viernes, 3 de julio de 2015

¿Sicariatos? lea la impresionante lista de escoltas de funcionarios chavistas asesinados o heridos

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En los últimos días la guerra de baja intensidad, la desestabilización política y el terrorismo cobraron nuevas víctimas justo antes de la celebración de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) del pasado 28 de junio.

El jueves 25 la prensa nacional registró el asesinato del guardaespaldas y asistente del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Freddy Bernal; supervisor jefe de Policaracas, Maicker Vásquez.

Vásquez recibió varios disparos en la cabeza luego que cinco sujetos, quienes se identificaron como funcionarios del Cicpc, lo abordaran a la altura del elevado de La Yaguara.

Dos días después, fue asesinado el guardaespaldas de la diputada Blanca Eekhout, Carlos Manuel Pulgar Siso, cuando se desplazaba en una moto por la autopista Caracas-La Guaira a la altura del túnel de La Planicie, al ser emboscado por cuatro delincuentes.

Pulgar era funcionario asimilado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

En los años 2012, 2013, 2014 y 2015 el país ha sido testigo de un incremento notable de asesinatos de funcionarios policiales y escoltas; víctimas de la violencia política.

La escalada violenta es cada vez más abierta, con procedimientos y objetivos claros, que actúa bajo el manto encubridor de la inseguridad como elemento generalizador, y que tiene como figura principal el paramilitarismo.

A continuación, lea la lamentable lista de muertes de escoltas de funcionarios revolucionarios:

1.- En agosto de 2011 fue asesinado Hébert Becerra, escolta de la exdiputada, María de Queipo, en un sector de Maracaibo.

2.- Alexis Barreto y Seles Roberto Abre, ambos escoltas del diputado Robert Serra, fueron asesinados a inicios de 2012 en situaciones sospechosas.

3.- En julio de 2012, Yingger Mendoza Carranza, guardián de Rafael Ramírez, entonces ministro de Petróleo y Minería, fue asesinado en la avenida Andrés Bello de Caracas, en presunto robo de su moto.

4.- Tres meses después, en octubre de 2012, fue ultimado Pablo Marín Meléndez, también escolta de Rafael Ramírez.

5.- En mayo de 2013 fue asesinado el sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Pedro Ramón Infante, guardaespaldas de la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

6.- Asimismo en mayo de 2013, Alejandro Ignacio Aranguren, miembro de seguridad de Elías Jaua, entonces canciller de la República, fue herido de bala en un presunto intento de asalto.

7.- En noviembre de 2013, el escolta de Ernesto Villegas, entonces candidato a la Alcaldía Metropolitana, Domingo Eduardo Gómez, fue asesinado para robarle su arma reglamentaria.

8.- José Luis Gil Mujica, escolta adscrito a la Vicepresidencia de la República, fue ultimado de un tiro en la cabeza a inicios de 2014, en Guarenas.

9.- En agosto de 2014, Miguel Castro Álvarez, escolta del presidente de Conatel, William Castillo, también fue asesinado, en Guarenas.

10.- José Luis Flores, escolta del gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, fue asesinado de un disparo en la cabeza, en la parroquia Miguel Peña, de Valencia, en noviembre de 2014.

11.- Dennis Cuello, escolta de la primera combatiente Cilia Flores, fue ultimado en su propia vivienda en Maracay, en también en noviembre de 2014.

12.- José Daniel Castillo, funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y escolta del defensor del pueblo, Tarek William Saab, fue asesinado de cinco impactos de bala en Villa de Cura, en enero de 2015.

13.- También en enero de 2015 fue ultimado el escolta del gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas; César Antonio Bonaldi, en Maracaibo.

14.- Michelson José Padilla Pacheco, escolta del diputado Ángel Rodríguez, recibió dos disparos en Nueva Cúa, el pasado 21 de marzo de 2015.

15.- En el mes de mayo de 2015,  José Antonio Algara, escolta del presidente de Tves, Winston Vallenilla, fue asesinado para robarle un arma 9 milímetros y su moto.

16.- Edelmar José Bermúdez Patiño, quien supuestamente sería escolta del presentador de televisión, Mario Silva, fue asesinado de los impactos de bala el pasado mes de mayo.

17.- William Quintero, escolta del diputado Elvis Amoroso, recibió un impacto de bala por la espalda mientras viajaba en moto con su esposa en Maracay, el pasado mes de mayo.

Entre los móviles que impulsa la mediática de la derecha figuran asesinato para robar arma de fuego o vehículo, pero lo cierto es que existen algunos factores en común en estas muertes:

a) Se trata de escoltas que trabajan para funcionarios revolucionarios militantes todos del Partido Socialista Unido de venezuela (Psuv), (solo se ha registro en este lapso de tiempo la muerte de dos escoltas del alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, primero por medio de una emboscada en El Junquito, el supervisor de la Policía de Chacao, Juan Lugo durante el mes de julio de 2014 y luego, el oficial agregado de Polichacao, Jerry Rondón, asesinado en septiembre del mismo año).

b) Las edades de las víctimas oscilan entre los 27 y 39 años.

c) El modus operandi es muy similar: Les disparan, generalmente, en la cabeza y los abandonan en la vía pública.

Cabe preguntarse, ¿existe alguna vinculación entre estos homicidios?, ¿forma parte de una estrategia de amedrentamiento para con líderes revolucionarios?

Saque usted sus propias conclusiones.

(LaIguana.TV)

jueves, 2 de julio de 2015

Venezuela gana el premio internacional de Arquitectura Sans Frontieres Awards 2015 (+fotos)


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La red internacional Arquitectura Sin Fronteras (AFS) seleccionó a los Espacios de Paz Venezuela, proyecto venezolano de arquitectura social, como ganador del premio a la Producción Social de Hábitat en la primera edición de los ASF International Awards, reconocimiento que se suma al obtenido en la XIX Bienal de Arquitectura de Quito 2014.

Entre 68 proyectos concursantes, fueron reconocidos el proyecto de los Espacios de Paz, de Pico Estudio y el Movimiento por la Paz y la Vida; junto a Le Passarelle, de Francia; y Building Trust International por su trabajo en Asia y África.

La organización del concurso reconoció en su página http://www.asfint.org/: “a las organizaciones que trabajan de corazón para mejorar las condiciones de vida de los poblados más vulnerables”. ARS es una red internacional de organizaciones participativas y sin fines de lucro, que en sus prácticas enseñan y entrenan a quien trabaje en la construcción de sus propios espacios.

ESPACIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN

El proyecto Espacios de Paz, dirigido por la Alta Comisionada Presidencial por la Paz y la Vida, Isis Ochoa, ha intervenido desde 2014 espacios en Caracas, Vargas, Carabobo, Cojedes, Lara, Sucre, Mérida y Zulia. El programa arquitectónico y social, diseñado por el colectivo Pico junto al Movimiento por la Paz y la Vida, es un promotor activo de la cultura de paz y la transformación social.

En sus 2 ediciones, el proyecto ha contado con la participación de 40 colectivos de arquitectos (venezolanos y extranjeros) que se han sumado a la ejecución de este ejercicio. Instituciones del Estado y las comunidades beneficiadas han sido grandes ejecutores de los Espacios de Paz a través de la metodología de trabajo diseñada por arquitectos venezolanos.

Los Espacios de Paz en Venezuela son intervenciones urbanas ejecutadas en workshops, planteados como ejercicios metodológicos de gestión, diseño y construcción colectiva, para la activación positiva de espacios públicos en contextos urbanos conflictivos.

(Nota de Prensa)

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miércoles, 1 de julio de 2015

Paramilitarismo: Conozca uno a uno los asesinatos de escoltas y atentados antes de primarias-Psuv

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Ya lo advertía el periodista  recientemente galardonado José Vicente Rangel en su programa dominical “Jose Vicente Hoy”, que en nuestro país se encuentran establecidos campos de paramilitares los cuales se ubican en diversos puntos de la ciudad capital y del país. Siguiendo estas afirmaciones, observamos como previo a las elecciones internas del “Partido Socialista Unido de Venezuela” (Psuv) llevadas a cabo este domingo pasado 28 de junio. Se han presentado diversos sucesos trágicos, los cuales rompen con los esquemas de simples acciones delincuenciales que azotan al país; desde el análisis profundo se puede observar que detrás de estas acciones armadas se esconde el cerebro del paramilitarismo el cual busca con mayor intensidad y poder de fuego quebrantar nuevamente la paz ciudadana.

