PROPAZ
Movimiento Merideño
en Pro de la Paz
"...Haremos la PAZ, que es la victoria más completa que podemos obtener contra los enemigos."
Simón Bolívar
Elementos armados atacan a efectivos militares y de la GNB en El Guarataro
Credito: @RSalini )
Mérida; 29/06/2015.- Ya lo advertía el periodista recientemente
galardonado José Vicente Rangel en su programa dominical “Jose Vicente
Hoy”, que en nuestro país se encuentran establecidos campos de
paramilitares los cuales se ubican en diversos puntos de la ciudad
capital y del país. Siguiendo estas afirmaciones, observamos como previo
a las elecciones internas del “Partido Socialista Unido de Venezuela”
(Psuv) llevadas a cabo este domingo pasado 28 de junio. Se han
presentado diversos sucesos trágicos, los cuales rompen con los esquemas
de simples acciones delincuenciales que azotan al país; desde el
análisis profundo se puede observar que detrás de estas acciones armadas
se esconde el cerebro del paramilitarismo el cual busca con mayor
intensidad y poder de fuego quebrantar nuevamente la paz ciudadana.
Las "guarimbas" ya fracasadas pero que sirvieron para probar la
respuesta oficial, y el respaldo popular pasan a un seguno término, y
aparecen los grupos comandos con armamento de guerra dispuestos a
enfrentarse al ejército como probando la capacidad de respuesta y/o
poder de fuego del lado oficial. Asi como la logistica y respuesta del
mismo.
En este orden de ideas, recordemos los sucesos aparentemente "aislados"
que acompañaron la semana previa a las elecciones internas del Psuv. Y
otros que se presentaron durante el fin de semana de los comicios del
partido de gobierno.
El jueves 25 de junio registró la prensa nacional, el asesinado del jefe
de guardaespaldas y asistente del Diputado de la Asamblea Nacional
Freddy Bernal, además supervisor jefe de Policaracas, Maicker Vásquez.
El efectivo Maicker Vásquez recibió varios disparos en la cabeza, luego
que cinco sujetos quienes se identificaron como funcionarios del CICPC
lo abordaran a la altura del elevado de La Yaguara.
Vásquez, acompañado de su esposa, una vez interceptado, detiene el vehículo y se baja de la camioneta Ford Runner,
los supuestos efectivos vestidos de civil con chalecos antibalas a
bordo de un vehículo tipo sedán color plateado, accionaron contra la
humanidad del guardaespaldas hiriéndolo mortalmente. Asesinan a escolta de la diputada a la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout
El guardaespaldas Carlos Manuel Pulgar Siso de 30 años, quien este
viernes pasado se desplazaba en una moto particular en compañía de su
esposa por la autopista Caracas-La Guaira. Justo al salir del túnel La
Planicie sentido hacia Caracas, cuatro delincuentes emboscaron a la
pareja, los obligaron a detenerse, para posteriormente efectuarle dos
disparos hiriéndolo de muerte. Lo despojaron de su arma de fuego y de
todas sus pertenecías.
Carlos Manuel Pulgar Siso era funcionario asimilado de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar; en la actualidad cumplía
funciones como escolta de la diputada a la Asamblea Nacional y candidata
del PSUV, Blanca Eekhout. Tres centros electorales fueron atacados por elementos armados
Sucesivas acciones paramilitares las cuales se presentaron en tres
ocasiones en igual número de centros electorales, interrumpieron la paz
ciudadana; pero afortunadamente fueron repelidos con prontitud y éxito
por efectivos del Ejército y Guardia Nacional Bolivariana.
El viernes en la mañana se dió el primer ataque en la “Escuela Bogotá”,
en el barrio “Los Sin Techo”, El Cementerio, según reportes militares.
Al sector llegaron en vehículo militar 11 efectivos del Ejército
Nacional pertenecientes al Batallón 312 Grupo Ayala quienes pasarían
revista al centro de votación. Cerca de la Escuela fueron recibidos con
tiros de fusil y pistolas.
Los efectivos del Ejército respondieron disparando al grupo de siete
hombres que corrieron y se replegaron. Según testigos, fueron siete
minutos de fuego continuo tras neutralizar la acción terrorista.
En la zona se encontraron cartuchos percutados de fusil R-15 y pistolas 45. No se reportaron muertos ni heridos. Grupo comando intenta asaltar escuela en El Guarataro
Ese mismo viernes, pero a las 9 pm, un grupo de 50 elementos portando
armas largas y granadas se presentaron en la entrada de la “Escuela
Angel Rivas Darwin” ubicada en el sector La Soledad, El Guarataro.
Dispararon y exigieron que los cuatro efectivos del Ejército en custodia
del centro de votación salieran y entregaran sus armas.
Posteriormente al llamado de auxilio de los militares, se presentaron
un grupo de 80 efectivos de la GNB en 40 motos y dos tanquetas. Durante
el operativo salió herido en un brazo el sargento José Briceño. Tercer ataque terrorista
El tercer ataque ocurrió este domingo en la mañana otra vez en “Los Sin
Techo”, pero en esta oportunidad en la “Escuela Prudencio Díaz”. A
punta de ráfaga de disparos recibieron a las comisiones de la GNB, lo
que impidió activar ese centro de votación. Los elementos armados se
atrincheraron en la capilla del “Santo Sepulcro” desde donde disparaban. Asesinan a Guardaespaldas privado del “Colectivo 5 de Marzo”
Humberto Alexander Guerrero (30) fue asesinado con tiros de pistola y
escopeta, contó su padre José Díaz que su hijo era escolta privado e
integrante del “Colectivo 5 de Marzo”.
Este crimen ocurrió el sábado a las 11:30 am en el sector La Ceibita de
El Valle. A esa hora, Humberto Alexander salía de la casa donde reside
la madre de su hija. Venía con un bolso de ropa. Tres sujetos lo
interceptaron y Humberto intentó defenderse con su arma pero no le
funcionó. Los sujetos le disparan con una 9 mm y luego lo remataron con
un tiro de escopeta, narró el papá del fallecido quien agregó que todo
esto fue visto por la madre de su hija y una hijastra. “Le robaron el
arma y todo lo demás”, indicó.
Recordó que su hijo fue a prestar apoyo al Ministro del Deporte Pedro
Infante, cuando su caravana fue atacada a tiros la semana pasada en la
Cota 905.
Clara
Vidal, Viceministra para los Pueblos Indígenas hizo uso de su derecho
de palabra durante la presentación de un informe por parte de Venezuela
ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas.
En sus declaraciones la viceministra afirmó los avances en la
protección y proyección de los pueblos indígenas en el país. Destacó la
presencia de una mujer indígena como vocera del Gobierno. “Venezuela es
un ejemplo para el mundo por tener un Ministerio para los asuntos de los
pueblos originarios”, expresó.
Manifestó Vidal los indiscutibles avances del Gobierno sobre el
derecho de la propiedad colectiva, mientras que el 66,5% de las
solicitudes de demarcación han obtenido fallos a favor de los pueblos
indígenas. “Plan Yukpa aprobado en la gaceta N° 39046 asegura la defensa
e integridad territorial de los pueblos originarios”, explicó a la
Comisión.
Asimismo, intervino Rubén Darío Molina, Director de Asuntos
Multilaterales de la Cancillería de Venezuela, denunció la parcialidad
política de la #CIDH para sectores burgueses y de derecha venezolanos.
Indicó que los integrantes de las diversas ONG´s “acceden a todos los
organismos internacionales y no hay persecución política en el país”.
A través de la cuenta Twitter @vencancilleria, se recogieron las
declaraciones de los altos funcionarios, entre las que resalta las
Molina quien señaló que “nuestras organizaciones populares no son
violentas, son para garantizar los DDHH”
Finalmente Molina denunció la parcialidad y la toma de posición política del Comité de Derechos Civiles y Políticos. Hoy Venezuela
Molina: Denuncia parcialidad política de la #CIDH para sectores burgueses y de derecha venezolanos #DialogoVzlaONU
— Cancillería Vzla (@vencancilleria) junio 30, 2015
Regeneración, 8 de junio de 2015. Desde Tlapa, Guerrero, el Centro de Derechos Humanos
de la Montaña
Tlachinollan denunció que “la Policía Federal abrió
fuego en contra de población de Tlapa de Comonfort después de un
operativo fallido”, cuyo resultado fue un maestro asesinado y cuatro
personas heridas.
En tanto, se denunció que por la
madrugada de este día fueron incendiados dos vehículos, un tráiler
cargado con cemento y una camioneta Nissan, en las inmediaciones del
poblado de Almolonga, municipio de Tixtla, por presuntos civiles que
iban encapuchados.
Según testigos se escuchó el estallido de un artefacto, y fue cuando
se incendió el tráiler que transportaba cemento, que presuntamente se
entregaría en el marco del proceso electoral; minutos después se le
prendió fuego también a una camioneta Nissan, en el que al parecer
viajaban los responsables del traslado.
