Clodovaldo Hernández
El
enfoque de que los derechos humanos solo pueden ser violados
por los estados hace que, muchas veces, los defensores terminen
actuando de ese
modo que evoca el mundo al revés de Galeano.
Y esto implica que la violación sufrida por el ciudadano común se
eleva, por
decir lo menos, al cuadrado.
El
otro día, un estudiante
relató en clase un incidente que tuvo con un policía depravado. Le
pregunté si
había ido a la Defensoría
del Pueblo y
me
respondió: "no,
yo no tengo derechos humanos, porque no soy malandro".
No
pocas veces he tenido la impresión de que esa es más o menos la imagen
generalizada que se tiene en nuestra sociedad acerca de ese tema.
Cuando
se trata de ver el desempeño de las ONG,
los casos
más difíciles de digerir son aquellos en los que defienden los derechos
de los
delincuentes y presuntos ídem. Para los familiares de personas vilmente
asesinadas; para las víctimas de secuestros, atracos, extorsiones y
otros
hechos violentos es lacerante ver a los luchadores pro DDHH batiéndose
no por ellos, sino por los autores de los delitos. Es
muy difícil de tragar.
Veamos
otros casos de resonancias actuales: en 2014, el ala
pirómana de la oposición bloqueó calles, incendió basura, lanzó bombas
molotov,
puso guayas con la intención de degollar a personas en moto, regó
aceite en las
vías, disparó contra funcionarios y civiles... pero nada de eso fue
catalogado
como violación a derechos humanos por ninguna ONG
especializada. Nada, salvo la respuesta que dio el Estado.
Al
asumir tal actitud, con intención o sin ella, las
organizaciones acabaron defendiendo los derechos de minorías muy
violentas.
Incluso, su defensa ha abarcado a individuos con grave psicopatías,
como se ha
demostrado últimamente, de la forma más escalofriante. Al hacerlo, esas
instituciones vulneraron los derechos de la ciudadanía pacífica, en
especial de
quienes sufrieron con los desmanes antes referidos.
Hay
muchas otras
situaciones así. Por ejemplo, la operación de despojar, mediante
ilícitos y
vivezas, a todo un pueblo de los bienes esenciales, muchos de ellos
subsidiados
por el Estado
venezolano,
no califica para las ONG como
violación a los derechos humanos. Pero cuando las autoridades intentan
tomar
medidas contra esa anomalía, entonces sí opera el mecanismo para
socorrer a los
perpetradores continuados de los delitos e irregularidades.
Al
final de la jornada, las ONG terminan amparando el derecho de
los
bachaqueros a comprar un paquete de pañales en 65 bolívares y venderlo
en 700.
Y, al hacerlo, quiéranlo o no, pisotean
el derecho de la madre o el padre que debe someterse a tal robo.
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Pero
ahora que se tomaron medidas restrictivas, las ONG sí han identificado
un
crimen de lesa humanidad en el acto de privar a los ciudadanos
colombianos de
esos productos... y de su jugoso negocio.
Las ONG se alinean con los colombianos
deportados, lo cual parece una causa muy noble. Solo que, de nuevo, en
la
práctica están poniéndose del lado de los victimarios y en contra de
las
víctimas.
Apoyan
a quienes venían actuando ilícitamente y con plena
impunidad. Defienden el status
quo del negocio gigantesco y
complejo del contrabando, una actividad que, sin lugar a ninguna duda,
viola
los derechos humanos de la mayoría del pueblo venezolano. A menos que,
como mi
estudiante, uno diga resignadamente: "yo
no tengo derechos humanos porque no soy bachaquero".
http://www.radiomundial.com.ve/article/esos-torcidos-derechos-humanos
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