Las "guarimbas" ya fracasadas pero que sirvieron para probar la respuesta oficial, y el respaldo popular pasan a un segundo término, y aparecen los grupos comandos con armamento de guerra dispuestos a enfrentarse al ejército como probando la capacidad de respuesta y/o poder de fuego del lado oficial. Así como la logística y respuesta del mismo.

En este orden de ideas, recordemos los sucesos aparentemente "aislados" que acompañaron la semana previa a las elecciones internas del Psuv. Y otros que se presentaron durante el fin de semana de los comicios del partido de gobierno.

El jueves 25 de junio registró la prensa nacional, el asesinado del jefe de guardaespaldas y asistente del Diputado de la Asamblea Nacional Freddy Bernal, además supervisor jefe de Policaracas, Maicker Vásquez.

El efectivo Maicker Vásquez recibió varios disparos en la cabeza, luego que cinco sujetos quienes se identificaron como funcionarios del CICPC lo abordaran a la altura del elevado de La Yaguara.

Vásquez, acompañado de su esposa, una vez  interceptado, detiene el vehículo y se baja de la camioneta Ford Runner, los supuestos efectivos vestidos de civil con chalecos antibalas a bordo de un vehículo tipo sedán color plateado, accionaron contra la humanidad del guardaespaldas hiriéndolo mortalmente.

Asesinan a escolta de la diputada a la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout

El guardaespaldas  Carlos Manuel Pulgar Siso de 30 años,  quien este viernes pasado se desplazaba en una moto particular en compañía de su esposa por la autopista Caracas-La Guaira. Justo al salir del túnel La Planicie sentido hacia Caracas, cuatro delincuentes emboscaron a la pareja, los obligaron a detenerse,  para posteriormente efectuarle dos disparos hiriéndolo de muerte. Lo despojaron de su arma de fuego y de todas sus pertenecías.

Carlos Manuel Pulgar Siso era funcionario asimilado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar; en la actualidad cumplía funciones como escolta de la diputada a la Asamblea Nacional y candidata del Psuv, Blanca Eekhout.

Tres centros electorales fueron atacados por elementos armados

Sucesivas acciones paramilitares las cuales se presentaron en tres ocasiones en igual número de centros electorales, interrumpieron la paz ciudadana; pero afortunadamente fueron repelidos con prontitud y éxito por efectivos del Ejército y Guardia Nacional Bolivariana.

El viernes en la mañana se dio el primer ataque en la “Escuela Bogotá”, en el barrio “Los Sin Techo”, El Cementerio, según reportes militares.  Al sector llegaron en vehículo militar 11 efectivos del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón 312 Grupo Ayala quienes pasarían revista al centro de votación. Cerca de la Escuela fueron recibidos con tiros de fusil y pistolas.

Los efectivos del Ejército respondieron disparando al grupo de siete hombres que corrieron y se replegaron. Según testigos, fueron siete minutos de fuego continuo tras neutralizar la acción terrorista.

En la zona se encontraron cartuchos percutados de fusil R-15 y pistolas 45. No se reportaron muertos ni heridos.

Grupo comando intenta asaltar escuela en El Guarataro

Ese mismo viernes, pero a las 9 pm, un grupo de 50 elementos portando armas largas y granadas se presentaron en la entrada de la “Escuela Ángel Rivas Darwin” ubicada en el sector La Soledad, El Guarataro. Dispararon y exigieron que los cuatro efectivos del Ejército en custodia del centro de votación salieran y entregaran sus armas.

Posteriormente al llamado de auxilio de los militares, se presentaron un grupo de 80 efectivos de la GNB en 40 motos y dos tanquetas. Durante el operativo salió herido en un brazo el sargento José Briceño.

Tercer ataque terrorista

El tercer ataque ocurrió este domingo en la mañana otra vez en “Los Sin Techo”, pero en esta oportunidad  en la “Escuela Prudencio Díaz”.  A punta de ráfaga de disparos recibieron a las comisiones de la GNB, lo que impidió activar ese centro de votación. Los elementos armados  se atrincheraron en la capilla del “Santo Sepulcro” desde donde disparaban.

Asesinan a Guardaespaldas privado del “Colectivo 5 de Marzo”

Humberto Alexander Guerrero (30) fue asesinado con tiros de pistola y escopeta, contó su padre José Díaz que su hijo era escolta privado e integrante del “Colectivo 5 de Marzo”.

Este crimen ocurrió el sábado a las 11:30 am en el sector La Ceibita de El Valle. A esa hora, Humberto Alexander salía de la casa donde reside la madre de su hija. Venía con un bolso de ropa. Tres sujetos lo interceptaron y Humberto intentó defenderse con su arma pero no le funcionó. Los sujetos le disparan con una 9 mm y luego lo remataron con un tiro de escopeta, narró el papá del fallecido quien agregó que todo esto fue visto por la madre de su hija y una hijastra. “Le robaron el arma y todo lo demás”, indicó. 

Recordó que su hijo fue a prestar apoyo al ministro del Deporte, Pedro Infante, cuando su caravana fue atacada a tiros la semana pasada en la Cota 905. 

(Reporteros Comunitarios de Mérida / Aporrea.org)

Maduro afirmó que tiene pruebas que vinculan a Uribe en asesinato de Robert Serra

Contacto-con-Maduro Publicado en 01/07/2015JLeanez
Al joven exdiputado Robert Serra lo mataron al peor estilo del sicariato colombiano, así lo expresó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
“¿Por qué lo mataron? Porque querían eliminarlo al peor estilo de los sicarios asesinos colombianos, porque él estaba investigando a Álvaro Uribe Vélez y le estaba consiguiendo la pista para llegarle y demostrar toda la maldad que hace contra Venezuela”, afirmó el Jefe de Estado.
Maduro afirmó que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez mandó a matar al joven ex legislador venezolano. “Tengo las pruebas y cada vez los testimonios que están dando los involucrados cada vez son más contundentes de la participación de esta banda de criminales encabezada por Álvaro Uribe Vélez”, recalcó.
Durante el programa Contacto con Maduro N° 33, realizado en el Palacio de Miraflores, el Mandatario Nacional dijo que quienes asesinaron al político revolucionario tenían como objetivo “sacar del juego a uno de los más destacados líderes juveniles” en vista de que se aproximaban las elecciones parlamentarias de este año.
“Imagínense ustedes a Robert y la metralla de verdades que decía y que nos sigue diciendo, recorriendo calles y hablándole a jóvenes del país”, comentó.
Consideró al exasambleísta como el más inteligente líder joven de esta generación de revolucionarios. En ese sentido, aseveró que Serra dejó una huella en la juventud venezolana porque han surgido nuevos liderazgos inspirados en él. “Se nos fue muy temprano y dejó una huella profunda y creo que fue lo que movió a Zulay (la madre de Robert Serra) y a miles de Roberts y Robertas”, agregó.
“Los enemigos de la patria se adelantan y tratan de acabar las generaciones que vienen después, sépanlo, con la Revolución Bolivariana no han podido, ni podrán, por dónde vengan, cómo vengan, con lo que hagan, como lo hagan, no podrán”, aseveró.
La Radio del SUR/CO

martes, 30 de junio de 2015

Venezuela: Acciones del paramilitarismo conmueven a la opinión pública nacional

Alertas autoridades: "El lobo está aquí desde hace rato"

Elementos armados atacan a efectivos militares y de la GNB en El Guarataro

Elementos armados atacan a efectivos militares y de la GNB en El Guarataro

Credito: @RSalini )