El Centro Tlachinollan narró los hechos en el que perdió la vida el
maestro Antonio Vivar Díaz: “El día de hoy 7 de junio de 2015, en el
marco de la jornada electoral, alrededor de las 14:30 horas, dos
patrullas con número económico 1699 y 1566 de la Policía Federal (PF)
con al menos 24 elementos allanó arbitrariamente las oficinas de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores
del Estado de Guerrero (Ceteg) en Tlapa de Comonfort, ubicada en la
colonia Tepeyac a un costado de la Delegación Regional de la Montaña de
Servicios Educativos de la Secretaría de Educación
de Guerrero (SEG), en el que detuvieron violentamente a un grupo de
maestros; 6 hombres, entre ellos un menor de edad: Juan Sánchez Gaspar,
Pablo Abad Díaz, Julián Ayerdi Chavelas, Raúl Sierra de Jesús, Francisco
Ortega Vicente, Ángel Basurto Ortega; 2 mujeres: Agustina Luna Martínez
y Herlinda Iturbide Pinzón; sin ninguna orden de aprehensión”.
Agregó “de manera particular el profesor Juan Sánchez Gaspar fue
sustraído de su domicilio ubicado a un costado del edificio de la Ceteg,
al cual la Policía Federal irrumpió de manera arbitraria. Cabe señalar
que el profesor Juan Sánchez es padre del docente Juan Leuguín Sánchez,
quien fuera golpeado brutalmente por la Policía Estatal, en coordinación
con grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos
políticos, el pasado viernes 5 de junio de 2015 en esta misma ciudad”.
Posterior a la detención de los profesores “ al menos 35 elementos de
la Policía Federal ingresaron nuevamente a bordo de tres patrullas con
número económico 16998, 15442 y 17119 a la colonia Tepeyac con el fin de
catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas de la
Coordinadora, para lo cual se apoyaron de dos grúas de tránsito
estatal”.
Al ser testigos de la arbitrariedad de los hechos “ diversos vecinos y
vecinas de la colonia aledaña, salieron a las calles y comenzaron a
reclamar a los policías sus actos. El altercado escaló y ante la
indignante imagen de la detención arbitraria y el cateo de las oficinas
de la Ceteg, los pobladores de la colonia impidieron la salida al grupo
de 35 Policías Federales y advirtieron que no los dejarían ir, hasta que
fueran liberados los detenidos y detenidas arbitrariamente, quienes
estaban siendo trasladados por vía aérea a la ciudad de México en un
helicóptero de la Marina”.
Como respuesta a la retención, agregó Tlachinollan “ alrededor de las
15:30 horas., la Policía Federal desplegó un aparatoso operativo en el
que cientos de elementos mantuvieron asediada a la población lo que
generó un ambiente de tensión que se prolongó hasta por dos horas. Esta
situación se pudo distender con la mediación de Tlachinollan, a partir
de la cual, la Ceteg alcanzó un acuerdo con las autoridades federales
con el cual los detenidos y detenidas serían trasladados a Tlapa de
nueva cuenta y que los policías serían liberados una vez que el grupo de
detenidos fueran entregados en la ciudad de Tlapa; acordando además que
el despliegue de las fuerzas de la Policía Federal que se llevaba a
cabo en distintas Colonias aledañas de Tlapa retrocediera a unos dos
kilómetros de dónde estaban retenidos los Policías, sobre la calle
Heroico Colegio Militar, para evitar mayor confrontación”.
Durante la espera “alrededor de las 18.30 horas los Policías
retenidos fueron ingresados a la capilla de la Colonia Tepeyac con el
objetivo de resguardarlos de grupos ajenos a la colonia, para lo cual se
les solicitó que dejaran en la entrada sus toletes, escudos y cascos.
Cabe resaltar que hasta ese momento, los Policías no habían sido
desarmados y únicamente se solicitó que se quitaran ese equipo. Dentro
de la capilla se encontraban, mujeres, jóvenes y niños resguardando. En
el marco de la mediación, Tlachinollan acudió a la capilla para
constatar la integridad de los Policías y para informar a las familias
de las personas detenidas que sus familiares estarían de regreso en
Tlapa, una vez que fueran llevados a Chilpancingo por vía aérea y de ahí
a Tlapa por vía terrestre”.
Sin embargo, “alrededor de las 20 horas, la Policía Federal reactivó
el operativo e incursionó en la colonia incumpliendo con los acuerdos
logrados entre el Gobierno Federal y los profesores de la CETEG; durante
el operativo se utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y otros
gases, lo que conllevó al terror entre las familias que se encontraban a
la espera de noticias sobre el regreso de sus familiares detenidos”.
“Diversos testimonios dan cuenta de la posible participación de
elementos del Ejército del 93 batallón de infantería con sede en Tlapa.
Durante el operativo desplegado de manera desproporcionada por la
Policía Federal – de acuerdo a los testimonios recogidos –, elementos de
esta corporación irrumpieron en las casas particulares amedrentando a
las familias de la colonia Tepeyac con gases lacrimógenos, generando un
número indeterminado de heridos y personas en estado de shock”, añadió.
Al momento “ se tiene información
de al menos 4 personas heridas de gravedad y una persona asesinada por
herida de bala: el joven Antonio Vivar Díaz, estudiante del último año
de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, con especialidad
en Sistemas Normativos de Pueblos Indígenas en la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) en la Unidad 12-D de Tlapa de Comonfort, a quien le
sobrevive un niño de 8 meses”.
En su llamamiento Tlachinollan recordó que “estos lamentables eventos
se desarrollan en medio de una jornada electoral en Guerrero y otros
estados como Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde se desplegó un alarmante
número de fuerzas de seguridad estatales y federales, así como
militares, que tal y como lo denunciamos hace unos días, es clara señal
del retroceso autoritario que enfrenta la construcción de democracia
en el país. De igual forma, los acontecimientos son un desenlace
fatídico de una serie de eventos que habían sido denunciados por
organizaciones de la sociedad civil, como los ocurridos el viernes 5 de junio, cuando la policía estatal reprimió a integrantes del Movimiento Popular Guerrerense
(MPG) y de la Ceteg en Tlapa; además, permitió y respaldó la acción
violenta de grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos
políticos, que se enfrentaron contra los grupos sociales. Al momento se
tiene registro de al menos dos personas gravemente heridas, una de
ellas se encuentra hospitalizada”.
Además, estos eventos se desarrollan a ocho meses de que tres estudiantes
de la Normal Ayotzinapa fueran ejecutados y 43 más desaparecidos
forzadamente a manos de policías municipales de Iguala, en colusión con
el crimen organizado; y a casi tres años y medio de que dos estudiantes
de la misma Normal fueran ejecutados en la ciudad de Chilpancingo, luego
de que fuerzas de seguridad federal y estatales abrieran fuego en un
operativo fallido para disolver una manifestación estudiantil.
Ante ello “ urgimos a la sociedad civil y a la comunidad
internacional a exigir: garantizar la integridad de la población de
Tlapa y de las personas detenidas por la Policía Federal en las
instalaciones de la Ceteg; llevar a cabo una investigación
independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el día
7 de junio, con especial atención a la ejecución del joven Antonio
Vivar Díaz; así como procesar a las autoridades responsables de la
misma”.
Además de “iniciar los procesos administrativos y judiciales contra
autoridades Estatales y Federales que faltaron a su deber de prevenir
razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos;
garantizar la atención integral, médica y psicológica, de las personas
lesionadas; y establecer la verdad y reparar integralmente los daños a
las víctimas y sus familiares”.
Para exigir castigo a los agentes de la Policía Federal que en un
operativo rescataron a sus compañeros que estaban retenidos por
pobladores de Tlapa en donde murió de bala un maestro, profesores de la
Ceteg, protestaron afuera de las instalaciones de la Comisaría Regional
de esta corporación policiaca aquí en la capital del estado.
Con pintas donde se leían: “policías federales asesinos”, “fuera
gobernador”, el contingente se instaló frente a las instalaciones de la
PF, cuyas puertas de acceso estaban cerradas.
En el mitin que duró poco más de una hora, los maestros exigieron al
gobierno de Enrique Peña Nieto la detención de los agentes federales que
durante el operativo para rescatar a sus compañeros mataron al
profesor, Antonio Vivar, este domingo en la colonia “Tepeyac” en Tlapa.
El conflicto empezó cuando los maestros y ciudadanos retuvieron a un
grupo de agentes federales para canjearlos por ocho de sus compañeros
que al mediodía de este domingo fueron detenidos porque presuntamente
pretendían reventar la elección en Tlapa.
Más antes este grupo de manifestantes que reclama la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, incendió una camioneta en el puente del Río Jale, en esta localidad.
En conferencia de prensa
al término de la protesta, Gildardo Ruiz, miembro de la dirigencia de
la Ceteg, señaló que este día el magisterio disidente de la región de la
Montaña inició un paro de labores por tiempo indefinido.
