Posted: 01 Aug 2015 06:40 PM PDT
De 2010 a 2014, en Chihuahua y Guerrero se encontraron 297 fosas con 524 cuerpos; sólo 140 han sido identificados
Por: Cecilia Balderas / 27 julio, 2015
(27 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).-
Durante
el 154 Periodo Ordinario de Sesiones, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) sostuvo reuniones de trabajo donde se expusieron
cuatro casos presentados por peticionarios mexicanos –identificados con
la numeración 11.565, 11.411, 12.551, 12.130- aprobó medidas cautelares
en dos más –Medida Cautelar 252/14 y 185/13- y dio trámite a tres
informes de admisibilidad –identificados con los números 929-04, 1082-07
y 1187-07-.
Además
de las problemáticas particulares de cada caso, la Corte escuchó a
representantes del Estado mexicano, peticionarios y organizaciones de la
sociedad civil de diversas regiones del país, que plantearon temas que
constituyen problemáticas crecientes en nuestro país.
En
total, se celebraron 55 audiencias públicas con participación de
peticionarios de 22 países; participaron delegaciones de 19 Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), más de 200
organizaciones de la sociedad civil y de 17 instituciones académicas
La
CIDH consideró “absolutamente inaceptable” que personas de algunos
países recibieran amenazas y algún tipo de represalia emprendida por
algún Estado, por asistir a las audiencias y acudir al sistema
interamericano de derechos humanos, ante los pocos avances para
garantizar acceso a la justicia en sus países de origen.
Guerrero y la Comisión de la Verdad
Integrantes
de la CIDH pudieron escuchar de primera mano, las denuncias de
organizaciones de la sociedad civil que narraron que en octubre de 2014,
la llamada “Comisión de la Verdad”, logró emitir su informe final a
pesar de la falta de recursos y de los obstáculos que tuvo que superar
para tener acceso a la información.
Los
expositores, denunciaron el “contexto generalizado y sistematizado de
graves violaciones a derechos humanos contra disidentes políticos,
activistas y estudiantes” registrados durante el periodo conocido como
“guerra sucia”, mismo que permanece impune, lo que ha propiciado que en
la actualidad se mantenga “un patrón de graves violaciones a derechos
humanos y que se criminalice y difame a las defensoras y defensores”.
Se
denunció en particular, la campaña contra el Centro de Derechos Humanos
de la Montaña “Tlachinollan”, pues algunos de sus integrantes, han sido
vinculados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)
con grupos armados, mismos que son considerados por la dependencia como
“subversivos”.
La
Comisión de la Verdad reiteró la importancia de que el Estado mexicano
cumpla con su obligación de proteger el trabajo de defensores de
derechos humanos, además de su interés por conocer el plan de
seguimiento que el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto,
implementa para cumplir con las recomendaciones señaladas en el informe,
además de los avances en el proceso legislativo para tipificar los
delitos de desaparición forzada y tortura, iniciativa que se mantiene
“congelada” en el Congreso de la Unión.
Representantes
del Estado mexicano reconocieron que los asesinatos y desapariciones en
Tlatlaya y Ayotzinapa –en los que se ha documentado la participación de
elementos del Ejército y de policías municipales- “ponen a prueba sus
avances normativos y fortaleza institucional en materia de derechos
humanos”.
Desaparición forzada e impunidad, el pan de cada día…
La
delegación que presentó este tema ante la CIDH recordó que la grave
crisis de desapariciones forzadas que vive México fue catalogada como
una práctica generalizada por el Comité contra las Desapariciones de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las
organizaciones civiles consideran que “lo acontecido en Ayotzinapa debe
constituir el punto de inflexión para abordar este grave problema”, que
se agrava ante la falta de cifras concretas sobre desapariciones, lo
que refleja la “falta de políticas integrales de registro, así como la
ausencia de políticas de prevención, identificación de restos,
investigación, sanción y protección de familiares”.
En
el desarrollo de la audiencia, los integrantes de la Corte pudieron
escuchar las declaraciones de tres mujeres con familiares que se
encuentran en calidad de desaparecidos en los estados de México,
Chihuahua y Nuevo León.
El
gobierno mexicano ha reconocido que de 2010 a 2014, en Chihuahua se
encontraron 90 fosas clandestinas con 225 personas; sin embargo, de este
total, únicamente se ha logrado la identificación de cien. Durante el
mismo periodo, en Guerrero se localizaron 207 fosas que contenían 299
cuerpos. Del total, sólo 40 han sido identificados.
“México
es un cementerio humano y la tragedia continúa”, declararon ciudadanos
mexicanos ante la CIDH, misma que requirió al Estado mexicano, informe
sobre las medidas que ha adoptado para identificar “elementos de
corrupción que posibilitan la desaparición forzada, como el caso de los
estudiantes de Ayotzinapa”.
Viola reforma energética derechos económicos, sociales y culturales
Organizaciones
que participaron en la audiencia denunciaron que la reforma aprobada
por el Congreso de la Unión, tiene por objetivo eliminar la exclusividad
del Estado en diversas áreas del sector energético, lo que facilitará
la entrada de empresas extranjeras a territorio mexicano, generando
violaciones a los derechos humanos de sus habitantes.
Representantes
de comunidades indígenas señalaron que desde la presentación de la
iniciativa, se vulneraron sus derechos de acceso a la información, a la
consulta libre, previa e informada de las comunidades originarias, así
como el derecho de participación ciudadana.
También
hablaron de su preocupación por la explotación de hidrocarburos no
convencionales a través de técnicas como el fracking y el impacto que
este pueda tener en el derecho a un medio ambiente sano, al agua y
saneamiento, a la salud, prosperidad y a una vivienda adecuada.
Denunciaron
que la consulta realizada a la población de la comunidad indígena
zapoteca de Juchitán de Zaragoza, municipio ubicado en el Istmo de
Tehuantepec, en Oaxaca, fue hecha después de la aprobación y entrada en
vigor de la reforma; además, se identificaron múltiples violaciones al
procedimiento que se especifica, debe seguirse.
Los
representantes de dicha comunidad solicitaron que personal de la CIDH
visite la comunidad y valoren la posibilidad de que la CIDH dé una
opinión sobre el cumplimiento de la reforma energética, en relación con
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
signado por el Estado mexicano.
Contra mexicanas, tortura sexual
A
través de un video, se presentó ante los integrantes de la CIDH varios
testimonios de víctimas de tortura sexual en nuestro país que, de
acuerdo a sus argumentos, “es una manifestación de patrones
socioculturales e históricos de la discriminación contra las mujeres y
los estereotipos de género”.
Denunciaron
que se ha podido documentar que elementos de la policía y de otras
dependencias de la fuerza pública, han perpetrado actos de violencia
sexual con el fin de obtener confesiones y pruebas faltas, de los que ya
ha tenido conocimiento la propia Corte Interamericana.
Otra
problemática en este tema, son los obstáculos a los que se enfrentan
las víctimas para tener acceso a la justicia y a servicios de salud,
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