Mérida; 29/06/2015.- Ya lo advertía el periodista  recientemente galardonado José Vicente Rangel en su programa dominical “Jose Vicente Hoy”, que en nuestro país se encuentran establecidos campos de paramilitares los cuales se ubican en diversos puntos de la ciudad capital y del país. Siguiendo estas afirmaciones, observamos como previo a las elecciones internas del “Partido Socialista Unido de Venezuela” (Psuv) llevadas a cabo este domingo pasado 28 de junio. Se han presentado diversos sucesos trágicos, los cuales rompen con los esquemas de  simples acciones delincuenciales que azotan al país;  desde el análisis profundo se puede observar que detrás de estas acciones armadas se esconde el cerebro del paramilitarismo el cual busca  con mayor intensidad y poder de fuego quebrantar nuevamente la paz ciudadana.
Las "guarimbas" ya fracasadas pero que sirvieron para probar la respuesta oficial, y el respaldo popular pasan a un seguno término, y aparecen los grupos comandos con armamento de guerra dispuestos a enfrentarse al ejército como probando la capacidad de respuesta y/o poder de fuego del lado oficial. Asi como la logistica y respuesta del mismo.
En este orden de ideas, recordemos los sucesos aparentemente "aislados" que acompañaron la semana previa a las elecciones internas del Psuv. Y otros que se presentaron durante el fin de semana de los comicios del partido de gobierno.
El jueves 25 de junio registró la prensa nacional, el asesinado del jefe de guardaespaldas y asistente del Diputado de la Asamblea Nacional Freddy Bernal, además supervisor jefe de Policaracas, Maicker Vásquez.
El efectivo Maicker Vásquez recibió varios disparos en la cabeza, luego que cinco sujetos quienes se identificaron como funcionarios del CICPC lo abordaran a la altura del elevado de La Yaguara.
Vásquez, acompañado de su esposa, una vez  interceptado,  detiene el vehículo y se baja de la camioneta Ford Runner, los supuestos efectivos vestidos de civil con chalecos antibalas a bordo de un vehículo tipo sedán color plateado,  accionaron contra la humanidad del guardaespaldas hiriéndolo mortalmente.
Asesinan a escolta de la diputada a la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout
El guardaespaldas  Carlos Manuel Pulgar Siso de 30 años,  quien este viernes pasado se desplazaba en una moto particular en compañía de su esposa por la autopista Caracas-La Guaira.  Justo al salir del túnel La Planicie sentido hacia Caracas, cuatro delincuentes emboscaron a la pareja, los obligaron a detenerse,  para posteriormente efectuarle dos disparos hiriéndolo de muerte. Lo despojaron de su arma de fuego y de todas sus pertenecías.
Carlos Manuel Pulgar Siso era funcionario asimilado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar; en la actualidad cumplía funciones como escolta de la diputada a la Asamblea Nacional y candidata del PSUV, Blanca Eekhout.
Tres centros electorales fueron atacados por elementos armados
Sucesivas acciones paramilitares las cuales se presentaron en tres ocasiones en igual número de centros electorales, interrumpieron la paz ciudadana; pero afortunadamente fueron repelidos con prontitud  y éxito por efectivos del Ejército y Guardia Nacional Bolivariana.
El viernes en la mañana se dió el primer ataque en la “Escuela Bogotá”, en el barrio “Los Sin Techo”, El Cementerio, según reportes militares.  Al sector llegaron en vehículo militar 11 efectivos del Ejército Nacional pertenecientes al  Batallón 312 Grupo Ayala quienes pasarían revista al centro de votación. Cerca de la Escuela fueron recibidos con tiros de fusil y pistolas.
Los efectivos del Ejército respondieron disparando al grupo de siete hombres que corrieron y se replegaron. Según testigos, fueron siete minutos de fuego continuo tras neutralizar la acción terrorista.
En la zona se encontraron cartuchos percutados de fusil R-15 y pistolas 45. No se reportaron muertos ni heridos.
Grupo comando intenta asaltar escuela en El Guarataro
Ese mismo viernes, pero a las 9 pm, un grupo de 50  elementos portando armas largas y granadas se presentaron en la entrada de la “Escuela Angel Rivas Darwin” ubicada en el sector La Soledad, El Guarataro. Dispararon y exigieron que los cuatro efectivos del Ejército en custodia del centro de votación salieran y entregaran sus armas.
Posteriormente  al llamado de auxilio de los militares, se presentaron un grupo de 80 efectivos de la GNB en 40 motos y dos tanquetas. Durante el operativo salió herido en un brazo el sargento José Briceño.
Tercer ataque terrorista
El tercer ataque ocurrió este domingo en la mañana otra vez en “Los Sin Techo”, pero en esta oportunidad  en la “Escuela Prudencio Díaz”.  A punta de ráfaga de disparos recibieron a las comisiones de la GNB, lo que impidió activar ese centro de votación. Los elementos armados  se atrincheraron en la capilla del “Santo Sepulcro” desde donde disparaban.
Asesinan a Guardaespaldas privado del “Colectivo 5 de Marzo”
Humberto Alexander Guerrero (30) fue asesinado con tiros de pistola y escopeta, contó su padre José Díaz que su hijo era escolta privado e integrante del “Colectivo 5 de Marzo”.
Este crimen ocurrió el sábado a las 11:30 am en el sector La Ceibita de El Valle. A esa hora, Humberto Alexander salía de la casa donde reside la madre de su hija. Venía con un bolso de ropa. Tres sujetos lo interceptaron y Humberto intentó defenderse con su arma pero no le funcionó. Los sujetos le disparan con una 9 mm y luego lo remataron con un tiro de escopeta, narró el papá del fallecido quien agregó que todo esto fue visto por la madre de su hija y una hijastra. “Le robaron el arma y todo lo demás”, indicó.
Recordó que su hijo fue a prestar apoyo al Ministro del Deporte Pedro Infante, cuando su caravana fue atacada a tiros la semana pasada en la Cota 905.

Venezuela destaca ante la ONU avances en Derechos Humanos




Clara Vidal, Viceministra para los Pueblos Indígenas hizo uso de su derecho de palabra durante la presentación de un informe por parte de Venezuela ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
En sus declaraciones la viceministra afirmó los avances en la protección y proyección de los pueblos indígenas en el país. Destacó la presencia de una mujer indígena como vocera del Gobierno. “Venezuela es un ejemplo para el mundo por tener un Ministerio para los asuntos de los pueblos originarios”, expresó.
Manifestó Vidal los indiscutibles avances del Gobierno sobre el derecho de la propiedad colectiva, mientras que el 66,5% de las solicitudes de demarcación han obtenido fallos a favor de los pueblos indígenas. “Plan Yukpa aprobado en la gaceta N° 39046 asegura la defensa e integridad territorial de los pueblos originarios”, explicó a la Comisión.
Asimismo, intervino Rubén Darío Molina, Director de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Venezuela, denunció la parcialidad política de la #CIDH para sectores burgueses y de derecha venezolanos.
Indicó que los integrantes de las diversas ONG´s “acceden a todos los organismos internacionales y no hay persecución política en el país”.
A través de la cuenta Twitter @vencancilleria, se recogieron las declaraciones de los altos funcionarios, entre las que resalta las Molina quien señaló que “nuestras organizaciones populares no son violentas, son para garantizar los DDHH”
Finalmente Molina denunció la parcialidad y la toma de posición política del Comité de Derechos Civiles y Políticos.
Hoy Venezuela

lunes, 29 de junio de 2015

México: La policía federal mata maestro en Tixtla durante operativo

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Regeneración, 8 de junio de 2015. Desde Tlapa, Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan denunció que “la Policía Federal abrió  fuego en contra de población de Tlapa de Comonfort después de un operativo fallido”, cuyo resultado fue un maestro asesinado y cuatro personas heridas.
En tanto, se denunció que por la madrugada de este día fueron incendiados dos vehículos, un tráiler cargado con cemento y una camioneta Nissan, en las inmediaciones del poblado de Almolonga, municipio de Tixtla, por presuntos civiles que iban encapuchados.
Según testigos se escuchó el estallido de un artefacto, y fue cuando se incendió el tráiler que transportaba cemento, que presuntamente se entregaría en el marco del proceso electoral; minutos después se le prendió fuego también a una camioneta Nissan, en el que al parecer viajaban los responsables del traslado.