Reconoció que los ocho maestros que por la mañana fueron detenidos
por la Policía Federal y las otras nueve personas que corrieron igual
suerte durante la noche en la colonia “Tepeyac”, ya fueron dejados en
libertad.
Sin embargo, dijo como consecuencia de la represión de la noche de
este domingo, hay decenas de lesionados, entre ellos algunos niños.
“Además la gente de la colonia no quiere salir de sus casas debido a
que tiene miedo de que sean detenidos por la Policía Federal o el
Ejército Mexicano que sigue con sus patrullajes en Tlapa”, mencionó.
En tanto, este lunes, el gobierno del estado, emitió un comunicado
donde da a conocer la liberación de todos los detenidos por la Policía
Federal entre ellos los ocho maestros.
Ellos son: Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Ángel Basurto,
Francisco Ortega, Julián Allende Chavelas, Raúl Sierra de Jesús,
Herlinda Iturbe, Juan Hernández Pinzón y Agustín Luna Hernández.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, condenó estos hechos y exigió castigo a los responsables
de esta represión cometida por la Policía Federal quienes detuvieron a
menores de edad.
Señalan que existen versiones de que en estos hechos hubo participación de elementos del 93 Batallón de Infantería de Tlapa.
“Cabe recordar que estos lamentables se desarrollan en medio de una
jornada electoral en Guerrero y en otros estados como Oaxaca, Michoacán y
Chiapas, donde se desplegó un impresionante operativo de fuerzas de
seguridad federales, estatales y del Ejército Mexicano”, señala
Tlachinollan.
Este organismo de derechos humanos, exige que se realice una
investigación independiente para dar con los responsables de la
ejecución del profesor Antonio Vivar y procesar a los responsables de
estos hechos.
Finalmente en Chilpancingo, contingentes de la Ceteg, del sector que
encabeza Reyes Ramos Guerrero, protestaron en las instalaciones de la
Policía Federal, en donde exigieron al presidente Enrique Peña Nieto,
castigo para a los elementos que participaron en el operativo para
rescatar a sus compañeros retenidos por pobladores de Tlapa, y en donde
murió Antonio Vivar.
La protesta se llevó a cabo en la Comisaría Regional de esta
corporación policiaca, en donde se hicieron pintas con las leyendas:
“policías federales asesinos”; “fuera gobernador”.
También hoy, el gobierno del estado, en un comunicado de prensa,
informó de la liberación de los detenidos el domingo en Tlapa: Juan
Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Ángel Basurto, Francisco Ortega, Julián
Allende Chavelas, Raúl Sierra de Jesús, Herlinda Iturbe, Juan Hernández
Pinzón y Agustín Luna Hernández.
Afiches en la ciudad de Mérida, muestran al ciudadano Villca
Fernández quien se encuentra solicitado por la justicia venezolana,
ahora promocionado como "perseguido político"
Credito: Reporteros Comunitarios de Mérida / Aporrea.org
Aula Magna de ULA, las autoridades prohiben durante el acto tomar
fotos y/o videos. Ya que tienen convenios con empresas para que realicen
estos servicios al graduando
Credito: Reporteros Comunitarios de Mérida / Aporrea.org
Mérida, 27/06/2015.- Sin duda que uno de los epicentros de la gestión
política opositora en nuestra entidad, tiene su asiento por su puesto en
los partidos políticos opositores, en la ultraderecha y en el sector
estudiantil bajo la tutela de la Universidad de los Andes (ULA); esta
casa de estudios superiores dirigida por autoridades abiertamente
opositoras al “régimen”, como acostumbran a identificar al gobierno
constitucional del presidente Nicolás Maduro, desarrollan habitualmente
sobre el estudiante un manejo mediático; emplean desde su Televisora
ULA TV y su emisora de radio ULA FM 107.7 para dirigir toda su
artillería propagándística antigubernamental.
Es así como promocionaron por esos medios durante la primera quincena de
junio una serie de paros y su “operación morrocoy” en el área
administrativa, coincidiendo en pleno periodo de graduaciones de los
bachilleres que egresan de ese tormento político, a los cuales se ven
sometidos por profesores y hasta por el mismo rector Mario Bonucci,
quien no pierde tiempo en dictar sus “clases magistrales políticas”
durante los actos académicos.
Luego de desistir los grupos de estudiantes universitarios de
oposición, en su toma de ciertos puntos de la ciudad, esto con la
intención en “recalentar” las calles. Aparecieron afiches del ciudadano
Vilca Fernández, quien se encuentra solicitado por la justicia
venezolana, aparentemente identificado como uno de los líderes en Mérida
de las guarimbas de 2014.
En la reciente toma de la plaza El Llano, a unas cuadras de la Plaza
Bolivar de esta ciudad. Observamos pancartas llamando “al derrocamiento
del régimen”. Si la democracia no se patentara con hechos, desde un
primer momento esos avisos que ilustra esta nota informativa no hubiesen
podido colocarse durante semanas. Aunque los mismos violan las leyes de
la República.
Hemos identificado que uno de estos grupos radicales de la ultraderecha
universitaria, se identifican en sus propagandas como: #RESISTENCIA.
Discurso de una estudiante en el acto de grado
El equipo de RCM estuvo presente en el acto académico del viernes 12 de
junio en horas de la mañana, en pleno acto académico en la “Ilustre”
Universidad de Los Andes, en el aula magna, lugar donde un merecido
centenar de estudiantes superando toda suerte de problemas, obstáculos,
esfuerzos y sacrificios lograban culminar sus carrera y algunos.
Nos llamó la atención “la oradora de orden”, una joven que dirigió el siguiente discurso, el cual transcribimos:
“Bueno, pensando sobre todo esto….esteee… Llegué a la conclusión
que, lo mejor es este, es respetar, respetar lo que pensamos las
mayorías, no autocensurarnos, pero también respetar al que tenemos al
lado, independientemente de que nos conozcamos o no, esa fue mi
intención en este momento.. Sé que para muchos las cosas no están bien allá afuera, sin embargo
estamos realmente ante una gran oportunidad de demostrarle de que
estamos hechos…. Una oportunidad de hacer de nuestras vidas, destinos,
karma, o como cualquiera que lo llamemos; sean lo que realmente nosotros
deseamos que sean. No ser complacientes con instituciones, políticos, familiares y parejas. Eso es lo que debemos hacer todos… Este País (nos imaginamos que es venezolana) y el mundo en general necesita de personas que tengan la valentía de quebrantar ciertas reglas… (¿…?) Que crean en sí mismas, y que sientan pasión por sus vidas y por lo que hacen… Y espero que todos Ustedes hagan eso…”
El rector Mario Bonucci, luego de elogiar las palabras de la estudiante,
selló el referido acto “académico “con su grito de guerra “ni fascismo,
ni socialismo”.
Hay que
mirar también la responsabilidad de los ministros de Defensa. Y en
particular la de Camilo Ospina, que en 2005 ordenó la política del
conteo de cadáveres y les puso precio: 3.800.000 pesos.
Tres mil cadáveres
Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ - SEMANA
El presidente Juan Manuel Santos salta a defender “a
capa y espada” a los altos oficiales en activo señalados por Human
Rights Watch como posibles ordenadores o amparadores de los más de tres
mil “falsos positivos” cometidos por los hombres bajo su mando en los
años aciagos de los gobiernos de Álvaro Uribe. “¡Que no vengan a
mancharlos!”, exige Santos. Pero si están manchados es porque
se mancharon ellos, no porque alguien se haya dado cuenta. “¡Sin ninguna
documentación de soporte!”, se indigna Santos. No hay documentos, pero
hay tres mil cadáveres. Tres mil asesinados disfrazados con uniforme
guerrillero después de muertos. Tres mil asesinatos que a los asesinos
les valieron premios, días de permiso, condecoraciones, ascensos. Que yo
recuerde, fue sin soporte documental, por simple sentido común, como
hace siete años el mismo Juan Manuel Santos, por entonces ministro de
Defensa, destituyó de un tacazo a 17 coroneles, mayores y generales por
las primeras denuncias de estos mismos terribles y vergonzosos “falsos
positivos”. Lo que hace ahora HRW es simplemente pedir que se prosiga la
tarea que entonces emprendió Santos.
Añade el presidente que los oficiales mencionados por la ONG de derechos
humanos “solicitaron a la Fiscalía y a la Procuraduría el registro de
sus antecedentes, que demuestran que no hay ni una sola investigación en
su contra”. Lo cual no prueba nada; y en cambio habla muy mal de la
Procuraduría y de la Fiscalía: ante la macabra y abrumadora evidencia de
esos tres mil cadáveres de civiles, el 20 por ciento de los muertos
reportados como bajas en combate entre 2002 y 2008, han debido iniciar
de oficio investigaciones contra los posibles responsables, tanto por
acción como por omisión. El nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, va más lejos en el sofisma: “Colombia –alega– lleva mucho
tiempo sin poder ser acusada de violadora de derechos humanos”.
