por Marina Pérez Damil
(Resumen Latinoamericano)
Ya
transcurrió un mes desde la madrugada del 26 de septiembre
donde sucedió una de las peores desgracias que tuvieron lugar en
Guerrero. Aquello no fue solo un infortunio entre los que vive el país
de México, sino también una mancha que quedará plasmada en el camino
sinuoso que recorre el mundo.
27 de septiembre: estudiantes y pobladores de Chilpancingo colocaron veladoras
en la explanada del zócalo de la ciudad. Foto Lenin Ocampo Torres
La
ignominia es mucho más profunda, y tiene sus raíces en un estado de
derecho en el que se ha perdido toda sensatez, humanitarismo y
altruismo. Son valores que ya no entran en el manual de cabecera de la
clase política hegemónica mexicana, cuyas diferencias con las de otros
países no es tan lejana. Todo esto, en medio de un orden jurídico en el
que ni el propio derecho a la vida se respeta, y en el que la muerte es
un negocio.
Si
se analiza cuál es el prontuario de la clase mencionada más arriba, se
encontraría con que se extraviaron algunos valores, pero que hay nuevos
criterios establecidos para el ejercicio de la práctica política
burguesa: afán de lucro, acumulación y avaricia. Son los criterios que
-incitados por el propio sistema capitalista- se antepusieron a la hora
de terminar con la vida de los normalistas y que constituyen el germen
de los pueblos que luchan contra la desigualdad y la violencia.
Si
estos criterios no primaran – a la par de los intereses del
narcotráfico- los estudiantes estarían en sus casas de estudios,
ejerciendo el mismo derecho a la educación que tienen miles de
mexicanos. Si los políticos involucrados directa e indirectamente en el
caso no hubiesen accedido a que se llegue a éste punto, los normalistas
estarían formándose para ser maestros que contribuyan al cambio.
Como
afirman los propios padres y compañeros de los normalistas: se trata de
futuros maestros y técnicos, no de criminales a los que hay que
investigar, como sugiere la PGR o las declaraciones realizadas por la
misma clase política. Con tales afirmaciones se demuestra que lo que
está buscando las autoridades, es desviar el curso de las
investigaciones para desligarse de la sangre que ellos mismos
provocaron.
Por
tal motivo dilatan el tiempo de análisis de las muestras encontradas,
ponen en duda la responsabilidad de los estudiantes y se anuncian fosas
que despistan los hechos. No obstante, con el pasar de los días también
se vislumbran los verdaderos responsables.
A
pesar de que para el parlamento de la UE el Presidente Enrique Peña
Nieto no sea el principal implicado, y se elogie su “esfuerzo” por
encontrar a los normalistas, para gran parte de la sociedad mexicana si
lo es. También lo es este sistema, en el que no hay voluntad política
nacional e internacional que ayuden para encontrar el cuerpo de los
normalistas, y se haga justicia.
El
pueblo mexicano está de pie, como una bomba de tiempo que alarma a los
artífices del desastre: no pueden controlar esa ola de ira que recorre
las principales ciudades del país, y que llega incluso a las embajadas
internacionales. Cuanto más pasa el tiempo, más alto en la cúspide de
jerarquías sociales ascienden las responsabilidades.
Marcha en Acapulco el 17 de Octubre. Foto: La jornada
La
necesidad de construir caminos alternativos al sistema, reluce como
oportunidad única de escapar a las operaciones de represivas de los
gobiernos capitalistas, que ahora se asientan en el narcotráfico. Con
el pasar de los días, menos duda queda de que ese es el rumbo que deben
seguir los países donde la sociedad ya no tiene mecanismos con los que
defenderse más que su propia fuerza.
Lo
que pasó en Ayotzinapa es una evidencia más de que si el pueblo no
lucha por su propio empoderamiento, no habrá leyes que alcancen para dar
protección a su propia vida, y a la de las próximas generaciones. El
crecimiento de la violencia del capitalismo ya es un hecho inocultable,
al que solo puede contraponerse la fuerza del cambio.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
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