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El Centro Tlachinollan narró los hechos en el que perdió la vida el maestro Antonio Vivar Díaz: “El día de hoy 7 de junio de 2015, en el marco de la jornada electoral, alrededor de las 14:30 horas, dos patrullas con número económico 1699 y 1566 de la Policía Federal (PF) con al menos 24 elementos allanó arbitrariamente las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (Ceteg) en Tlapa de Comonfort, ubicada en la colonia Tepeyac a un costado de la Delegación Regional de la Montaña de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), en el que detuvieron violentamente a un grupo de maestros; 6 hombres, entre ellos un menor de edad: Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Julián Ayerdi Chavelas, Raúl Sierra de Jesús, Francisco Ortega Vicente, Ángel Basurto Ortega; 2 mujeres: Agustina Luna Martínez y Herlinda Iturbide Pinzón; sin ninguna orden de aprehensión”.
Agregó “de manera particular el profesor Juan Sánchez Gaspar fue sustraído de su domicilio ubicado a un costado del edificio de la Ceteg, al cual la Policía Federal irrumpió de manera arbitraria. Cabe señalar que el profesor Juan Sánchez es padre del docente Juan Leuguín Sánchez, quien fuera golpeado brutalmente por la Policía Estatal, en coordinación con grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, el pasado viernes 5 de junio de 2015 en esta misma ciudad”.
Posterior a la detención de los profesores “ al menos 35 elementos de la Policía Federal ingresaron nuevamente a bordo de tres patrullas con número económico 16998, 15442 y 17119 a la colonia Tepeyac con el fin de catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas de la Coordinadora, para lo cual se apoyaron de dos grúas de tránsito estatal”.
Al ser testigos de la arbitrariedad de los hechos “ diversos vecinos y vecinas de la colonia aledaña, salieron a las calles y comenzaron a reclamar a los policías sus actos. El altercado escaló y ante la indignante imagen de la detención arbitraria y el cateo de las oficinas de la Ceteg, los pobladores de la colonia impidieron la salida al grupo de 35 Policías Federales y advirtieron que no los dejarían ir, hasta que fueran liberados los detenidos y detenidas arbitrariamente, quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la ciudad de México en un helicóptero de la Marina”.
Como respuesta a la retención, agregó Tlachinollan “ alrededor de las 15:30 horas., la Policía Federal desplegó un aparatoso operativo en el que cientos de elementos mantuvieron asediada a la población lo que generó un ambiente de tensión que se prolongó hasta por dos horas. Esta situación se pudo distender con la mediación de Tlachinollan, a partir de la cual, la Ceteg alcanzó un acuerdo con las autoridades federales con el cual los detenidos y detenidas serían trasladados a Tlapa de nueva cuenta y que los policías serían liberados una vez que el grupo de detenidos fueran entregados en la ciudad de Tlapa; acordando además que el despliegue de las fuerzas de la Policía Federal que se llevaba a cabo en distintas Colonias aledañas de Tlapa retrocediera a unos dos kilómetros de dónde estaban retenidos los Policías, sobre la calle Heroico Colegio Militar, para evitar mayor confrontación”.
Durante la espera “alrededor de las 18.30 horas los Policías retenidos fueron ingresados a la capilla de la Colonia Tepeyac con el objetivo de resguardarlos de grupos ajenos a la colonia, para lo cual se les solicitó que dejaran en la entrada sus toletes, escudos y cascos. Cabe resaltar que hasta ese momento, los Policías no habían sido desarmados y únicamente se solicitó que se quitaran ese equipo. Dentro de la capilla se encontraban, mujeres, jóvenes y niños resguardando. En el marco de la mediación, Tlachinollan acudió a la capilla para constatar la integridad de los Policías y para informar a las familias de las personas detenidas que sus familiares estarían de regreso en Tlapa, una vez que fueran llevados a Chilpancingo por vía aérea y de ahí a Tlapa por vía terrestre”.
Sin embargo, “alrededor de las 20 horas, la Policía Federal reactivó el operativo e incursionó en la colonia incumpliendo con los acuerdos logrados entre el Gobierno Federal y los profesores de la CETEG; durante el operativo se utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y otros gases, lo que conllevó al terror entre las familias que se encontraban a la espera de noticias sobre el regreso de sus familiares detenidos”.
“Diversos testimonios dan cuenta de la posible participación de elementos del Ejército del 93 batallón de infantería con sede en Tlapa. Durante el operativo desplegado de manera desproporcionada por la Policía Federal – de acuerdo a los testimonios recogidos –, elementos de esta corporación irrumpieron en las casas particulares amedrentando a las familias de la colonia Tepeyac con gases lacrimógenos, generando un número indeterminado de heridos y personas en estado de shock”, añadió.
Al momento “ se tiene información de al menos 4 personas heridas de gravedad y una persona asesinada por herida de bala: el joven Antonio Vivar Díaz, estudiante del último año de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, con especialidad en Sistemas Normativos de Pueblos Indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Unidad 12-D de Tlapa de Comonfort, a quien le sobrevive un niño de 8 meses”.
En su llamamiento Tlachinollan recordó que “estos lamentables eventos se desarrollan en medio de una jornada electoral en Guerrero y otros estados como Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde se desplegó un alarmante número de fuerzas de seguridad estatales y federales, así como militares, que tal y como lo denunciamos hace unos días, es clara señal del retroceso autoritario que enfrenta la construcción de democracia en el país. De igual forma, los acontecimientos son un desenlace fatídico de una serie de eventos que habían sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil, como los ocurridos el viernes 5 de junio, cuando la policía estatal reprimió a integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Ceteg en Tlapa; además, permitió y respaldó la acción violenta de grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, que se enfrentaron contra los grupos sociales. Al momento se tiene registro de al menos dos personas gravemente heridas, una de ellas se encuentra hospitalizada”.
Además, estos eventos se desarrollan a ocho meses de que tres estudiantes de la Normal Ayotzinapa fueran ejecutados y 43 más desaparecidos forzadamente a manos de policías municipales de Iguala, en colusión con el crimen organizado; y a casi tres años y medio de que dos estudiantes de la misma Normal fueran ejecutados en la ciudad de Chilpancingo, luego de que fuerzas de seguridad federal y estatales abrieran fuego en un operativo fallido para disolver una manifestación estudiantil.
Ante ello “ urgimos a la sociedad civil y a la comunidad internacional a exigir: garantizar la integridad de la población de Tlapa y de las personas detenidas por la Policía Federal en las instalaciones de la Ceteg; llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el día 7 de junio, con especial atención a la ejecución del joven Antonio Vivar Díaz; así como procesar a las autoridades responsables de la misma”.
Además de “iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades Estatales y Federales que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos; garantizar la atención integral, médica y psicológica, de las personas lesionadas; y establecer la verdad y reparar integralmente los daños a las víctimas y sus familiares”.
Para exigir castigo a los agentes de la Policía Federal que en un operativo rescataron a sus compañeros que estaban retenidos por pobladores de Tlapa en donde murió de bala un maestro, profesores de la Ceteg, protestaron afuera de las instalaciones de la Comisaría Regional de esta corporación policiaca aquí en la capital del estado.
Con pintas donde se leían: “policías federales asesinos”, “fuera gobernador”, el contingente se instaló frente a las instalaciones de la PF, cuyas puertas de acceso estaban cerradas.
En el mitin que duró poco más de una hora, los maestros exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto la detención de los agentes federales que durante el operativo para rescatar a sus compañeros mataron al profesor, Antonio Vivar, este domingo en la colonia “Tepeyac” en Tlapa.
El conflicto empezó cuando los maestros y ciudadanos retuvieron a un grupo de agentes federales para canjearlos por ocho de sus compañeros que al mediodía de este domingo fueron detenidos porque presuntamente pretendían reventar la elección en Tlapa.
Más antes este grupo de manifestantes que reclama la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, incendió una camioneta en el puente del Río Jale, en esta localidad.
En conferencia de prensa al término de la protesta, Gildardo Ruiz, miembro de la dirigencia de la Ceteg, señaló que este día el magisterio disidente de la región de la Montaña inició un paro de labores por tiempo indefinido.
Reconoció que los ocho maestros que por la mañana fueron detenidos por la Policía Federal y las otras nueve personas que corrieron igual suerte durante la noche en la colonia “Tepeyac”, ya fueron dejados en libertad.
Sin embargo, dijo como consecuencia de la represión de la noche de este domingo, hay decenas de lesionados, entre ellos algunos niños.
“Además la gente de la colonia no quiere salir de sus casas debido a que tiene miedo de que sean detenidos por la Policía Federal o el Ejército Mexicano que sigue con sus patrullajes en Tlapa”, mencionó.
En tanto, este lunes, el gobierno del estado, emitió un comunicado donde da a conocer la liberación de todos los detenidos por la Policía Federal entre ellos los ocho maestros.
Ellos son: Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Ángel Basurto, Francisco Ortega, Julián Allende Chavelas, Raúl Sierra de Jesús, Herlinda Iturbe, Juan Hernández Pinzón y Agustín Luna Hernández.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, condenó estos hechos y exigió castigo a los responsables de esta represión cometida por la Policía Federal quienes detuvieron a menores de edad.
Señalan que existen versiones de que en estos hechos hubo participación de elementos del 93 Batallón de Infantería de Tlapa.
“Cabe recordar que estos lamentables se desarrollan en medio de una jornada electoral en Guerrero y en otros estados como Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde se desplegó un impresionante operativo de fuerzas de seguridad federales, estatales y del Ejército Mexicano”, señala Tlachinollan.
Este organismo de derechos humanos, exige que se realice una investigación independiente para dar con los responsables de la ejecución del profesor Antonio Vivar y procesar a los responsables de estos hechos.
Finalmente  en Chilpancingo, contingentes de la Ceteg, del sector que encabeza Reyes Ramos Guerrero, protestaron en las instalaciones de la Policía Federal, en donde exigieron al presidente Enrique Peña Nieto, castigo para a los elementos que participaron en el operativo para rescatar a sus compañeros retenidos por pobladores de Tlapa, y en donde murió Antonio Vivar.
La protesta se llevó a cabo en la Comisaría Regional de esta corporación policiaca, en donde se hicieron pintas con las leyendas: “policías federales asesinos”; “fuera gobernador”.
También hoy, el gobierno del estado, en un comunicado de prensa, informó de la liberación de los detenidos el domingo en Tlapa: Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Ángel Basurto, Francisco Ortega, Julián Allende Chavelas, Raúl Sierra de Jesús, Herlinda Iturbe, Juan Hernández Pinzón y Agustín Luna Hernández.

