Antonio Arias recordó que durante el gobierno de Luis Herrera Campins se
ejecutó “una masacre contra un destacamento guerrillero que operaba en
el oriente del país”.
La fiscal general de la República, Luisa
Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público (MP) acusó a cinco
personas por la masacre de Cantaura, hecho registrado hace 32 años en el
cual fallecieron 23 personas en el sector Los Changurriales del Morocho
Evans, estado Anzoátegui.
Indicó que los fiscales presentaron ayer las acusaciones contra el exdirector de Inteligencia de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), José Domínguez Yépez; el exdirector general de ese organismo, Remberto Uzcátegui; y el excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán, por los delitos de concurso real de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales.
En un programa transmitido por Unión Radio, señaló que la acusación también alcanzó al exfiscal militar Luis Veliz Guerra y al médico forense Guillermo Solano por encubridores del delito de concurso real de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales.
Según Ortega Díaz, el Ministerio Público tiene “una lucha permanente contra la impunidad para que haya justicia”.
Indicó que los fiscales presentaron ayer las acusaciones contra el exdirector de Inteligencia de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), José Domínguez Yépez; el exdirector general de ese organismo, Remberto Uzcátegui; y el excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán, por los delitos de concurso real de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales.
En un programa transmitido por Unión Radio, señaló que la acusación también alcanzó al exfiscal militar Luis Veliz Guerra y al médico forense Guillermo Solano por encubridores del delito de concurso real de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales.
Según Ortega Díaz, el Ministerio Público tiene “una lucha permanente contra la impunidad para que haya justicia”.
Política de exterminio
Durante una rueda de prensa, Antonio Arias, vocero de la Comisión por la Justicia y la Verdad, señaló que los cinco imputados por el caso Cantaura “ya están en el proceso de acusación, desde el punto de vista penal”.
Arias reiteró la solicitud de extradición del excomisario de la Disip Henry López Sisco, quien se encuentra en Costa Rica: “Este señor tiene todo un historial de asesinato”.
Recordó que durante el gobierno de Luis Herrera Campins se ejecutó “una masacre contra un destacamento guerrillero que operaba en el oriente del país”.
Comentó que la acción militar que se desarrolló en Cantaura “evidenció una planificación dirigida a exterminar a ese grupo de revolucionarios que se encontraban en ese sector”.
Según Arias, durante la Cuarta República existía una política de exterminio y de terrorismo de Estado “dirigida a liquidar toda oposición contra el gobierno de AD y Copei”.
Manifestó que durante muchos años la acción militar “fue colocada, al igual que las masacres de Yumare y El Amparo, en el silencio y cubierta con el manto de la impunidad”.
Dijo que hace cinco años, el Ministerio Público designó fiscales especiales para la investigación de la masacre de Cantaura. Posteriormente, se hizo la exhumación de los cadáveres “pudiéndose constatar, por la experticia forense practicada, la aplicación de tiros de gracia. La mayoría de ellos presentaron estallido de cráneo por los impactos de bala a corta distancia”.
Arias señaló los responsables de la masacre fueron absueltos “por actuar en legítima defensa, como el caso del tristemente célebre comisario Henry López Sisco, quien fue el planificador de esta operación”.
Indicó que en el campamento estaban infiltrados los funcionarios de la Disip Norberto Rabanales y Ramón Rojas: “Eso fue lo que permitió que fuesen tan asertivos en el operativo, por cuanto la Disip había logrado introducir a dos exmiembros de la guerrilla, conversos en funcionarios policiales” al campamento Américo Silva.
“Estos agentes encubiertos lograron suministrar toda la información necesaria para planificar esta operación, saliendo del campamento del día anterior para resguardar su seguridad”, relató.
Ataque sorpresivo
El 4 de octubre de 1982 el Frente Guerrillero Américo Silva fue atacado por los cuerpos de seguridad en las cercanías de la ciudad de Cantaura en el estado Anzoátegui. En el hecho, conocido como la Masacre de Cantaura, fueron asesinadas 23 personas, entre las cuales se encontraban 17 hombres y seis mujeres.
En el lugar estaban 41 guerrilleros, de los cuales fallecieron 23: “Algunos heridos luego fueron acribillados o rematados por los organismos de seguridad del Estado. Dentro de ese grupo hubo sobrevivientes como Alejandro Velásquez Guerra, que más tarde narrarían lo sucedido en el sitio”, reseña una nota de prensa de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
La Fuerza Armada y la Disip ejecutaron un ataque sorpresivo al campamento guerrillero, en el cual actuaron más de mil efectivos. El asalto ocurrió alrededor de las 5:30 am y actuaron aviones Canberra y Bronco dela Fuerza Aérea.
En el campamento guerrillero permanecían hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 16 y 30 años. La mayoría de las víctimas presentaron tiros de gracia.
“La masacre de Cantaura trasciende en el tiempo como un acto violatorio al estamento legal vigente para entonces, y a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos de los cuales Venezuela era y es firmante”, dice el boletín.
En 2013 se crea la Comisión por la Justicia y la Verdad y desde entonces se ha promovido la investigación de las desapariciones, crímenes y torturas que se produjeron entre 1958 y 1998.
Repudio por asesinato de diputado psuvista
Antonio Arias, en nombre de la Comisión por la Justicia y la Verdad, repudió “el vil asesinato del diputado socialista Robert Serra y de su compañera María Herrera”.
Agregó: “Nos hacemos solidarios con sus compañeros de partido y con todos los revolucionarios que hoy sentimos una gran consternación”
.
Fiscal general: muertes de Serra y Herrera no quedarán impunes
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, aseguró que las muertes de Robert Serra y de María Herrera no quedarán impunes.
Durante su programa “Justicia y Valores” transmitido por Unión Radio, la máxima representante del Ministerio Público transmitió sus mensajes de condolencias hacia los familiares y amigos de ambos.
Ortega Díaz enfatizó que “el Estado venezolano no permitirá impunidad con estas muertes, como tampoco va a permitir impunidad en ningún caso de homicidio ni de cualquier otro delito”.
Recordó que el Ministerio Público cuenta con la coordinación de Homicidios, creada durante su gestión, y fiscales altamente especializados en la materia. Para el caso de Serra designó al Subdirector de Delitos Comunes, Juan Carlos Tavares.
Detalló además que se han podido recolectar un conjunto de evidencias importantes y determinantes para esclarecer estos hechos y pedir las sanciones que correspondan.
Fiscal general: muertes de Serra y Herrera no quedarán impunes
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, aseguró que las muertes de Robert Serra y de María Herrera no quedarán impunes.
Durante su programa “Justicia y Valores” transmitido por Unión Radio, la máxima representante del Ministerio Público transmitió sus mensajes de condolencias hacia los familiares y amigos de ambos.
Ortega Díaz enfatizó que “el Estado venezolano no permitirá impunidad con estas muertes, como tampoco va a permitir impunidad en ningún caso de homicidio ni de cualquier otro delito”.
Recordó que el Ministerio Público cuenta con la coordinación de Homicidios, creada durante su gestión, y fiscales altamente especializados en la materia. Para el caso de Serra designó al Subdirector de Delitos Comunes, Juan Carlos Tavares.
Detalló además que se han podido recolectar un conjunto de evidencias importantes y determinantes para esclarecer estos hechos y pedir las sanciones que correspondan.
(CO)
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