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Jesús Murillo Karam, titular de la PGR.
Foto: Octavio Gómez
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MÉXICO, D.F. (apro).- En medio de la presión de organismos
internacionales por encontrar vivos a los 43 normalistas desaparecidos,
el procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam,
confirmó que los autores intelectuales del ataque contra los estudiantes
son el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los
Ángeles Pineda.
A está última la identificó como la principal operadora del grupo
delictivo Guerreros Unidos en esa ciudad, pero a pesar de que el pasado
sábado 18 fue detenido el líder de la banda criminal, Sidronio
Casarrubias, se desconoce el paradero de los normalistas.
En conferencia de prensa, Murillo Karam precisó que la orden de
enfrentar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa les llegó a los policías municipales vía radio
desde la Central, de parte de A-5, clave con la que identificaban al
alcalde de Iguala.
La PGR también acreditó que el subjefe de la policía de Cocula, César
Nava, estaba a las órdenes de Guerreros Unidos, y señaló que existe una
línea de investigación para averiguar si la penetración del crimen
organizado en ese municipio guerrerense llegó a niveles superiores.
La dependencia solicitó órdenes de aprehensión contra el exalcalde de
Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa,
y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su
calidad de probables responsables como autores intelectuales de los
hechos acontecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de
septiembre, independientemente de la consignación por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, en mayo de 2013.
El pasado sábado 11, en una nota publicada en el periódico La
Jornada, se señaló que una de las líneas de investigación sugería que la
pareja podía ser la autora intelectual de esos delitos.
Días antes, el miércoles 8, elementos de la Secretaría de Marina
detuvieron en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a Salomón Pineda Villa,
hermano de la esposa de Abarca, ambos prófugos.
“Él había sido detenido en 2009 y tenía ocho meses de haber salido de
una prisión de máxima seguridad, porque el Ministerio Público no pudo
sostener las acusaciones que se le formularon en el sentido de que
pertenecía a una banda de secuestradores encabezada por sus hermanos
Mario y Alberto, conocidos como El MP y El Borrado, respectivamente”,
señaló el diario.
El sábado 18, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR capturó a
Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, quien aportó
información sobre los hechos acontecidos en Iguala.
La PGR estableció que el grupo delictivo tejió una red de
complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad
municipal. En el caso concreto de Iguala, dicha complicidad abarcaba
desde autoridades municipales hasta la policía local.
Guerrero Unidos, apuntó, recibía del presidente municipal de dos a
tres millones de pesos de manera regular, de los que al menos 600 mil,
según declaración de los propios operadores financieros, eran destinados
al control de la policía local.
Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal –que decidía
el ingreso de los nuevos policías municipales–, fue quien señaló a María
de los Ángeles Pineda Villa como la principal operadora de las
actividades delictivas desde la presidencia municipal, en complicidad
con su esposo y el secretario de Seguridad.
Y más: la mujer es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva.
Como antecedente, Murillo Karam señaló que en julio de 2013 la
alcaldía de Iguala, ya con José Luis Abarca como presidente municipal,
fue agredida tras un conflicto entre personas afines al alcalde y el
grupo Unión Popular Emiliano Zapata.
De acuerdo con los antecedentes y las declaraciones de integrantes
del ayuntamiento, en ese incidente, ocurrido hace más de un año,
participaron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Respecto de los hechos registrados el 26 y el 27 de septiembre en
Iguala, el procurador general de la República indicó que alrededor de
las 18 horas del primer día los normalistas abordaron dos camiones
Estrella de Oro con destino a Iguala, que arribaron a esta localidad
alrededor de las 21 horas.
Los estudiantes tomaron dos unidades adicionales, esta vez de la
empresa Costa Online. El chofer de una tercera unidad de la misma
empresa, dijo, resultó lesionado al resistirse a la toma del autobús. En
ese momento, detalló, los estudiantes contaban con cuatro camiones: los
dos obtenidos en Chilpancingo y los otros dos en Iguala.