Ese no es un argumento para rebatir las acusaciones que se hacen ahora, y
por añadidura no es cierto: la acusan casi a diario, y desde hace
decenios. Los primeros casos de detenidos desaparecidos datan de 1977.
La Corte Suprema acaba de condenar a 31 años de cárcel a los militares
que asesinaron en 1993 a los negociadores de paz de la Corriente de
Renovación Socialista y fingieron que habían caído en combate. Un juez
acaba de condenar a 18 años al guerrillero de las Farc que asesinó a su
jefe y a su compañera por la promesa de una recompensa multimillonaria
que, por lo visto, no le han pagado las Fuerzas Armadas. La Fiscalía
acaba de llamar a declarar a cuatro generales retirados de alto nivel de
los años de plomo de Uribe, incluyendo a uno que llegó a la comandancia
de las Fuerzas Militares. Pues tampoco es verdad, como afirma el
presidente, que solamente se hayan “cometido errores” en materia de
abusos castrenses. Son demasiados “errores”. Las habitualmente
desdeñadas “manzanas podridas” dentro de la institución han acabado por
pudrir el barril.
Y si el fiscal Eduardo Montealegre algo investiga, aunque lenta y
tardíamente, el procurador Alejandro Ordóñez se empecina en la negativa a
hacerlo. Por el contrario: acusa al acusador, siguiendo la habitual
táctica de los uribistas, y sentencia campanudo:
–“La actitud del Estado colombiano debe ser de condena frente a esas
acusaciones (las de HRW) ligeras y envenenadas por el sesgo que se le
conoce”.
Parece que están otra vez como antes del sobresalto de decencia
institucional provocado por la revelación de los “falsos positivos” en
el primer momento. Otra vez como los tres monos sabios japoneses que se
tapan los ojos para no ver, las orejas para no oír y la boca para no
hablar.
Me parece, además, que la denuncia de Human Rights Watch se queda corta.
Está muy bien que se señale la responsabilidad de la alta oficialidad, y
no solo la de los cientos de soldados, cabos y tenientes ya condenados.
Pero hay que mirar también la de los civiles que les trazaron el camino
de las atrocidades. La de los ministros de Defensa, para empezar. Y en
particular la de Camilo Ospina, que en 2005 ordenó la política del
conteo de cadáveres y les puso precio: una recompensa de 3.800.000 pesos
por cada guerrillero muerto. La de su jefe el entonces presidente
Álvaro Uribe Vélez. El cual no solo justificó cínicamente los “falsos
positivos”, llamando “ajusticiados” a los asesinados e insultándolos
después de muertos al insinuar con sonrisita pícara que “no estarían
allá cogiendo café”, sino que los promovió activamente con su exigencia a
los soldados de que mostraran resultados, ciertos o falsos, de
victoria. Lo puedo imaginar en sus tan elogiadas rondas telefónicas de
mandos militares al amanecer:
–¡Qué, coronel! ¡Y es que su batallón no combate a la Far o qué? ¿Allá
no hay terroristas muertos? ¿Me va a tocar a mí ir personalmente?
Y como por milagro empezaban de inmediato a aparecer cadáveres hasta en los más urbanos cuerpos de intendencia.
Por eso muchos no quieren que se escudriñe la historia para que se esclarezca la verdad. Puede resultar incómoda.
Un
coronel, un mayor, un capitán y un teniente son sindicados de hacer
atentados terroristas para ganar positivos. Los atentados, hechos en
Bogotá con carro bombas y una casa bomba, fueron previos a la posesión
presidencial. SEMANA.COM revela todos los detalles de esta acción
criminal.
En el atentado del 31 de julio en la carrera 45 con calle 75 murió el ciudadano José Antonio Vargas.
El plan fue maquiavélico. Sin embargo, fue realizado
de manera tan torpe que sus autores dejaron todas las huellas y los
rastros más visibles por lo que ahora ya están identificados. Al menos
cuatro oficiales del Ejército Nacional son protagonistas de uno de los
mayores escándalos de los últimos años: planearon y ejecutaron una serie
de al menos siete atentados en Bogotá para posteriormente cobrar los
positivos ante sus superiores. La acción de los oficiales fue tan
fríamente calculada que la hicieron antes de la segunda posesión del
presidente Álvaro Uribe, un escenario donde el impacto era de mayores
consecuencias como en efecto ocurrió.
La gravedad de lo que
hicieron estos oficiales es de tales dimensiones que en varios de los
montajes de los atentados le hicieron creer a la opinión pública sobre
su extraordinaria capacidad para contener los planes terroristas de las
Farc al anticiparse a los hechos. Pero un atentado con un carro bomba
explotó y mató al ciudadano José Antonio Vargas, quien en ese momento
fue presentado como una victima más de la guerrilla.
Ese fatal
atentado ocurrió el pasado 31 de julio en la carrera 45 con calle 75, en
el barrio Gaitán. SEMANA.COM estableció que en total hubo al menos
siete atentados. En algunos se usaron vehículos particulares, otro con
un cilindro bomba y uno más con una casa bomba.
Los atentados en
las cercanías de la ciudad ocurrieron en Sibaté, cuando se informó que
tropas de la XIII Brigada del Ejército desactivaron una carga explosiva
camuflada en un camión transportador. “La metieron como si llevaran
productos agrícolas”, informó en su momento uno de los oficiales.
Este caso ocurrió cuando se hizo el hallazgo de un vehículo armado con
250 kilos de anfo en la vía que de este municipio conduce a Sibaté.
Otro
de los carro bomba desactivados ocurrió con un vehículo de marca Fiat
que se encontraba en la zona de Normandía, en el noroccidente de Bogotá.
En ese momento se informó que la carga estaba compuesta por seis barras
de indugel, metralla y un equipo de activación electrónica, ubicados
dentro de una olla a presión.
Todo esto creó una sensación de pánico en la ciudadanía que creía que
las Farc se venían con todo contra el presidente Uribe tal como ocurrió
en su primera posesión, el 7 de agosto del 2002, cuando esta guerrilla
atacó con morteros la Casa de Nariño. En esa oportunidad, uno los
proyectiles impactó en la Calle del Cartucho donde murieron 19 personas,
habitantes de la calle.
Para esta ocasión, las autoridades
diseñaron un riguroso plan de seguridad. Estadísticas oficiales muestran
que hubo una reducción en atentados terroristas del 93 por ciento con
respecto a la primera posesión del presidente Uribe. El 7 por ciento
restante ahora se viene a saber que fue ejecutado por el propio
Ejército.
Sin embargo, fueron tan torpes en su plan que dejaron
huellas tan grandes y visibles que ni siquiera hubiera hecho un aprendiz
de delincuente. Por ejemplo, el mayor y el capitán, vinculados al caso,
de la sección de Inteligencia de la XIII Brigada en el caso del taxi
bomba en el centro comercial Caracas, contrataron a un taxista. Luego lo
llevaron a las afueras de Bogotá con el pretexto de que tenía que
recoger unas cajas, siempre iban vestidos con el uniforme, y luego
regresaron al centro comercial un alquiler del carro. Le dijeron que le
darían cinco millones de pesos si él les prestaba el carro porque lo
necesitaban para hacer una vuelta. La sorpresa del taxista fue que en la
noche del 17 de julio, vio en los noticieros que el Ejército estaba
desactivando un carro bomba. “Vi que era mi carro”, le reveló el propio
taxista a un fiscal antiterrorista días después.
El conductor no podía creer que en su carro hubiera una carga explosiva
montada en dos ollas a presión. La situación para él no podía ser más
ridícula y alarmante. Sin embargo, él guardó silencio porque recibió una
llamada de los miembros del Ejército el 18 de julio en el que le
anunciaron que tranquilo porque le iban a pagar su plata.
Entonces
se pusieron una cita en el Banco Ganadero del Centro Administrativo,
CAN, a escasas cuatro cuadras de la sede del Ministerio de Defensa. Los
oficiales fueron tan torpes que lo acompañaron a cambiar el cheque que
es de una de las 20 cuentas de la XIII Brigada. Cuando el taxista
recibio los cinco millones, el mayor le propuso que dividieran la plata.
“Vaya y reclame su taxi en la Fiscalía que no va a tener problemas
porque el taxi no explotó”. Luego le entregan sólo 100.000 pesos y éstos
se quedaron con 4.900.000 pesos. El taxista se enfureció pero se llenó
de temor y cuando fue a recoger su taxi le dijeron que no se lo podian
entregar en muchos meses porque estaba inmerso en un proceso por
terrorismo. El taxista se indignó, acudió a la Fiscalía y reveló todo.
Hoy el cheque, que es una de las pruebas reinas de estos montajes, está
en poder de la Fiscalia.