Mérida: La Universidad de los Andes complaciente ante el juego político desestabilizador

Inteligencia social alerta!

Afiches en la ciudad de Mérida, muestran al ciudadano Villca Fernández quien se encuentra solicitado por la justicia venezolana, ahora promocionado como "perseguido político"

Afiches en la ciudad de Mérida, muestran al ciudadano Villca Fernández quien se encuentra solicitado por la justicia venezolana, ahora promocionado como "perseguido político"

Credito: Reporteros Comunitarios de Mérida / Aporrea.org

Aula Magna de ULA, las autoridades prohiben durante el acto tomar fotos y/o videos. Ya que tienen convenios con empresas para que realicen estos servicios al graduando

Aula Magna de ULA, las autoridades prohiben durante el acto tomar fotos y/o videos. Ya que tienen convenios con empresas para que realicen estos servicios al graduando

Credito: Reporteros Comunitarios de Mérida / Aporrea.org


Mérida, 27/06/2015.- Sin duda que uno de los epicentros de la gestión política opositora en nuestra entidad, tiene su asiento por su puesto en los partidos políticos opositores, en la ultraderecha y en el sector estudiantil bajo la tutela de la Universidad de los Andes (ULA); esta casa de estudios superiores dirigida por autoridades abiertamente opositoras al “régimen”, como acostumbran a identificar al gobierno constitucional del presidente  Nicolás Maduro, desarrollan habitualmente sobre el estudiante un manejo mediático; emplean desde su Televisora ULA TV y su emisora de radio ULA FM 107.7 para dirigir  toda su artillería propagándística antigubernamental.
Es así como promocionaron por esos medios durante la primera quincena de junio una serie de paros y su “operación morrocoy” en el área administrativa,  coincidiendo en pleno periodo de graduaciones de los bachilleres que egresan de ese tormento político, a los cuales se ven sometidos por profesores y hasta por el mismo rector Mario Bonucci, quien no pierde tiempo en dictar sus “clases magistrales políticas”  durante los actos académicos.
Luego de desistir los grupos de estudiantes  universitarios de oposición, en su toma de ciertos puntos de la ciudad,  esto con la intención en “recalentar” las calles. Aparecieron afiches del ciudadano Vilca Fernández, quien se encuentra solicitado por la justicia venezolana, aparentemente identificado como uno de los líderes en Mérida de las guarimbas de 2014.
En la reciente toma de la plaza El Llano, a unas cuadras de la Plaza Bolivar de esta ciudad.  Observamos pancartas llamando “al derrocamiento del régimen”. Si la democracia no se patentara con hechos, desde un primer momento esos avisos que ilustra esta nota informativa no hubiesen podido colocarse durante semanas. Aunque los mismos violan las leyes de la República.
Hemos identificado que uno de estos grupos radicales de la ultraderecha universitaria,  se identifican en sus propagandas como: #RESISTENCIA.

Discurso de una estudiante en el acto de grado
El equipo de RCM estuvo presente en el acto académico del viernes 12 de junio en horas de la mañana, en pleno acto académico en la “Ilustre” Universidad de Los Andes, en  el aula magna, lugar donde un merecido centenar de estudiantes superando toda suerte de problemas, obstáculos, esfuerzos y sacrificios lograban culminar sus carrera y algunos.
Nos llamó la atención “la oradora de orden”, una joven que dirigió el siguiente discurso, el cual transcribimos:

 “Bueno, pensando sobre todo esto….esteee… Llegué a la conclusión que, lo mejor es este, es respetar, respetar lo que pensamos las mayorías, no autocensurarnos, pero también respetar al  que tenemos al lado, independientemente de que nos conozcamos o no, esa fue mi intención en este momento..
Sé que para muchos las cosas no están bien allá afuera, sin embargo estamos realmente ante una gran oportunidad  de demostrarle de que estamos hechos…. Una oportunidad de hacer de nuestras vidas, destinos, karma, o como cualquiera que lo llamemos; sean lo que realmente nosotros deseamos que sean.
No ser complacientes con instituciones, políticos, familiares y parejas. Eso es lo que debemos hacer todos…
Este País (nos imaginamos que es venezolana) y el mundo en general necesita de personas que tengan la valentía de quebrantar ciertas reglas… (¿…?)
Que crean en sí mismas, y que sientan pasión por sus vidas y por lo que hacen… Y espero que todos Ustedes hagan eso…”
El rector Mario Bonucci, luego de elogiar las palabras de la estudiante, selló el referido acto “académico “con su grito de guerra “ni fascismo, ni socialismo”.

domingo, 28 de junio de 2015

Tres mil cadáveres

Hay que mirar también la responsabilidad de los ministros de Defensa. Y en particular la de Camilo Ospina, que en 2005 ordenó la política del conteo de cadáveres y les puso precio: 3.800.000 pesos.
Tres mil cadáveres Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ - SEMANA
El presidente Juan Manuel Santos salta a defender “a capa y espada” a los altos oficiales en activo señalados por Human Rights Watch como posibles ordenadores o amparadores de los más de tres mil “falsos positivos” cometidos por los hombres bajo su mando en los años aciagos de los gobiernos de Álvaro Uribe. “¡Que no vengan a mancharlos!”, exige Santos. Pero si están manchados es porque

se mancharon ellos, no porque alguien se haya dado cuenta. “¡Sin ninguna documentación de soporte!”, se indigna Santos. No hay documentos, pero hay tres mil cadáveres. Tres mil asesinados disfrazados con uniforme guerrillero después de muertos. Tres mil asesinatos que a los asesinos les valieron premios, días de permiso, condecoraciones, ascensos. Que yo recuerde, fue sin soporte documental, por simple sentido común, como hace siete años el mismo Juan Manuel Santos, por entonces ministro de Defensa, destituyó de un tacazo a 17 coroneles, mayores y generales por las primeras denuncias de estos mismos terribles y vergonzosos “falsos positivos”. Lo que hace ahora HRW es simplemente pedir que se prosiga la tarea que entonces emprendió Santos.

Añade el presidente que los oficiales mencionados por la ONG de derechos humanos “solicitaron a la Fiscalía y a la Procuraduría el registro de sus antecedentes, que demuestran que no hay ni una sola investigación en su contra”. Lo cual no prueba nada; y en cambio habla muy mal de la Procuraduría y de la Fiscalía: ante la macabra y abrumadora evidencia de esos tres mil cadáveres de civiles, el 20 por ciento de los muertos reportados como bajas en combate entre 2002 y 2008, han debido iniciar de oficio investigaciones contra los posibles responsables, tanto por acción como por omisión. El nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, va más lejos en el sofisma: “Colombia –alega– lleva mucho tiempo sin poder ser acusada de violadora de derechos humanos”.

Ese no es un argumento para rebatir las acusaciones que se hacen ahora, y por añadidura no es cierto: la acusan casi a diario, y desde hace decenios. Los primeros casos de detenidos desaparecidos datan de 1977. La Corte Suprema acaba de condenar a 31 años de cárcel a los militares que asesinaron en 1993 a los negociadores de paz de la Corriente de Renovación Socialista y fingieron que habían caído en combate. Un juez acaba de condenar a 18 años al guerrillero de las Farc que asesinó a su jefe y a su compañera por la promesa de una recompensa multimillonaria que, por lo visto, no le han pagado las Fuerzas Armadas. La Fiscalía acaba de llamar a declarar a cuatro generales retirados de alto nivel de los años de plomo de Uribe, incluyendo a uno que llegó a la comandancia de las Fuerzas Militares. Pues tampoco es verdad, como afirma el presidente, que solamente se hayan “cometido errores” en materia de abusos castrenses. Son demasiados “errores”. Las habitualmente desdeñadas “manzanas podridas” dentro de la institución han acabado por pudrir el barril.