El funcionario federal agregó que algunas personas relataron otro
incidente enfrente de un lavado de autos, también en la ciudad de
Iguala, donde resultó herida una dependiente. Esta sublínea de
investigación sigue abierta.
Según el testimonio de David Hernández Cruz, adscrito al área de
Protección Civil y Seguridad Pública de Iguala y quien estaba a cargo
del Centro de Control de la Policía, informantes de Guerreros Unidos y
policías municipales reportaron el arribo de estudiantes de Ayotzinapa.
Murillo Karam sostuvo que este funcionario local inició el
levantamiento de los reportes y envió las comunicaciones a las unidades
de la policía de Iguala.
A esos dichos se suman las declaraciones de Marco Antonio Ríos
Verder, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, y de policías
aprehendidos, quienes aseguraron que el grupo iba a sabotear el informe
de actividades que en esos momentos realizaba la esposa del alcalde,
María de Ángeles Pineda.
Y previendo que pudiera repetirse el conflicto que se vivió en junio
de 2013 en la alcaldía de Iguala, se les ordenó reaccionar y pedir apoyo
a uniformados de Cocula.
Entre ambas policías –continuó el procurador– bloquearon la carretera
y evitaron el desplazamiento de los autobuses en que se movían los
estudiantes. En ese primer incidente, siguió, un policía municipal privó
de la vida con arma de fuego a uno de los estudiantes.
Tras esta agresión, parte del grupo de normalistas y otros sujetos
intentaron darse a la fuga en un camión, por lo que la policía de Iguala
empezó el rastreo de la unidad.
En la confusión, la policía de Iguala detuvo y disparó al autobús que
transportaba al equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, pero al
darse cuenta del error los liberó de inmediato.
Minutos después detuvieron el camión que se había escapado. El grupo
de detenidos fue ingresado a la Central de Policía de Iguala y tiempo
después fueron sacados por policías del municipio de Cocula, quienes
actuaban en complicidad con los de Iguala.
Para encubrir sus hechos delictivos, la policía de Cocula cambió el
balizado de sus unidades y alteró las bitácoras y registro de hechos
relevantes, cuestión que fue detectada por peritos de la PGR, debido a
que se logró rescatar las bitácoras originales localizadas en un chaleco
de uno de los policías de Cocula, además de que se ubicó el taller
donde cambiaron la numeración de las patrullas.
En ese momento, el grupo de personas en el que supuestamente se
encontraban algunos estudiantes fueron subidos a una camioneta de
redilas blanca que tomó un camino de terracería que los llevó a la zona
de Pueblo Viejo.
En esa coyuntura, Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos,
fue contactado por su lugarteniente, conocido como El Gil, quien vía
mensaje celular reportó los conflictos que se estaban suscitando en ese
momento en Iguala, atribuyéndolos a un grupo delictivo contrario.
Ante ello, Sidronio Casarrubias avaló las acciones para “la defensa de su territorio” de influencia en Iguala.
El camino de terracería que tomaron los delincuentes es muy conocido
por El Gil, quien vive en esa zona, cercana al paraje donde se
localizaron nueve fosas.
Con las investigaciones realizadas, se detuvo y consignó a 52
personas, entre policías locales, funcionarios municipales e integrantes
de Guerreros Unidos, apuntó el procurador.
Con las declaraciones obtenidas, las investigaciones realizadas y los
peritajes hechos, lo acontecido el 26 de septiembre, dijo, constituyó
una represión violenta por parte de las policías de Iguala y Cocula,
dirigidos por el grupo delincuencial que ya está muy señalado, con la
intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el
evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa
noche en Iguala, con motivo del informe de la segunda.
En resumen, agregó, “se tiene acreditado el modo de operar y los
móviles del grupo delictivo, de las policías y funcionarios de Iguala y
Cocula. Se tiene acreditado el aval de acción dado por Sidronio
Casarrubias a los elementos. Se tiene acreditado el lugar donde los
detenidos fueron entregados a este grupo delincuencial. Se tiene
plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de
Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y
delincuencia organizada, y además se están concluyendo diligencias para
acreditar el delito de desaparición forzada por parte de funcionarios
municipales”.