No menos burdo es el caso del camión
bomba mencionado anteriormente en el que los mismos oficiales
consiguieron a un guerrillero conocido como ‘Culebra’, actualmente en La
Picota purgando una condena de 40 años. Los mismos uniformados fueron
hasta el interior de la cárcel y le plantearon un negocio en el que
todos saldrían ganando. Se trató, le dicen, de dar un positivo con
explosivos, por el que le pagarian 50 millones de pesos. Y lo encargaron
de que él hiciera las coordinaciones con sus contactos por fuera de la
cárcel. Le dejaron un celular. Este consiguió a un transportador de papa
y lo contrataron para hacer un acarreo de 80 bultos de papa a Bogotá.
El contacto del guerrillero se encargó de buscar al campesino con el
número de placa, la hora y la ruta del camión. Entonces el guerrillero
llamó desde La Picota a los oficiales y les dio todas las indicaciones.
Luego de dar el positivo al guerrillero tampoco le pagaron y este contó
toda la historia, mientras que al dueño del camión, que en su momento
fue presentado como miembro de las Farc, tuvieron que soltaron días
después.
Estos son sólo algunos de los detalles que para la
Fiscalía son absolutamente insólitos, ya que siendo miembros del
Ejército, ni siquiera se cuidaron en copiar bien los métodos de las
Farc. Por ejemplo, ninguna de las bombas estaba armada, todas las cargas
tenían indugel, explosivo que no usa las Farc porque su velocidad de
detonación es muy lenta. Todos los carros utilizados son viejos, en muy
mal estado y robados. Si algo quedó en claro después del atentado en El
Nogal es que las Farc no ahorran dinero a la hora de comprar los
vehículos porque los nuevos no llaman la atención y tienen menos riesgos
de ser parados en los retenes.
De ahí el estado de indignación del ministro de Defensa, Juan Manuel
Santos, quien al enterarse de lo ocurrido ordenó al general Mario
Montoya, comandante general del Ejército, a hacer una rueda de prensa
donde informó de la situación y presentar excusas a la opinión pública.
La
divulgación del hecho coincide con un informe publicado por SEMANA.COM
en el que se analizan los 10 grandes errores que este año han manchado
al Ejército y que pasan desde las torturas, el montaje de secuestros y
ejecuciones extrajudiciales. (Ver artículo).
De igual manera
hace recordar al caso de Emilio Vence, un director del DAS, de la
seccional Atlántico, quien de igual manera se inventó unos atentados en
contra del presidente Uribe, en esa ocasión durante su primera posesión,
también con el objetivo de sumar positivos para cobrar logros.
El general Montoya, visiblemente consternado se limitó a leer un comunicado que dice:
COMUNICADO DE PRENSA
7
de septiembre de 2006.- De acuerdo con las políticas de transparencia
del Gobierno y para dar cumplimiento al compromiso que el Ministerio de
Defensa y las Fuerzas Armadas han asumido con los colombianos, de
informar oportunamente cuando tengan conocimiento sobre hechos que
supongan conductas indebidas por parte de miembros de la institución,
lamento informar a la opinión pública:
1. El
reciente atentado con un carro bomba en el que resultaron heridos varios
soldados y muerto un ciudadano, que fue atribuido en su momento a
grupos al margen de la ley, así como el supuesto decomiso de varios
explosivos en los últimos dos meses, al parecer no corresponde a la
realidad. 2. Estos engaños podrían haber sido
perpetrados por personas inescrupulosas entre las que se encuentran dos
oficiales del Ejército. 3. La Fiscalía General de la Nación que adelanta la investigación, cuenta con nuestro total apoyo. 4.
Es de veras deplorable que estos hechos ocurran, pero el país debe
tener la certeza de que seremos los primeros en comunicarlos a la
opinión pública. 5. Invito a los hombres y mujeres
que desde las Fuerzas Militares sirven a la patria con honor y firmeza a
que continúen denunciando a quienes, traicionando los principios
militares, incurran en actividades criminales que atenten contra los
colombianos. 6. También invito a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier irregularidad o hecho delictivo del que tengan conocimiento.
Es aflictivo eso
de jerarquizar los crímenes de lesa humanidad, sobre todo si se cometen en
periodos históricos cuando la preservación de los derechos humanos debe ser
principio y fin, cuando el humanismo tiene que prevalecer, cuando se enaltece
la vida y se censura la muerte. De los
crímenes alevosos, por la incertidumbre que conlleva, la desaparición de
personas es de los más horrorosos; crea un limbo compartido por los deudos y
por todos los seres sensibles que se ven alcanzados por la noticia, y el
esfuerzo que las instituciones del Estado deben realizar para resolver la
anormalidad, debe ser descomunal, hasta las últimas consecuencias. La Defensoría del Pueblo es el pivote de las
instituciones con que contamos para enfrentar revolucionariamente la solución
de violaciones graves de los derechos humanos, y allí sí debe jerarquizarse los
casos concretos que están ocurriendo y exigir a las instancias pertinentes que
se tomen las medidas que conduzcan a la solución de las irregularidades.
¿Se está haciendo
eso con Alcedo Mora, camarada desaparecido desde hace más de cuatro meses? ¿Basta con que la Defensoría del Pueblo
“muestre su preocupación por la lenta marcha de las investigaciones”? ¿Cómo se manifiesta la presión necesaria ante
el Cicpc, los organismos de inteligencia del Estado, el Ministerio Público y
todos los entes que deben movilizarse para esclarecer este “terrible
drama”? ¿Cuándo voceros de estos
organismos informarán sobre lo actuado?
¿Su silencio se puede traducir como inacción o como fracaso de sus
actuaciones? ¿Qué quiso decir el
Defensor del Pueblo con esta frase de antología: “Entendemos lo complicado de
tales investigaciones, en tanto las desapariciones de los citados ciudadanos
ocurrieron de forma atípica”?
Si consideramos
que está suficientemente demostrado que los cuerpos de investigación del país
no se chupan el dedo, y que todos los casos de delitos y crímenes con
trascendencia política, por muy enmarañados que se hayan presentado, han sido
resueltos, le da otro cariz el caso de Alcedo Mora y el de otros desaparecidos
que actualmente se investigan. Podríamos
pensar que existe falta de voluntad para esclarecer lo que le sucedió a Alcedo
Mora, y que esa actitud se debe a la exactitud de rumores que se han difundido
en torno a su desaparición.
El exhorto
implícito en este escrito es que se profundice y acelere la investigación sobre
la desaparición de Alcedo Mora, que el defensor del pueblo se coloque al frente
de ella presionando lo necesario, denunciando las fallas, informando
permanentemente al país. Con
responsabilidad, decisión y arrojo, que es como se defiende los derechos
humanos del pueblo. La
actitud oficial en el caso de Alcedo ha causado mucho daño. La duda y
la desesperanza comienza a corroer corazones; la impotencia desubica,
pero la lucha por conocer la verdad no ceja. Por otra parte, siempre
hay almas carroñeras que aprovechan situaciones dolorosas para abanderar
propósitos insanos, y también están actuando en nombre de su odio y
perversidad. El único remedio ante esto, que muy pronto aparezca Alcedo
y los culpables de su desaparición sean castigados ejemplarmente.
(NB: Los
entrecomillados provienen de tuitazos de @TarekWiliamSaab del 19/06)
A disturbing report published Wednesday by Human Rights Watch details how the Colombian military callously murdered thousands of innocent civilians
and dressed their lifeless bodies in leftist rebels’ uniforms, just to
artificially inflate the body count for a period of at least six
years. The commander of the armed forces and other senior army brass
knew about it the whole time.
Somewhat euphemistically termed “extrajudicial killings,” the
practice has been recognized for some time, but HRW found evidence in
previously unpublished prosecutorial records that the practice was far
more extensive and systematic than previously realized.
Prosecutors are currently investigating 3,700 deaths caused by state agents. From 2002-2008, the report, titled “On Their Watch: Evidence of Senior Army Officers’ Responsibility for False Positive Killings in Colombia,” revealed that more than 180 brigades and tactical units—and their commanders—were responsible for murders of civilians. These “false positives” bolstered records at a time when success in the ongoing war was measured in dead rebel bodies. According to the report:
"Under pressure from
superiors to show ‘positive’ results and boost body counts in their war
against guerrillas, soldiers and officers abducted victims or lured
them to remote locations under false pretenses—such as promises of
work—killed them, placed weapons on their lifeless bodies, and then
reported them as enemy combatants killed in action. Committed on a
large scale for more than half a decade, these ‘false positive’
killings constitute one of the worst episodes of mass atrocity in the
Western Hemisphere in recent decades […] This report provides the most
detailed published account to date,” of what is “now substantial
evidence that senior army officers were responsible for many of the
killings [who] at least knew or should have known about the [the
practice], and therefore may be criminally liable as a matter of
command responsibility."
Suspicious mitigating circumstances and irregularities surrounding death counts—dubbed “entirely obvious”
in the report—led HRW to believe there could be no plausible denial of
awareness by senior army officers that the murders were occurring.