Y si el fiscal Eduardo Montealegre algo investiga, aunque lenta y tardíamente, el procurador Alejandro Ordóñez se empecina en la negativa a hacerlo. Por el contrario: acusa al acusador, siguiendo la habitual táctica de los uribistas, y sentencia campanudo:

–“La actitud del Estado colombiano debe ser de condena frente a esas acusaciones (las de HRW) ligeras y envenenadas por el sesgo que se le conoce”.

Parece que están otra vez como antes del sobresalto de decencia institucional provocado por la revelación de los “falsos positivos” en el primer momento. Otra vez como los tres monos sabios japoneses que se tapan los ojos para no ver, las orejas para no oír y la boca para no hablar.

Me parece, además, que la denuncia de Human Rights Watch se queda corta. Está muy bien que se señale la responsabilidad de la alta oficialidad, y no solo la de los cientos de soldados, cabos y tenientes ya condenados. Pero hay que mirar también la de los civiles que les trazaron el camino de las atrocidades. La de los ministros de Defensa, para empezar. Y en particular la de Camilo Ospina, que en 2005 ordenó la política del conteo de cadáveres y les puso precio: una recompensa de 3.800.000 pesos por cada guerrillero muerto. La de su jefe el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El cual no solo justificó cínicamente los “falsos positivos”, llamando “ajusticiados” a los asesinados e insultándolos después de muertos al insinuar con sonrisita pícara que “no estarían allá cogiendo café”, sino que los promovió activamente con su exigencia a los soldados de que mostraran resultados, ciertos o falsos, de victoria. Lo puedo imaginar en sus tan elogiadas rondas telefónicas de mandos militares al amanecer:

–¡Qué, coronel! ¡Y es que su batallón no combate a la Far o qué? ¿Allá no hay terroristas muertos? ¿Me va a tocar a mí ir personalmente?

Y como por milagro empezaban de inmediato a aparecer cadáveres hasta en los más urbanos cuerpos de intendencia.

Por eso muchos no quieren que se escudriñe la historia para que se esclarezca la verdad. Puede resultar incómoda.

Oficiales del Ejército montaron atentados en Bogotá previos a la posesión de Uribe

Un coronel, un mayor, un capitán y un teniente son sindicados de hacer atentados terroristas para ganar positivos. Los atentados, hechos en Bogotá con carro bombas y una casa bomba, fueron previos a la posesión presidencial. SEMANA.COM revela todos los detalles de esta acción criminal.
En el atentado del 31 de julio en la carrera 45 con calle 75 murió el ciudadano José Antonio Vargas. El plan fue maquiavélico. Sin embargo, fue realizado de manera tan torpe que sus autores dejaron todas las huellas y los rastros más visibles por lo que ahora ya están identificados. Al menos cuatro oficiales del Ejército Nacional son protagonistas de uno de los mayores escándalos de los últimos años: planearon y ejecutaron una serie de al menos siete atentados en Bogotá para posteriormente cobrar los positivos ante sus superiores. La acción de los oficiales fue tan fríamente calculada que la hicieron antes de la segunda posesión del presidente Álvaro Uribe, un escenario donde el impacto era de mayores consecuencias como en efecto ocurrió.

La gravedad de lo que hicieron estos oficiales es de tales dimensiones que en varios de los montajes de los atentados le hicieron creer a la opinión pública sobre su extraordinaria capacidad para contener los planes terroristas de las Farc al anticiparse a los hechos. Pero un atentado con un carro bomba explotó y mató al ciudadano José Antonio Vargas, quien en ese momento fue presentado como una victima más de la guerrilla.

Ese fatal atentado ocurrió el pasado 31 de julio en la carrera 45 con calle 75, en el barrio Gaitán. SEMANA.COM estableció que en total hubo al menos siete atentados. En algunos se usaron vehículos particulares, otro con un cilindro bomba y uno más con una casa bomba.

Los atentados en las cercanías de la ciudad ocurrieron en Sibaté, cuando se informó que tropas de la XIII Brigada del Ejército desactivaron una carga explosiva camuflada en un camión transportador. “La metieron como si llevaran productos agrícolas”, informó en su momento uno de los oficiales.

Este caso ocurrió cuando se hizo el hallazgo de un vehículo armado con 250 kilos de anfo en la vía que de este municipio conduce a Sibaté.

Otro de los carro bomba desactivados ocurrió con un vehículo de marca Fiat que se encontraba en la zona de Normandía, en el noroccidente de Bogotá. En ese momento se informó que la carga estaba compuesta por seis barras de indugel, metralla y un equipo de activación electrónica, ubicados dentro de una olla a presión.

Todo esto creó una sensación de pánico en la ciudadanía que creía que las Farc se venían con todo contra el presidente Uribe tal como ocurrió en su primera posesión, el 7 de agosto del 2002, cuando esta guerrilla atacó con morteros la Casa de Nariño. En esa oportunidad, uno los proyectiles impactó en la Calle del Cartucho donde murieron 19 personas, habitantes de la calle.

Para esta ocasión, las autoridades diseñaron un riguroso plan de seguridad. Estadísticas oficiales muestran que hubo una reducción en atentados terroristas del 93 por ciento con respecto a la primera posesión del presidente Uribe. El 7 por ciento restante ahora se viene a saber que fue ejecutado por el propio Ejército.

Sin embargo, fueron tan torpes en su plan que dejaron huellas tan grandes y visibles que ni siquiera hubiera hecho un aprendiz de delincuente. Por ejemplo, el mayor y el capitán, vinculados al caso, de la sección de Inteligencia de la XIII Brigada en el caso del taxi bomba en el centro comercial Caracas, contrataron a un taxista. Luego lo llevaron a las afueras de Bogotá con el pretexto de que tenía que recoger unas cajas, siempre iban vestidos con el uniforme, y luego regresaron al centro comercial un alquiler del carro. Le dijeron que le darían cinco millones de pesos si él les prestaba el carro porque lo necesitaban para hacer una vuelta. La sorpresa del taxista fue que en la noche del 17 de julio, vio en los noticieros que el Ejército estaba desactivando un carro bomba. “Vi que era mi carro”, le reveló el propio taxista a un fiscal antiterrorista días después.

El conductor no podía creer que en su carro hubiera una carga explosiva montada en dos ollas a presión. La situación para él no podía ser más ridícula y alarmante. Sin embargo, él guardó silencio porque recibió una llamada de los miembros del Ejército el 18 de julio en el que le anunciaron que tranquilo porque le iban a pagar su plata.

Entonces se pusieron una cita en el Banco Ganadero del Centro Administrativo, CAN, a escasas cuatro cuadras de la sede del Ministerio de Defensa. Los oficiales fueron tan torpes que lo acompañaron a cambiar el cheque que es de una de las 20 cuentas de la XIII Brigada. Cuando el taxista recibio los cinco millones, el mayor le propuso que dividieran la plata. “Vaya y reclame su taxi en la Fiscalía que no va a tener problemas porque el taxi no explotó”. Luego le entregan sólo 100.000 pesos y éstos se quedaron con 4.900.000 pesos. El taxista se enfureció pero se llenó de temor y cuando fue a recoger su taxi le dijeron que no se lo podian entregar en muchos meses porque estaba inmerso en un proceso por terrorismo. El taxista se indignó, acudió a la Fiscalía y reveló todo. Hoy el cheque, que es una de las pruebas reinas de estos montajes, está en poder de la Fiscalia.

No menos burdo es el caso del camión bomba mencionado anteriormente en el que los mismos oficiales consiguieron a un guerrillero conocido como ‘Culebra’, actualmente en La Picota purgando una condena de 40 años. Los mismos uniformados fueron hasta el interior de la cárcel y le plantearon un negocio en el que todos saldrían ganando. Se trató, le dicen, de dar un positivo con explosivos, por el que le pagarian 50 millones de pesos. Y lo encargaron de que él hiciera las coordinaciones con sus contactos por fuera de la cárcel. Le dejaron un celular. Este consiguió a un transportador de papa y lo contrataron para hacer un acarreo de 80 bultos de papa a Bogotá.

