Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano
(SEBIN) le salvó la vida, por lo que procedió a introducir la denuncia.
Yonny Bolívar, asesino confeso de la intérprete de señas de
Venevisión, Adriana Urquiola enfrenta cargos por presunta comisión de
los delitos de homicidio calificado en perjuicio de Urquiola y homicidio
calificado en grado de frustración de otra mujer , que resultó herida
el pasado 23 de marzo del 2014.
UNION RADIO
Comité por un trato humano para Ana Belén Montes - ¿Saben quién es Ana Belén Montes?, preguntan los amigos de la heroina secuestrada por EEUU.
ANA BELÉN MONTES fue detenida el 21 de septiembre del 2001, juzgada y condenada a 25 años de prisión en marzo del 2002. Es el recluso 25037-016 de la cárcel de Carswell.
Dentro de Carswell está recluida en la sala de psiquiatría, a pesar
de no padecer de este tipo de enfermedad, pero evidentemente es un lugar
peligroso por la presencia de otras personas con ese tipo de dolencia y
además ese lugar y lo que sucede en el mismo puede influir en su estado
mental.
Esta cárcel se encuentra situada dentro de las instalaciones
militares de la Estación Aérea de la Marina estadounidense en Fort
Worth, Texas, Estados Unidos, donde también existe una dependencia del
Buro Federal de
Investigaciones (FBI). Fue condenada por entregar a Cuba información que le permitiera conocer los planes de agresión de Estados Unidos contra la isla.
Ana Belén debe salir en libertad en el año 2027, dentro de 13 años. Lleva 12 años de reclusión.
Está sujeta a un extremo régimen de aislamiento:
• No puede recibir visitas de amigos, solamente de su padre y hermano. No le está permitido hablar por teléfono. No puede recibir periódicos, revistas ni ver televisión. No puede recibir paquetes. Nadie pude indagar por su salud ni conocer porque está en un centro destinado a personas con problemas psíquicos, cuando ella no sufre de estos. No puede relacionarse con otros detenidos en esa cárcel.
Cuando alguna persona ha intentado enviarle una carta, la misma ha sido
devuelta mediante correo certificado. El Buró Federal de Prisiones ha
informado que solamente puede tener contacto con sus familiares más
allegados, debido a que su condena es por espionaje.
Llame al teléfono 817-782-4000, solicite hablar con el Director de la
cárcel, y pregunte por Ana Belén Montes, por su salud, por el tratamiento
médico que está recibiendo y si usted puede hablar con ella.
Remita a sus amigos y conocidos el resultado de la conversación
Divulgue lo que conozca sobre Ana Belén.
Envía este comunicado a tus amigos y relaciones.