In just one example, a former 16th Brigade lieutenant testified that
“with the rank of a colonel and the experience you could have at this
rank it is no secret that the troops . . . [were] killing innocent
people who had nothing to do with the conflict and were reported with
weapons that the guerrilla does not use to confront you with.” In
another instance, two unnamed battalion officials described regular
meetings with their commanders to plan how to lure victims to their
deaths. Once those schemes had been carried out, the officials were
often rewarded with vacation time.
But holding the appropriate parties accountable for the murders has
been a complicated process. Prosecutors face the seeming complicity of
military judges, defense attorneys, and army officials who create “bogus
delay tactics” such as refusing to hand over necessary documents.
Ongoing threats and attacks on key witnesses—including a likely
retaliatory murder—have hindered progress significantly.
It is extremely important to note that the United States government began the “Plan Colombia”
aid project in 2000 under President Clinton. The U.S. has since
donated over $6.5 billion to the country, with the vast majority
earmarked for military and police.
According to Amnesty International, which is calling for an end to aid because of these exact human rights abuses,
“in 2006, U.S. assistance to Colombia amounted to an estimated $728
million, approximately 80% of which was military and police assistance.” This was, of course, during the height of the military’s practice of killing civilians.
Last year, the Fellowship of Reconciliation (FOR) issued an extensive report that found a frightening link between U.S. assistance and human rights abuses. It states:
Based on data on 5,763 reported executions
in Colombia and extensive documentation of U.S. assistance to the
Colombian military, we found a positive correlation between the units
and officers that received U.S. assistance and training, and the
commission of extrajudicial killings.
Also revealed by the telling FOR report:
“U.S. military training […] is practically a required step for the promotion of a Colombian Army officer.” And of those so trained, “12 of them—48%—had
either been charged with a serious crime or had commanded units whose
members had reportedly committed multiple extrajudicial killings […] Our findings call into question much of the assumed wisdom about military assistance programs […] The
U.S. Congress and State Department must take action to ensure U.S. tax
dollars no longer bankroll military units that bankroll executions in
Colombia.” [emphasis added].
FOR concludes by
recommending ten conditions for the continuance of any further U.S.
assistance to Colombia, including close monitoring of units and
personnel for human rights abuses as well as judging progress by actual
conduct rather than promotions of personnel.
Though a “human rights certification” by the Secretary of State—which ostensibly tracks
Colombia’s progress—once covered 100% of U.S. security assistance, it
has since been lowered to apply to just 25% of monetary aid, rendering
the stipulation ineffective at instituting any realistic change.
Human Rights Watch is calling for the U.S. to “enforce human rights
conditions on military aid,” with suspension of all assistance should
the country further breach policy. The group is also urging the
International Criminal Court to hold Colombia under tighter scrutiny in
ongoing prosecutions.
Ataque terrorista en playa de Túnez, perpetrado el viernes 26 de Junio
Credito: @Chevronec
27 de Junio.- Con motivo de los ataques terroristas perpetrados en
Francia, Kuwait y Túnez, el Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Exteriores de Venezuela, emitió el siguiente comunicado: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES COMUNICADO
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena
categóricamente los ataques perpetrados en Francia, Kuwait y Túnez, este
último asumido por el autodenominado Estado Islámico (EI). Del mismo
modo expresa su más enérgico rechazo al terrorismo en cualquiera de sus
expresiones.
La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la paz y
la concordia, con el respeto a la vida por encima de cualquier cosa. En
necesario que la comunidad internacional trabaje profundamente en
fórmulas para la erradicación del terrorismo, que la humanidad esté en
el centro de cada acción. Es intolerable la pérdida de vidas inocentes a
manos del odio y la intolerancia.
La República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a la reflexión de
todos los países del mundo, pues estos hechos que causan conmoción son
producto del caos creado gracias a las armas entregadas por
organizaciones occidentales a diferentes grupos terroristas, que han
permitido la extensión de la violencia en países de distintas regiones,
debido a las alianzas de extremistas terroristas.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace extensivas sus
palabras de condolencia y solidaridad a todos los familiares de las
víctimas y a sus pueblos. Del mismo modo hace votos para continuar
trabajando incansablemente en la búsqueda de la paz.
El abogado aseguró que los casos de Alcedo Mora, Esneider Vergel y Eliezer Vergel están relacionados
Cuatro
fiscales del Ministerio Público y un equipo especial de Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan
en Mérida la denuncia de la presunta desaparición forzada de tres
ciudadanos.
El defensor del pueblo y presidente del Poder Ciudadano, Tareck
William Saab, visitó este jueves la delegación de la Defensoría del
Pueblo en la capital merideña, donde informó sobre la investigación que
siguen las autoridades respecto a la desaparición de tres personas en la
entidad.
“Hemos dicho que mientras más se tarde una investigación sobre un
tema de desaparición forzada, más se favorece a la impunidad. He hecho
un llamado serio, contundente, como defensor del pueblo y presidente del
Poder Ciudadano, para que el Ministerio Público y los órganos
policiales aceleren la investigación”, recalcó el defensor del pueblo en
relación al caso de los ciudadanos Alcedo Mora, Esneider Vergel y
Eliezer Vergel.
Saab destacó que los tres ciudadanos estaban en lugares diferentes,
pero señaló que las tres desapariciones estarían relacionadas.
“Hay interés por parte del Estado Venezolano para resolver este tema.
Nosotros hemos pedido acelerar la investigación y hemos acompañado a
los familiares como peticionarios, para que se esclarezca la verdad, se
haga justicia y se determine el móvil en este caso atípico”, dijo.
“La desaparición de Alcedo Mora está directamente vinculada a la
desaparición de los hermanos Vergel. El por qué, es algo que se está
trabajando, pero sí puedo decir con toda propiedad que las tres
desapariciones forman parte del mismo móvil”, aseguró.
Alcedo Mora, trabajador de la Gobernación de Mérida y dirigente de
izquierda, Esneider Vergel y Eliezer Vergel se encuentran desaparecidos
desde el pasado 27 de febrero de 2015.
26 junio 2015 - En respuesta al informe sobre derechos humanos en el
mundo publicado por EE.UU., China divulgó su propio estudio sobre la
"preocupante" situación de los derechos humanos que se vive en la nación
norteamericana.
Este jueves el Departamento de Estado estadounidense publicó su informe
anual sobre los derechos humanos en otros países, en el que hace
hincapié en las violaciones sistemáticas de estos principios en el
gigante asiático y en particular denuncia la represión, la restricción
de la libertad de expresión y de prensa, el "fuerte" control de Internet
y la censura, entre otros problemas. Sepa más: Conozca las violaciones de derechos humanos más controvertidas de EE.UU.
Por su parte, el documento elaborado por la Oficina de Información del Consejo de Estado chino y citado por la agencia Xinhua, señala que la parte estadounidense hizo comentarios sobre la situación de los derechos humanos en muchos países sin mostrar un mínimo de arrepentimiento o de intención de mejorar el terrible registro en materia de derechos humanos de su propio país.
"Abundantes datos muestran que en 2014 EE.UU., defensor autoproclamadode
los derechos humanos, no experimentó ninguna mejora en cuestión de
derechos humanos y, más bien, registró numerosos nuevos problemas",
apunta el informe. Además subraya que Washington incluso violó los derechos humanos en otros países de una "manera más descarada". Sepa más: Human Rights Watch denuncia que EE.UU. viola sistemáticamente los derechos humanos
El informe señala la propagación en el país norteamericano de las armas
de fuego, que ponen en peligro la vida de sus ciudadanos, y el uso
excesivo de la fuerza policial que provocó la muerte de muchas personas y
el descontento público. Pekín además recordó las "crueles torturas" de la CIA y la discriminación racial y los prejuicios raciales en el sistema policial y judicial estadounidense.
Los derechos humanos es uno de los temas más sensibles en las relaciones
entre EE.UU. y China. Washington frecuentemente acusa a las autoridades
chinas de violar estos principios y Pekín ha instado en repetidas
ocasiones a EE.UU. a ocuparse de los problemas con los derechos humanos
en su país y no actuar como "juez internacional" interfiriendo en los asuntos de otros países.
Entre los años 2002 y 2008 oficiales
colombianos de los más altos rangos estuvieron involucrados en los
asesinatos de más de 3.500 civiles con el objetivo de hacer pasar los
muertos por bajas en las filas de las FARC, según el informe que acaba
de publicar Human Rights Watch (HRW) resumiendo el caso de los llamados
'falsos positivos'.
Hay “amplias evidencias” que sugieren
que coroneles y generales del Ejército colombiano “sabían o deberían
haber sabido” de los ‘falsos positivos’ e incluso “podrían haberlos
ordenado”, reporta la organización.
“Los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las
ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han
ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los
actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”,
denuncia José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights
Watch.
En Colombia, se llama ‘falsos positivos’
a los civiles que fueron engañados por militares con promesas falsas de
trabajo y movilizados a áreas recónditas del país donde les ejecutaban
en masa para contabilizarlos luego como bajas de la guerrilla en
combate. Desde que hace siete años estalló el escándalo de las
ejecuciones extrajudiciales, las condenas ya dictadas han recaído en su mayoría sobre soldados y oficiales de bajo rango.