El contacto del guerrillero se encargó de buscar al campesino con el número de placa, la hora y la ruta del camión. Entonces el guerrillero llamó desde La Picota a los oficiales y les dio todas las indicaciones. Luego de dar el positivo al guerrillero tampoco le pagaron y este contó toda la historia, mientras que al dueño del camión, que en su momento fue presentado como miembro de las Farc, tuvieron que soltaron días después.

Estos son sólo algunos de los detalles que para la Fiscalía son absolutamente insólitos, ya que siendo miembros del Ejército, ni siquiera se cuidaron en copiar bien los métodos de las Farc. Por ejemplo, ninguna de las bombas estaba armada, todas las cargas tenían indugel, explosivo que no usa las Farc porque su velocidad de detonación es muy lenta. Todos los carros utilizados son viejos, en muy mal estado y robados. Si algo quedó en claro después del atentado en El Nogal es que las Farc no ahorran dinero a la hora de comprar los vehículos porque los nuevos no llaman la atención y tienen menos riesgos de ser parados en los retenes.

De ahí el estado de indignación del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien al enterarse de lo ocurrido ordenó al general Mario Montoya, comandante general del Ejército, a hacer una rueda de prensa donde informó de la situación y presentar excusas a la opinión pública.

La divulgación del hecho coincide con un informe publicado por SEMANA.COM en el que se analizan los 10 grandes errores que este año han manchado al Ejército y que pasan desde las torturas, el montaje de secuestros y ejecuciones extrajudiciales. (Ver artículo).

De igual manera hace recordar al caso de Emilio Vence, un director del DAS, de la seccional Atlántico, quien de igual manera se inventó unos atentados en contra del presidente Uribe, en esa ocasión durante su primera posesión, también con el objetivo de sumar positivos para cobrar logros.

El general Montoya, visiblemente consternado se limitó a leer un comunicado que dice:

COMUNICADO DE PRENSA

7 de septiembre de 2006.- De acuerdo con las políticas de transparencia del Gobierno y para dar cumplimiento al compromiso que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han asumido con los colombianos, de informar oportunamente cuando tengan conocimiento sobre hechos que supongan conductas indebidas por parte de miembros de la institución, lamento informar a la opinión pública:

1. El reciente atentado con un carro bomba en el que resultaron heridos varios soldados y muerto un ciudadano, que fue atribuido en su momento a grupos al margen de la ley, así como el supuesto decomiso de varios explosivos en los últimos dos meses, al parecer no corresponde a la realidad.
2. Estos engaños podrían haber sido perpetrados por personas inescrupulosas entre las que se encuentran dos oficiales del Ejército.
3. La Fiscalía General de la Nación que adelanta la investigación, cuenta con nuestro total apoyo.
4. Es de veras deplorable que estos hechos ocurran, pero el país debe tener la certeza de que seremos los primeros en comunicarlos a la opinión pública.
5. Invito a los hombres y mujeres que desde las Fuerzas Militares sirven a la patria con honor y firmeza a que continúen denunciando a quienes, traicionando los principios militares, incurran en actividades criminales que atenten contra los colombianos.
6. También invito a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier irregularidad o hecho delictivo del que tengan conocimiento.

¿Derechos Humanos en Colmbia? Vea el video

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Alcedo Mora, desaparecido, y la desesperanza comienza a corroer corazones







Es aflictivo eso de jerarquizar los crímenes de lesa humanidad, sobre todo si se cometen en periodos históricos cuando la preservación de los derechos humanos debe ser principio y fin, cuando el humanismo tiene que prevalecer, cuando se enaltece la vida y se censura la muerte.  De los crímenes alevosos, por la incertidumbre que conlleva, la desaparición de personas es de los más horrorosos; crea un limbo compartido por los deudos y por todos los seres sensibles que se ven alcanzados por la noticia, y el esfuerzo que las instituciones del Estado deben realizar para resolver la anormalidad, debe ser descomunal, hasta las últimas consecuencias.  La Defensoría del Pueblo es el pivote de las instituciones con que contamos para enfrentar revolucionariamente la solución de violaciones graves de los derechos humanos, y allí sí debe jerarquizarse los casos concretos que están ocurriendo y exigir a las instancias pertinentes que se tomen las medidas que conduzcan a la solución de las irregularidades.
¿Se está haciendo eso con Alcedo Mora, camarada desaparecido desde hace más de cuatro meses?  ¿Basta con que la Defensoría del Pueblo “muestre su preocupación por la lenta marcha de las investigaciones”?  ¿Cómo se manifiesta la presión necesaria ante el Cicpc, los organismos de inteligencia del Estado, el Ministerio Público y todos los entes que deben movilizarse para esclarecer este “terrible drama”?  ¿Cuándo voceros de estos organismos informarán sobre lo actuado?  ¿Su silencio se puede traducir como inacción o como fracaso de sus actuaciones?  ¿Qué quiso decir el Defensor del Pueblo con esta frase de antología: “Entendemos lo complicado de tales investigaciones, en tanto las desapariciones de los citados ciudadanos ocurrieron de forma atípica”?

Si consideramos que está suficientemente demostrado que los cuerpos de investigación del país no se chupan el dedo, y que todos los casos de delitos y crímenes con trascendencia política, por muy enmarañados que se hayan presentado, han sido resueltos, le da otro cariz el caso de Alcedo Mora y el de otros desaparecidos que actualmente se investigan.  Podríamos pensar que existe falta de voluntad para esclarecer lo que le sucedió a Alcedo Mora, y que esa actitud se debe a la exactitud de rumores que se han difundido en torno a su desaparición.

El exhorto implícito en este escrito es que se profundice y acelere la investigación sobre la desaparición de Alcedo Mora, que el defensor del pueblo se coloque al frente de ella presionando lo necesario, denunciando las fallas, informando permanentemente al país.  Con responsabilidad, decisión y arrojo, que es como se defiende los derechos humanos del pueblo.  

La actitud oficial en el caso de Alcedo ha causado mucho daño.  La duda y la desesperanza comienza a corroer corazones; la impotencia desubica, pero la lucha por conocer la verdad no ceja.  Por otra parte, siempre hay almas carroñeras que aprovechan situaciones dolorosas para abanderar propósitos insanos, y también están actuando en nombre de su odio y perversidad.  El único remedio ante esto, que muy pronto aparezca Alcedo y los culpables de su desaparición sean castigados ejemplarmente.
(NB: Los entrecomillados provienen de tuitazos de @TarekWiliamSaab del 19/06)



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sábado, 27 de junio de 2015

Colombian Army Murdered Thousands of Civilians with the Help of US Tax Dollars

By Claire Bernish

A disturbing report published Wednesday by Human Rights Watch details how the Colombian military callously murdered thousands of innocent civilians and dressed their lifeless bodies in leftist rebels’ uniforms, just to artificially inflate the body count for a period of at least six years. The commander of the armed forces and other senior army brass knew about it the whole time.

Somewhat euphemistically termed “extrajudicial killings,” the practice has been recognized for some time, but HRW found evidence in previously unpublished prosecutorial records that the practice was far more extensive and systematic than previously realized.

Prosecutors are currently investigating 3,700 deaths caused by state agents. From 2002-2008, the report, titled “On Their Watch: Evidence of Senior Army Officers’ Responsibility for False Positive Killings in Colombia,” revealed that more than 180 brigades and tactical units—and their commanders—were responsible for murders of civilians. These “false positives” bolstered records at a time when success in the ongoing war was measured in dead rebel bodies. According to the report:
"Under pressure from superiors to show ‘positive’ results and boost body counts in their war against guerrillas, soldiers and officers abducted victims or lured them to remote locations under false pretenses—such as promises of work—killed them, placed weapons on their lifeless bodies, and then reported them as enemy combatants killed in action. Committed on a large scale for more than half a decade, these ‘false positive’ killings constitute one of the worst episodes of mass atrocity in the Western Hemisphere in recent decades […] This report provides the most detailed published account to date,” of what is “now substantial evidence that senior army officers were responsible for many of the killings [who] at least knew or should have known about the [the practice], and therefore may be criminally liable as a matter of command responsibility."


Suspicious mitigating circumstances and irregularities surrounding death counts—dubbed “entirely obvious” in the report—led HRW to believe there could be no plausible denial of awareness by senior army officers that the murders were occurring.