Según subraya la entidad, los fiscales
colombianos han logrado identificar a, al menos, 180 batallones y otras
unidades tácticas que habrían podido realizar las ejecuciones, pero
tienen dificultades para avanzar en las investigaciones. No solo no
pueden acceder a información militar, sino que numerosos casos siguen
siendo manejados por la Justicia Penal Militar, por
lo que “prácticamente se garantiza la impunidad” de los culpables,
comenta Vivanco.
Según él, varios oficiales que han
declarado contra sus superiores sufren represalias. “El Gobierno
colombiano debería ordenar a las autoridades militares que cooperen con
las investigaciones, asignar suficientes fiscales a los casos y
garantizar protección a los testigos y sus familias”, concluye HRW, que
pide también a Washington, que está colaborando militarmente con
Colombia, que exija explicaciones a su aliado.
El informe de Human Rights Watch “está
vinculado de una manera indirecta” con las negociaciones de paz con las
FARC, sugirió ante RT el periodista Alfredo Molano. “Este informe
inclusive facilitaría una posición más flexible por parte de la
guerrilla con relación a la justicia”, comentó.
Caracas, junio 25 - La activista, defensora de los derechos humanos y
exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, ofreció una rueda de prensa junto
al Comité Internacional de la Reivindicación de la Cultura
Afromericana, el actor Danny Glover, y la diputada ecuatoriana Alexandra
Ocles, para celebrar el homenaje brindado este miércoles al prócer
independentista de Venezuela, Pedro Camejo.
Piedad Córdoba, hizo referencia a la reivindicación del prócer de la
independencia Venezolana, Pedro Camejo, como un hecho que que “hoy abre
una página histórica” y que “ha permitido que los afrodescendientes
elevemos nuestra dignidad”, afirmó.
“Para los latinoamericanos es supremamente importante asistir a un hecho
que va a dar cuenta de lo que ha sido el aporte de la afrodesendencia a
las luchas latinoamericanas”, que salda la “deuda histórica con hombres
y mujeres afrodescedenites”, dijo Córdoba.
Informó que después del 6 de diciembre, una comisión preparatoria
denominada “El acuerdo de Caracas”, se reunirá para llevar a cabo una
asamblea continental, durante los tres primeros meses del 2016, para
visibilizar un plan de acción en torno a la “Agenda de Otavalo”.
Enfantizó en la intención de crear una gran comisión de
afrodescendientes de las Américas, que se reúna en la mesa de La Habana,
y participe en el diálogo de paz con las Farc-EP: “para exigir el cese
bilateral de fuegos y el logro de acuerdos que lleven a la paz en
Colombia. La paz en Colombia es la paz en la región”, acotó.
De varios disparos en la cabeza fue
asesinado el jefe de escoltas y asistente personal del diputado Freddy
Bernal, lamentable hecho que ocurrió en horas de la noche de este
miércoles en Caracas.
Según la versión preliminar del fatal
evento, Maiker José Vásquez Caraballo de 39 años de edad, conducía un
vehículo, acompañado de su esposa, cuando fue interceptado a la altura
del puente de La Yaguara por cinco sujetos no identificados.
Estas personas portaban chalecos
antibalas y armas de fuego de alta potencia, obligaron a Vásquez
Caraballo a descender del carro momento en el cual le propinan varios
disparos en la cabeza provocándole la muerte en el lugar.
De acuerdo a lo que publica el sitio web
Globovisión.com los chalecos antibalas de los homicidas tenían las
siglas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC)
Al lugar del hecho se trasladaron
comisiones del CICPC, Sebin, Policaracas, PNB y el propio Freddy Bernal
acompañado del subdirector del cuerpo detectivesco, Comisario Douglas
Rico.
En horas de la mañana de este jueves el
diputado Bernal lamentó los hechos y escribió a través de su cuenta
personal @FreddyBernal, que "Supervisaré directamente las
investigaciones... Buscaremos a los culpables hasta debajo de las
piedras".
También se lee: "Maicker Vázquez hijo d la vida, agradezco tu lealtad incondicional y amistad siempre demostrada, Dios te guíe".
No es para él un honor, sino el sinónimo de una condena.
El
sargento Carlos Eduardo Mora ha sido el primero -y hasta hoy el único-
miembro de las fuerzas armadas de Colombia que obtuvo a su favor una
medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Él está seguro de que en algún momento lo van a matar (ver video que acompaña a esta nota).
Es
un temor compartido por la CIDH, que en octubre de 2013 le solicitó al
gobierno de Colombia que ofreciera protección para "preservar la vida y
la integridad personal" de Mora y su núcleo familiar.
"Mucha gente lo tomó como la confirmación de que yo era un traidor", le dijo el militar a BBC Mundo.
¿Qué hizo Mora?
A
fines de 2008 se presentó ante la Justicia para dar cuenta de lo que
sabía acerca de las ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país
como "falsos positivos" y todavía sigue colaborando con procesos
abiertos a soldados y oficiales.
Para mostrar "resultados"
En
esta práctica, soldados y oficiales, presionados por sus superiores
para mostrar resultados "positivos" en la lucha contra la guerrilla y la
delincuencia, llevaban por la fuerza o citaban en lugares remotos, con
promesas falsas -como ofertas de empleo-, a sus víctimas.
Luego las asesinaban y las hacían aparecer como combatientes enemigos, colocándoles armas o vistiéndolas con ropas militares.
Cuando la existencia de los casos de falsos
positivos se difundió en 2008, hubo protestas en varias partes del país.
Además de ser usados para
demostrar "resultados", estos falsos positivos les daban a los militares
que los ejecutaban ciertos beneficios, como vacaciones.
Hasta el
momento hay más de 800 miembros del Ejército condenados por ejecuciones
extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008, los años en los que se
concentra el mayor número de casos conocidos de falsos positivos.
Aunque
hay algunos excomandantes de batallones y otras unidades presos por
estos actos, en su mayoría los condenados son soldados de rangos
inferiores.
16 generales investigados
Mora,
al igual que otros testigos, está ayudando a la Fiscalía a excavar
hacia arriba esa sólida montaña que es la estructura militar colombiana,
a la que la Justicia puede acceder desde la base, pero cuyas partes más
altas se le hacen más difíciles de alcanzar.
De esa aparente
impenetrabilidad da cuenta un informe presentado este miércoles por la
organización internacional Human Rights Watch (HRW), en el que expone
por qué considera que hubo responsabilidad por parte de generales y
coroneles en los casos de falsos positivos y cuáles parecen ser los
impedimentos para que sean llevados ante la Justicia.
El reporte
señala que en Colombia hay investigaciones abiertas contra 16 generales
del Ejército activos y retirados, pero ninguno ha sido acusado
formalmente.
“Los falsos positivos representan uno de los
episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio
occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que
altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos
atroces”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división
de las Américas de Human Rights Watch.
HRW asegura que comandantes de
las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de
ejecuciones al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos.
"Human
Rights Watch examinó transcripciones o grabaciones de testimonios
prestados a la Fiscalía", dice el informe, "en los cuales se acusa de
manera directa a varios militares que eran entonces comandantes de
división, al entonces jefe del Comando Conjunto del Caribe, General (r)
González Peña, y al entonces comandante del Ejército Nacional, el
General (r) Mario Montoya, de haber tenido conocimiento de falsos
positivos, o de haberlos planificado o intentado facilitar su comisión,
mientras ocuparon estos cargos".
Eso los haría, según la organización, penalmente imputables.
La responsabilidad puede llegar aún más lejos.
En
un reporte interino sobre Colombia, de 2012, la Corte Penal
Internacional (CPI) asegura que "existen bases razonables para creer que
(los falsos positivos) fueron cometidos en virtud de una política
adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas dentro de las fuerzas
armadas".
De acuerdo con la CPI podría incluso considerarse una
política de estado, ya que las mismas, de acuerdo con el organismo, no
necesariamente deben ser concebidas al más alto nivel de la maquinaria
estatal.
Brigada Móvil 15
HRW analizó 11 brigadas, algunos de cuyos comandantes luego ascendieron en la cadena de mando militar.
"Sus
posiciones jerárquicas en el momento de los delitos incluían las de
comandantes de batallones, brigadas y divisiones, así como un comandante
del Ejército Nacional", indica el reporte.
Una de las unidades
analizadas por HRW era la Brigada Móvil 15, que operaba en el
departamento de Norte de Santander, bajo la 2ª división del Ejército, a
la que el sargento Carlos Eduardo Mora llegó desde su fundación, en
2006.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está
investigando 38 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas
entre 2006 y 2008 por esa brigada, según HRW.
Mora ha sido clave en las investigaciones que se realizaron y realizan sobre lo ocurrido allí.
En 2007, el entonces cabo formaba parte del área de inteligencia de esa unidad.
Le
contó a BBC Mundo que al empezar a notar actividades sospechosas
intentó, sin éxito, levantar la voz de alarma con algunos de sus
superiores.
Fue amenazado y terminó siendo trasladado a Bogotá.
Antes
de partir, asegura que los coroneles le dijeron: "Si llega a contar lo
que pasó y lo que vivió acá en Ocaña y lo que usted sabe, le matamos a
su familia".
Soacha
Ya en la capital, una noticia lo llevó a volver a intentar contar lo que sabía.
En octubre de 2008 se hallaron en Ocaña, Norte de Santander, 17 cuerpos vestidos con ropas militares.
Eran
muchachos de bajos recursos que vivían en la municipalidad de Soacha,
vecina de Bogotá, a los que les habían ofrecido empleos cerca de la
frontera con Venezuela.
Las víctimas de falsos positivos pertenecían generalmente a sectores de bajos recursos.
Al llegar allí, miembros de la Brigada Móvil 15 los mataron.
Ante
esos hechos, el gobierno pasó a retiro a tres generales del Ejército y a
los coroneles Rubén Darío Castro, entonces comandante de la brigada,
Jesús Rincón Amado, jefe de operaciones de la brigada, y Santiago
Herrera Fajardo, quien estaba en ese momento trabajando con el general
Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército Nacional.
En total el gobierno retiró del servicio a 27 miembros del ejército.
El general Montoya renunció.
Condenas e investigaciones
A
finales de 2008, el sargento Mora llegó hasta la oficina del entonces
director de inteligencia del Ejército, el general Ricardo Hernando Díaz
Torres.
Según Mora, tras contarle lo que sabía, Díaz Torres se
comunicó con el comandante de las fuerzas militares y luego llamaron al
ministro de Defensa, que en ese entonces era el actual presidente Juan
Manuel Santos.
Le dieron la orden de ir a radicar la denuncia al día siguiente a la Fiscalía ya la Procuraduría, dice el sargento.
La
evidencia que brindó hasta ahora permitió a los fiscales conseguir las
condenas de un teniente coronel y varios otros oficiales y soldados.
La Brigada Móvil 15, en la que se desempeñaba Mora, fue cerrada a comienzos de 2009.
De
los oficiales que operaban en esa unidad, Santiago Herrera Fajardo está
procesado; y Jesús Rincón Amado fue condenado en marzo de 2014 a 35
años de cárcel por el homicidio en abril de 2007 de un un motociclista,
quien fue presentado como baja en combate.
Este martes, la
Fiscalía anunció que citó a declarar al excomandante del Ejército
Nacional, Mario Montoya Uribe, junto a otros tres generales, en el marco
de investigaciones por falsos positivos.
Montoya Uribe había
estado al mando de la Brigada 4 entre fines de 2001 y fines de 2003,
período en el que según HRW, "al menos 44 presuntas ejecuciones
extrajudiciales (fueron) perpetradas por soldados (de esa unidad)".
Según
la información que HRW obtuvo de la Fiscalía de Colombia, se están
también investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales las
brigadas dirigidas por el general retirado Óscar González Peña, y los
generales en activo Juan Pablo Rodríguez Barragán (hoy es comandante
general de las fuerzas militares) y Jaime Lasprilla Villamizar (actual
comandante del Ejército).
Respaldo del presidente Santos
Sobre
el señalamiento a Rodríguez Barragán y Lasprilla Villamizar, el
presidente Juan Manuel Santos dijo este miércoles en un acto ante las
Fuerzas Armadas que estos le "mostraron las respuestas de la Fiscalía y
la Procuraduría (...) no hay una sola investigación en contra de estos
altos oficiales".
"Que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución", dijo Santos.
"Entonces que no vengan a señalarlos y a causarles un daño enorme sin ninguna justificación, sin ninguna documentación", agregó.
BBC
Mundo tuvo acceso a documentos de la Fiscalía que aseguran que esos dos
generales no tienen condenas, antecedentes, ni órdenes de captura, pero
no dicen nada respecto a la inexistencia de investigaciones (eso no
quita que haya otros documentos que así lo demuestren, pero BBC Mundo no
los conoce).
Santos también dijo: "Si hay ejemplos, como hay en
cualquier institución, que hayan cometido errores, son las propias
fuerzas las más interesadas en que se haga justicia".
"Que se castigue al culpable, pero que no nos vengan a manchar la institución".
Amenazas
Desde el momento en que empezó a colaborar con la Justicia, Mora dice que comenzó a recibir nuevas amenazas e intimidaciones.
Según
HRW, las amenazas y ataques a testigos constituyen uno de varios
obstáculos a los que se enfrentan las investigaciones de falsos
positivos.
El director de Derechos Humanos del ministerio de
Defensa, teniente coronel Carlos Javier Soler Parra, le dijo a BBC Mundo
que en respuesta a esta situación hace dos años se estableció un
esquema de protección para militares que actúan como testigos en estos
casos.
"Estamos respondiendo por su vida y estamos dando todas las garantías de protección para que puedan seguir aportando al tema".
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Otros testigos afectados
Los
tres primeros casos aparecen en el reporte de HRW, el último fue
referido a BBC Mundo por el sargento Mora y ha sido registrado por
medios colombianos. Nixon de Jesús Cárcamo El
27 de octubre de 2014 Nixon de Jesús Cárcamo apareció muerto en el
centro de detención del Ejército de la 11ª Brigada de Montería,
departamento de Córdoba, donde estaba detenido por cargos de falsos
positivos y por los que daba testimonio sobre el supuesto rol de
oficiales y soldados en ejecuciones extrajudiciales. Once
días antes de su muerte le había dicho a los fiscales que temía por su
vida, que había rumores en el centro de detención de que peligraba su
vida por cooperarar con la justicia. Dijo que si algo le pasaba hacía
responsables a quienes estaba acusando. Esposa de testigo violada "Hay
evidencias serias" de que en 2013, hombre no identificaron violaron a
la mujer de un soldado, en represalia por el testimonio del soldado en
contra de un coronel del ejército, dice HRW. Ella contó que durante la
violación los asaltantes la llamaban la esposa del "sapo". Ataque en Soacha El
12 de agosto de 2012, en Soacha, mataron a tiros a Jhon Fredy Garcés,
un testigo que había dado testimonio a los fiscales sobre un caso de
falso positivo en una unidad militar en la que sirvió como guía civil. Alexander Rodríguez A
finales de 2007 Alexander Rodríguez, también, como Mora, de la Brigada
Móvil 15 de Norte de Santander, denunció lo que creía eran falsos
positivos. "Lo echaron como un perro", dijo Mora. Luego fue detenido, acusado de un supuesto delito de extorsión. ____________________
Otro es la falta de cooperación por parte de los organismos castrenses.
En
una nota escrita, el Ejército le dijo a BBC Mundo que ha "dispuesto
unos equipos de trabajo que tienen como objetivo brindar el apoyo en
cada uno de los requerimientos que (la Fiscalía General de la Nación y
la Procuraduría General de la Nación realicen sobre) información
relacionada con el personal militar vinculado a las investigaciones y
con ello agilizar las mismas".
"Somos los primeros interesados en
que se aclaren los hechos y se asuman las responsabilidades individuales
por los mismos", agrega el texto.
Sin embargo, HRW señala que
"los fiscales a cargo de casos de falsos positivos indican que, con
frecuencia, miembros del Ejército interponen obstáculos al acceso a
archivos que son cruciales para sus investigaciones".
Por otra
parte, la organización cuestiona el hecho de que haya casos de
ejecuciones extrajudiciales bajo la jurisdicción de la Justicia Militar
Penal, que "tradicionalmente (...) ha garantizado la impunidad para
estos delitos, y hasta hoy carece de independencia y credibilidad".
El sargento Mora ya no ejerce las tareas de inteligencia para las que fue formado.
Y el organismo cree que dentro
mismo de la Fiscalía se han dado problemas de organización y
distribución del trabajo que han ralentizado las investigaciones.
Aun
con esas limitaciones, la Fiscalía continúa investigando al menos 3.700
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la órbita de más de 180
batallones y otras unidades tácticas, según HRW.
El director de
Derechos Humanos del ministerio de Defensa, teniente coronel Carlos
Javier Soler Parra, le dijo a BBC Mundo que se ha sentenciado a algunos
militares de forma injusta.
Dijo que a su entender hay al menos
cuatro casos de suboficiales o soldados -no de oficiales- condenados
indebidamente por falsos positivos.
Unidad administrativa
El sargento Mora continúa colaborando con la Fiscalía en procesos de falsos positivos.
Ya no ejerce las tareas de inteligencia para las que fue formado.
Se encuentra ahora trabajando en una unidad administrativa en Bogotá.
Y aguarda con certeza y un cierto estoicismo no falto de temor el momento en que sus enemigos finalmente den con él.
_____________ Nota:
La versión original de este artículo no incluía las declaraciones de
Juan Manuel Santos, que fueron incorporadas tan pronto como se dieron a
conocer.