In just one example, a former 16th Brigade lieutenant testified that “with the rank of a colonel and the experience you could have at this rank it is no secret that the troops . . . [were] killing innocent people who had nothing to do with the conflict and were reported with weapons that the guerrilla does not use to confront you with.” In another instance, two unnamed battalion officials described regular meetings with their commanders to plan how to lure victims to their deaths. Once those schemes had been carried out, the officials were often rewarded with vacation time.

But holding the appropriate parties accountable for the murders has been a complicated process. Prosecutors face the seeming complicity of military judges, defense attorneys, and army officials who create “bogus delay tactics” such as refusing to hand over necessary documents. Ongoing threats and attacks on key witnesses—including a likely retaliatory murder—have hindered progress significantly.

It is extremely important to note that the United States government began the “Plan Colombia” aid project in 2000 under President Clinton. The U.S. has since donated over $6.5 billion to the country, with the vast majority earmarked for military and police.

According to Amnesty International, which is calling for an end to aid because of these exact human rights abuses, “in 2006, U.S. assistance to Colombia amounted to an estimated $728 million, approximately 80% of which was military and police assistance.” This was, of course, during the height of the military’s practice of killing civilians.

Last year, the Fellowship of Reconciliation (FOR) issued an extensive report that found a frightening link between U.S. assistance and human rights abuses. It states:
Based on data on 5,763 reported executions in Colombia and extensive documentation of U.S. assistance to the Colombian military, we found a positive correlation between the units and officers that received U.S. assistance and training, and the commission of extrajudicial killings.
Also revealed by the telling FOR report:
U.S. military training […] is practically a required step for the promotion of a Colombian Army officer.” And of those so trained, “12 of them48%had either been charged with a serious crime or had commanded units whose members had reportedly committed multiple extrajudicial killings […] Our findings call into question much of the assumed wisdom about military assistance programs […] The U.S. Congress and State Department must take action to ensure U.S. tax dollars no longer bankroll military units that bankroll executions in Colombia.” [emphasis added].
FOR concludes by recommending ten conditions for the continuance of any further U.S. assistance to Colombia, including close monitoring of units and personnel for human rights abuses as well as judging progress by actual conduct rather than promotions of personnel.

Though a “human rights certification” by the Secretary of State—which ostensibly tracks Colombia’s progress—once covered 100% of U.S. security assistance, it has since been lowered to apply to just 25% of monetary aid, rendering the stipulation ineffective at instituting any realistic change.

Human Rights Watch is calling for the U.S. to “enforce human rights conditions on military aid,” with suspension of all assistance should the country further breach policy. The group is also urging the International Criminal Court to hold Colombia under tighter scrutiny in ongoing prosecutions.

Claire Bernish writes for TheAntiMedia.org, where this article first appeared. Tune in! The Anti-Media radio show airs Monday through Friday @ 11pm Eastern/8pm Pacific.

Venezuela condena ataques terroristas perpetrados en Francia, Kuwait y Túnez

Ataque terrorista en playa de Túnez, perpetrado el viernes 26 de Junio

Ataque terrorista en playa de Túnez, perpetrado el viernes 26 de Junio

Credito: @Chevronec

27 de Junio.- Con motivo de los ataques terroristas perpetrados en Francia, Kuwait y Túnez, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, emitió el siguiente comunicado:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES
COMUNICADO
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena categóricamente los ataques perpetrados en Francia, Kuwait y Túnez, este último asumido por el autodenominado Estado Islámico (EI). Del mismo modo expresa su más enérgico rechazo al terrorismo en cualquiera de sus expresiones.
La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la paz y la concordia, con el respeto a la vida por encima de cualquier cosa. En necesario que la comunidad internacional trabaje profundamente en fórmulas para la erradicación del terrorismo, que la humanidad esté en el centro de cada acción. Es intolerable la pérdida de vidas inocentes a manos del odio y la intolerancia.
La República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a la reflexión de todos los países del mundo, pues estos hechos que causan conmoción son producto del caos creado gracias a las armas entregadas por organizaciones occidentales a diferentes grupos terroristas, que han permitido la extensión de la violencia en países de distintas regiones, debido a las alianzas de extremistas terroristas.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace extensivas sus palabras de condolencia y solidaridad a todos los familiares de las víctimas y a sus pueblos. Del mismo modo hace votos para continuar trabajando incansablemente en la búsqueda de la paz.

ASESINADO POR PARAMILITARES...CORONEL OMAR MANZANARES....EXJEFE DE SEGURIDAD GUARICO



¿Casualidad?


viernes, 26 de junio de 2015

Defensor investiga denuncia de presunta desaparición forzada de tres personas en Mérida

Saab visitó la delegación de la Defensoría en la entidad

26 junio 2015 | Haga un comentario
El abogado aseguró que los casos de Alcedo Mora, Esneider Vergel y Eliezer Vergel están relacionados

Cuatro fiscales del Ministerio Público y un equipo especial de Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan en Mérida la denuncia de la presunta desaparición forzada de tres ciudadanos.
El defensor del pueblo y presidente del Poder Ciudadano, Tareck William Saab, visitó este jueves la delegación de la Defensoría del Pueblo en la capital merideña, donde informó sobre la investigación que siguen las autoridades respecto a la desaparición de tres personas en la entidad.
“Hemos dicho que mientras más se tarde una investigación sobre un tema de desaparición forzada, más se favorece a la impunidad. He hecho un llamado serio, contundente, como defensor del pueblo y presidente del Poder Ciudadano, para que el Ministerio Público y los órganos policiales aceleren la investigación”, recalcó el defensor del pueblo en relación al caso de los ciudadanos Alcedo Mora, Esneider Vergel y Eliezer Vergel.
Saab destacó que los tres ciudadanos estaban en lugares diferentes, pero señaló que las tres desapariciones estarían relacionadas.
“Hay interés por parte del Estado Venezolano para resolver este tema. Nosotros hemos pedido acelerar la investigación y hemos acompañado a los familiares como peticionarios, para que se esclarezca la verdad, se haga justicia y se determine el móvil en este caso atípico”, dijo.
“La desaparición de Alcedo Mora está directamente vinculada a la desaparición de los hermanos Vergel. El por qué, es algo que se está trabajando, pero sí puedo decir con toda propiedad que las tres desapariciones forman parte del mismo móvil”, aseguró.
Alcedo Mora, trabajador de la Gobernación de Mérida y dirigente de izquierda, Esneider Vergel y Eliezer Vergel se encuentran desaparecidos desde el pasado 27 de febrero de 2015.
T/ Redacción CO-AVN
F/Cortesía

China da un 'jalón de orejas' a EEUU por sus "descaradas" violaciones de los derechos humanos

Credito: Taringa

26 junio 2015 - En respuesta al informe sobre derechos humanos en el mundo publicado por EE.UU., China divulgó su propio estudio sobre la "preocupante" situación de los derechos humanos que se vive en la nación norteamericana.
Este jueves el Departamento de Estado estadounidense publicó su informe anual sobre los derechos humanos en otros países, en el que hace hincapié en las violaciones sistemáticas de estos principios en el gigante asiático y en particular denuncia la represión, la restricción de la libertad de expresión y de prensa, el "fuerte" control de Internet y la censura, entre otros problemas.
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Por su parte, el documento elaborado por la Oficina de Información del Consejo de Estado chino y citado por la agencia Xinhua, señala que la parte estadounidense hizo comentarios sobre la situación de los derechos humanos en muchos países sin mostrar un mínimo de arrepentimiento o de intención de mejorar el terrible registro en materia de derechos humanos de su propio país.
"Abundantes datos muestran que en 2014 EE.UU., defensor autoproclamado de los derechos humanos, no experimentó ninguna mejora en cuestión de derechos humanos y, más bien, registró numerosos nuevos problemas", apunta el informe. Además subraya que Washington incluso violó los derechos humanos en otros países de una "manera más descarada".
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El informe señala la propagación en el país norteamericano de las armas de fuego, que ponen en peligro la vida de sus ciudadanos, y el uso excesivo de la fuerza policial que provocó la muerte de muchas personas y el descontento público. Pekín además recordó las "crueles torturas" de la CIA y la discriminación racial y los prejuicios raciales en el sistema policial y judicial estadounidense.
Los derechos humanos es uno de los temas más sensibles en las relaciones entre EE.UU. y China. Washington frecuentemente acusa a las autoridades chinas de violar estos principios y Pekín ha instado en repetidas ocasiones a EE.UU. a ocuparse de los problemas con los derechos humanos en su país y no actuar como "juez internacional" interfiriendo en los asuntos de otros países.